"En general todo este asunto me ha hecho perder mucha confianza en la Justicia". Nos lo dice Jaume Alonso-Cuevillas, abogado y catedrático de Derecho Procesal, en el contexto de una larga conversación, a propósito de una pregunta sobre la utilidad de aportar al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional pruebas evidentes para desmontar acusaciones, para defender a los procesados implicados en la causa soberanista.

"Yo hace 35 años que me dedico a esto y siempre digo que los 34 primeros no cuentan. Que lo que ha pasado este último año cuenta del todo. Tenemos un sistema judicial imperfecto. He estudiado a fondo académicamente, doctrinalmente, el sistema judicial español, conozco en general cómo funciona en otros lugares del mundo, y en derecho comparado, la justicia no es perfecta en ninguna parte, porque la justicia la imparten seres humanos y por lo tanto es imperfecta por definición, pero más o menos cría que teníamos un sistema de justicia que con sus imperfecciones, lentitudes, errores, podías confiar con una cierta razonabilidad. Con este asunto la he perdido por completo".

El abogado de Puigdemont está supuestamente de vacaciones, en un pueblo de l'Empordà, pero su intervención en este caso le ha convertido en una personalidad conocida entre buena parte de la ciudadanía y esto le genera nuevos compromisos. La gente le saluda, le hace preguntas, participa en buena parte la serie de actos que se organizan en la comarca, donde se le pide que explique lo que sabe y puede prever, profesional y políticamente, sobre el desenlace del proceso.

"Me he vuelto una cara muy conocida". Hemos visto que le apluaden alguna vez cuando entra en los sitios, le decimos, y ríe. "Que la gente me salude, las muestras de afecto, que recibo muchísimas, esto me da energía", reconoce. Su relación con el caso va mucho más allá de lo que acostumbra a ser la de un abogado con sus clientes. Le preguntamos por cómo vive esta experiencia:

Un desafío que le ha cambiado la vida

"Todavía no tengo suficiente perspectiva, porque ha sido todo tan intenso... Mira yo tengo una hija que nació el 29 de septiembre, dos días antes [del 1 de octubre]. Cuando tienes un bebé en casa, mides mucho el paso del tiempo. Cuando tienes un hijo de diecisiete, cuando tiene 17 y diez meses lo ves igual, no? Con una niña tan pequeña se nota. Y a pesar de que tengo este parámetro tan fiable para medir el tiempo, cuando pienso en el 1 de octubre, tengo la sensación que han pasado años, ¿no? Y ha sido sólo un curso. Hace justo un año, en el mes de julio, algunos altos cargos de la Generalitat, a raíz de que alguno de ellos había sido alumno mío en la facultad, me hicieron consultas, me reuní con algunos de ellos. Algunos de los que fueron a declarar al cuartel de la Guardia Civil, por la tarde venían a hacerme consultas... Me fui en agosto de vacaciones".

"Consciente del tema, me llevé libros de penal para empezar a mirar cosas, pensando que en el curso siguiente tendría que actuar con estas personas, pero ni se me había pasado por la cabeza que yo pudiera ser abogado del Govern ni del president. No milito en ninguna parte y no conocía casi nadie. A Puigdemont le conocía sólo porque me lo habían presentado... en algún cóctel o ceremonia de estas, pero no le conocía, y cuando el 7 de septiembre me dicen, 'oye, tú estarías dispuesto a defender al Govern, tuve un impacto emocional. Piénsatelo, me dijeron, porque mañana te llamaremos. Está claro, con un reto profesional así es que ni te lo piensas, ¿no? Es evidente que es que sí, consciente de que esto me cambiaría la vida, pero entonces estábamos hablando de un partido de regional. Tribunal Superior de Justicia, malversación... estábamos hablando de una cosa más light. Digo que sí, y el día 11 recibo un mensaje, el día de la manifestación, para que al día siguiente, martes 12, fuera a la salida de la reunión del Govern. Ya me había estudiado la querella, la primera, la de malversación. Les explico como lo veo, con todo el Govern, me hacen preguntas y cuando acabamos Puigdemont dice: 'contratado, pues’".

