El eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer ha instado a la Comisión Europea a que detenga el desarrollo del proyecto Castor en Vinaròs (Castellón) y de 'este tipo de proyectos de almacenaje en España', debido al 'probado riesgo de terremotos'. En un comunicado, la federación que dirige Cayo Lara explica que en los últimos días se han producido diversos terremotos cerca del límite entre el País Valencià y Catalunya que han llegado a alcanzar una magnitud 4,2. 'Estos seísmos se han producido a causa del proyecto Castor, una actividad de almacenamiento subterráneo de gas desarrollada por la compañía Escal UGS', asegura.

Ante estos seísmos 'causados por el ansia de beneficios de la citada compañía', Meyer ha instado a la Comisión Europea a que 'detenga el desarrollo de éste tipo de proyectos de almacenaje en España, debido al riesgo potencial al que se está sometiendo a la población cercana'. 'El proyecto Castor, que trata de almacenar gas en un depósito subterráneo, no es el único en España. Había superado todos los controles y pruebas fijadas por la ley y estos terremotos nos demuestran que son insuficientes y que se está sometiendo a un enorme riesgo a la población', dijo.

IU rechaza este tipo de prácticas de almacenamiento de gas así como otras similares de extracción como el fracking y comparte la 'preocupación' de las organizaciones ecologistas y las experiencias de numerosas comunidades 'afectadas por los efectos de este de proyectos extractivos y de almacenaje'. 'Existen numerosos riesgos complejos y difusos que no son fácilmente mesurables, sin embargo la administración Española, así como las instituciones europeas prefieren, de nuevo, gobernar en beneficio de las empresas extractivas sin importarles el riesgo que sufre la población local', sostiene el eurodiputado.

Ante este tipo de proyectos, la normativa europea establece que 'debe imperar el principio de precaución', ya que 'esta vez ha sido un terremoto que no ha provocado daños, sin embargo no sabemos si podría desencadenarse una tragedia por este tipo de prácticas. Las empresas elaboran estudios de impacto que son manifiestamente incompletos e imprecisos', por lo que 'las autoridades que los aceptan son cómplices de someter a la población a gravísimos riesgos', advirtió.