Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España (PCE)y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas registran esta mañana ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una ampliación de su querella contra el rey emérito y otras nueve personas por trece delitos, en un intento de que se materialice una investigación judicial sobre los negocios opacos del ex jefe de Estado, entre otros supuestos delitos.

Según ha podido saber Público, IU lleva en la lista ampliada de querellados al empresario mexicano Allen Sanginés Krause, quien supuestamente costeó los gastos que hizo el rey emérito y varios familiares a través de tarjetas 'black'. También se querella la formación contra el teniente coronel Nicolás Murga, que, presuntamente administró los fondos que el mexicano aportó para dichas tarjetas.

Hace una semana y media las tres entidades hicieron efectiva la fianza conjunta de 12.000 euros que les exigió el alto tribunal para poder personarse como acusación popular en caso de que decida reabrir la causa, archivada en el verano de 2019.

Una vez reactivadas las diligencias por la Sala de lo Penal del Supremo, al solicitar dicha fianza, los dos partidos, junto con el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, han decidido ampliar sus acusaciones y el número de querellados, recogiendo los últimos datos e indicios sobre presuntos delitos que habría podido cometer Juan Carlos de Borbón.

Se convierte así su querella, a la que ha tenido acceso Público, en un exhaustivo compendio de todos los hechos supuestamente delictivos y todos los personajes relacionados con ellos de los que se tiene conocimiento hasta ahora, tanto por el presunto cobro de comisiones por la adjudicación a empresas españolas para la construcción del AVE a la Meca, en 2011, como los hechos posteriores, sobre movimientos de dinero en cuentas offshore, donaciones o dinero encubierto por testaferros, acaecidos a partir de 2014, cuando abdicó, perdiendo su inviolabilidad.

Una decena de querellados

La lista de querellados, con la ampliación que se presenta esta mañana, suma diez personas: Juan Carlos de Borbón, su examiga Corinna Larsen, el primo lejano del emérito y presunto testaferro Álvaro de Orleans Borbón; el excomisario José Manuel Villarejo, los empresarios villar Mir y Juan Villalonga; el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán; el abogado suizo Dante Canónica; el teniente coronel Nicolás Murga y el empresario mexicano Allen Sanginés Krause.

Recoge así la querella ampliada de Izquierda Unida los últimos acontecimientos conocidos: el uso de tarjetas opacas nutridas con un mínimo de 800.000 euros aportados por Sanginés-Krause. Unas tarjetas presuntamente administradas por el teniente coronel Murga. El rey emérito ha intentado un regularización fiscal hace unos días por esos fondos no declarados en su día. Ha pagado cerca de 700.000 euros a Hacienda, pero aún no se sabe si esa regularización voluntaria servirá para librarse de una investigación por delito fiscal.

Entre los trece delitos que recogen los querellantes, figuran los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

Archivo en tiempo récord

La querella de IU fue presentada en diciembre de 2018 y quedó archivada por el Supremo en un tiempo récord de seis meses. En julio de 2019 el Supremo adujo que no podía investigar en base a que la Audiencia Nacional había archivado su propia investigación sobre las comisiones del AVE a la Meca debido a la inviolabilidad de la que gozaba Juan Carlos de Borbón en 2011, cuando Arabia Saudí adjudicó aquel proyecto a un consorcio de doce empresas españolas.

Sin embargo, los querellantes solicitaron su reapertura a finales de julio pasado "en base a nuevos e importantes acontecimientos" sobre el patrimonio opaco del rey emérito. El Supremo les pidió la fianza a finales del mes de noviembre, lo que hace albergar una posibilidad de que sea admitida a trámite su querella.

Esta posibilidad de que la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena acabe investigando la querella contra el rey emérito se da mientras la Fiscalía del alto tribunal mantiene diligencias de investigación sobre tres piezas importantes que afectan a Juan Carlos de Borbón pero sobre las que no termina de formular acusación formal, pese a que, por ejemplo, la investigación sobre las tarjetas 'black' dura ya un año.

La fortuna de la isla de Jersey

Izquierda Unida y el Partido Comunista de España solicitan en su querella ampliada diligencias sobre este caso de las tarjetas y también sobre el descubrimiento en la isla de Jersey de una fortuna de al menos 10 millones de euros que podrían pertenecer al emérito. Piden que se incorporen a la nueva investigación los informes del Servicio de Antiblanqueo de Capitales sobre estos fondos opacos; así como la información obtenida de las autoridades suizas, que abrieron una investigación en junio de 2018 sobre la supuesta donación de 65 millones de euros que Corinna Larsen había recibido de una fundación offshore en la que figuraba el rey emérito.