Un asunto jurídico singular, internacionalmente

A partir de este momento habla con el entonces conseller de Justicia, Carles Mundó, sobre la necesidad de formar un equipo de abogados, sobre la colaboración con Andreu Van den Eynde, abogado de confianza de ERC, y mientras pensaban en cómo diversificar su tarea, llegó "aquel mes de octubre, de una intensidad tremenda".

"Éste es el asunto jurídico más importante no sólo mío personal de mi vida, sino de mi generación y probablemente de tres generaciones anteriores de juristas, y en España sin duda, y en Europa tendríamos que ir al caso Dreyfus, o internacionalmente al caso Mandela... Es decir, es uno de aquellos casos singulares, internacionalmente. Por lo tanto, haber tenido la ocasión, profesionalmente, de haber asumido un asunto de tanta trascendencia, entidad.... es una realización profesional... Si lo pudiera mirar en perspectiva, que no tengo todavía, perspectiva temporal y emocional, que no tengo ninguna de las dos, pues es la máxima realización como profesional...".

Vocación política

"Creo que mi vocación política ha quedado evidenciada", afirma cuando hablamos de un posible cambio de camino. "De hecho en esta causa, la línea de defensa se ha movido en la frontera entre el derecho y la política, cosa por otra parte lógica, cuando ante un conflicto político, la única respuesta es judicial y se vulneran de forma tan flagrante los derechos fundamentales", añade.

Al abogado le han hecho llegar propuestas para intervenir en política municipal y reconoce que el tema le gusta. "Ser alcalde de Barcelona es de las cosas más bonitas que se pueden ser", confiesa, pero en caso de implicarse, nos dice, se ve más en política europea. "El tema de las euroórdenes ha dejado claro que queda mucho trabajo para hacer. Es mi especialidad académica".

Aún así, a lo largo de la conversación manifiesta un cierto rechazo por los problemas derivados de lo que denomina "partitocràcia", en contraposición a la "democracia". "Me gustaría hacer política si no hubiera partidos como los actuales", afirma.

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas, en una cafeteria de la costa catalana / M.D.

Personas de diferente edad se acercan a la mesa de la cafetería donde estamos charlando. Básicamente para expresar su apoyo al personaje. Una pareja le pregunta por la posibilidad que Puigdemont se desplace hasta Andorra. "Más vale que no porque Rajoy se ocupó de cultivar mucho las relaciones con Andorra, precisamente por eso", contesta Alonso-Cuevillas. "En Andorra no lo dejaremos. Otra cosa es que después él hace el que quiere", reconoce.

Le pedimos que nos hable un poco sobre cómo ve la coyuntura:
"Las euroórdenes todas retiradas. Con el sistema que tenemos de euroórdenes, las podrían reactivar en cualquier momento. En Alemania está claro que no lo harían, porque comportaría un no a la 'rebelión'. En Bélgica veo difícil que lo hagan, porque recordamos que cuando retiraron la primera euroorden, era porque tenían conocimiento de que no les saldría bien al cien por cien. En Escocia también la han retirado, porque supongo que supieron por filtración o sospecharon que no les iría bien, y por tanto, en los países en los que han sido cursadas hasta ahora no creo que se reactiven. Ahora bien, sí que supongo que estarán muy vigilantes, cuando se produzcan, si se producen viajes, para intentar reactivarlas. Las euroórdenes se pueden reactivar en cualquier momento con mucha celeridad, además".

Justicia española, "en modus autárquico"

"La justicia española ahora está en modus autárquico y se ha cerrado más", explica, pero insiste en que hay que diferenciar la cúpula de la base, "porque es muy diferente". "En España se cursan unas 35 euroórdenes diarias, desde los juzgados de instrucción y la mayoría se conceden sin mayor problema, y por lo tanto, lo que es la base del poder judicial en España está acostumbrada a actuar como espacio judicial europeo. Por ejemplo, toda la normativa hipotecaria española ha evolucionado gracias a que muchos jueces de primera instancia de muchos lugares de España han ido planteando cuestiones pre-judiciales porque la legislación sobre ejecución hipotecaria que tenían no concordaba con la normativa europea sobre protección de consumidores. El juez de base es más joven y tiene conciencia de que forma parte de un espacio judicial europeo, pero la cúpula del poder judicial no la tiene, y está en modo autárquico. Aparte de que en muchos ámbitos no hubo Transición democrática, en la cúpula del poder judicial tienen todavía la concepción autárquica basada en un concepto obsoleto de ‘soberanía nacional'".

