La ITV vuelve a ser de gestión pública en el País Valencià después de 25 años

El servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del País Valencià afronta esta semana la primera fase de su reversión a la gestión pública después de 25 años de privatización. El 24 de febrero finaliza el contrato para las empresas concesionarias, enfrentadas ahora con la Generalitat.

El resto lo hará el próximo 3 de marzo, una vez concluida la prórroga concedida por la Administración autonómica para compensar el periodo de cierre de las estaciones como consecuencia de la covid-19.

Privatizadas por el Gobierno de Zaplana

Con la vuelta a la gestión pública, prevista en un principio a partir del 1 de enero de este año y prorrogada por dos meses, se cierra un periodo de 25 años de privatización del servicio por decisión del Gobierno de Eduardo Zaplana en 1997. Además, ha tenido el juicio -pendiente de fecha- al exministro y expresident por el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en el País Valencià. 

Unos años después de implantarse la privatización, en 2004, el entonces conseller de Territorio con el PP Rafael Blasco -condenado por desvío de fondos de ayudas públicas a la cooperación internacional- instauró una prueba de sonometría a los vehículos para pasar la ITV. Por esta razón, se encareció el precio de la prueba y el 1 de enero de 2023 se ha suprimido.

Ha sido un conseller de Compromís, Rafael Climent (Economía), quien ha llevado adelante la reversión del servicio para la mejora en la calidad. También ha dado el paso a la gestión directa de la que se encargará una mercantil creada ex profeso e integrada únicamente por capital público de la Generalitat, la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, que dirige el alcalde Josep Antoni Albert.

Los principales objetivos de la Sociedad de ITV son mejorar el servicio público y que los ciudadanos no tengan que realizar desplazamientos de más de 30 km desde su lugar de residencia. Por ello, se crearán nuevas estaciones en Torrent (Valencia) y en el interior de Castelló y convertirá en fijas las de Santa Pola, Calpe y El Campello (las tres en Alacant).

En un primer momento y con un presupuesto de 80 millones de euros, las tarifas se mantendrán este año, una vez rebajado el precio por la supresión de la sonometría, ha señalado a EFE Albert.

Las fechas clave

El plazo del 24 de febrero afecta a las estaciones de ITV de Alcoy, Benidorm, Gandia, Ondara, Ontinyent, Orihuela-San Bartolomé, Redován, Torrevieja, Utiel, Villena, Vinaròs y Xàtiva.

El del 3 de marzo corresponde a las de Alacant, Alzira, Castelló, Catarroja, Elche, Llíria, Massalfassar, Riba-roja de Túria, Sagunt-Port de Sagunt, San Antonio de Benagéber, València-Campanar, València-Vara de Quart y Vila-real.

La Generalitat está desarrollando una nueva plataforma de cita previa para continuar prestando el servicio y el director general ha pedido comprensión a la ciudadanía ante un posible aluvión de peticiones. Asimismo, advierte de que es posible que al día siguiente del fin de los contratos -es decir, el 25 de febrero y el 4 de marzo- no se puedan hacer revisiones ya que está prevista la verificación de las instalaciones y bienes objeto de la reversión.

Las empresas han trasladado que no dan cita previa a partir de la fecha de fin de sus contratos, y desde la empresa pública confirman que los cuatro lotes, que comprende la zona de Gandia, Dénia, Alzira y Xàtiva, y los seis, en Villena y Redován, continúan dando citas este viernes.

Quejas de las concesionarias

En los últimos meses la Asociación de Entidades Concesionarias de ITV de la Comunitat Valenciana (AECOVA) ha advertido del "inminente caos" que se va a producir y del "ilícito" que comete la Conselleria de Economía en la manera de acometer el proceso. Esta situación va a provocar el inicio de pleitos por parte de las concesionarias en desacuerdo en las liquidaciones de los contratos, según avanza a EFE su portavoz, Francisco Llopis.

A su juicio, la Conselleria debería conceder una habilitación "excepcional y transitoria" a las concesionarias para seguir prestando el servicio durante el tiempo que considere necesario para cumplir el proceso de forma ajustada a la ley.

Aun así, el volumen de trabajadores de las concesionarias (son siete: ITV Vega Baja, Pistas Iteuve, Valenciana de Seguridad, Valenciana de Revisiones, ITV de Levante, Atecsa y Applus) que se subrogarán de forma voluntaria a la empresa pública es de un millar.

Precios de la inspección

Actualmente el País Valencià tiene unos precios vigentes del servicio de ITV, actualizados a 1 de enero de 2023, de 44,23 euros para el turismo de gasolina y 34,49 euros para el turismo gasolina sin catalizar, y de 48,31 euros para el turismo diésel.

La eliminación de la prueba de sonometría ha permitido un ahorro de 11,25 euros para el ciudadano que pasa la ITV, que en el País Valencià ha tenido uno de los precios "más altos" de España, según asegura a EFE el director general de la sociedad pública de ITV.