"Sí que saben que de vez en cuando llega de Estrasburgo una sentencia al cabo de unos cuantos años y que puede pegar una bofetada, pero no tienen conciencia de pertenecer a un espacio judicial europeo, y si esto ya era visible hasta hace poco, ahora se ha evidenciado mucho más, porque a raíz de las resoluciones belga y alemana en el Supremo español se ha puesto de manifiesto todavía con más contundencia su concepción autárquica: 'Un tribunal regional, lo que diga no nos condiciona...”, etc. Y por lo tanto, la primera señal de esta configuración sería que por parte del Tribunal Supremo siguen con lo mismo: “'rebelión, no importa lo que haya dicho un tribunal' de fuera y aquí lo tienen muy claro y siguen ...".

"Esto le pasa la patata caliente al Gobierno, porque la querella esta la activaron, la presentó [José Manuel] Maza, fiscal general, pero fue de la mano del Gobierno, en aquel momento con  Soraya [Sáenz de Santamaría] y el equipo jurídico que dirigía, conocido como la “Brigada Aranzadi”, y el ministro de Justicia, etc. Tenemos que recordar que tenían al fiscal general reprobado, un ministro de Justicia [Rafael Catalá] reprobado, y ellos son los que lo ponen en marcha. ... Mientras esto estuvo dentro de los límites españoles, nadie lo cuestionó, nadie, nadie del poder. Sí que está la inmensa mayoría de catedráticos de derecho penal español que dicen que aquí no hay ni rebelión ni sedición. En toda España esto ya es un cosa conocida, pero a partir de ahora, que lo dice un tribunal alemán, que Alemania es la cuna del Derecho Penal y por lo tanto tiene mucha autoridad científica en materia de derecho penal ... a partir de que dice esto, esto le daría margen a la nueva fiscal general del Estado [María Jose Segarra]".

El abogado de Puigdemont rechaza rotundamente cualquier oferta de pacto con la Fiscalía, peró cree que lo más lógico "seria que la fiscal del Estado retirara las acusaciones de sedición y rebelión. Que mantuviera la desobediencia, esto lo entiendo. Ya lo discutiremos jurídicamente si ha habido o no desobediencia al Tribunal Constitucional, pero tendría una lógica que esto lo mantuviera. También tendría lógica que investigaran si ha habido malversación o no, pero con los elementos que hay encima de la mesa no se puede mantener hoy una acusación de malversación ... porque documentalmente no hay nada. Hay informes de la Guardia Civil, en los que especulan que esto podría haber costado no se sabe qué, pero no hay una sola factura directamente atribuible y por lo tanto la lógica sería que la nueva fiscal general del Estado intentara retirar estas acusaciones".

¿Qué puede hacer la Fiscal General?

El abogado Alonso-Cuevillas cree que la fiscal general querría retirar las acusaciones de rebelión y sedición, pero no se le escapa que tiene más de un problema de orden político: "El que le puedan dejar hacer por arriba, que lo autoricen, y un problema por bajo. Tiene que hacer cuadrar los fiscales de sala. Al Tribunal Supremo hay cuatro fiscales y entre ellos el que es más beligerantment agresivo y activo es el fiscal Zaragoza, que se el que también había liderado de alguna forma ideológicamente toda la lucha jurídica contra ETA en su momento, y recordamos que los fiscales de sala, con el [Julián Sánchez] Melgar, desobedecen. Cuando el Melgar los dijo 'no os oponéis a la petición de libertad del Horno', el fiscal de sala correspondiente dijo que por imperativo de mi superior 'no me opongo', dando pie al Tribunal para mantener Quim Forn en prisión".

"Hacer cuadrar a los fiscales de sala sería un primer problema, pero esto lo puede hacer. Puede dar instrucciones, pero queda la parte política y seguiría quedando VOX. Si al final la Fiscalía, de forma contundente retira estas acusaciones, el Tribunal Supremo se encontraría en la tesitura de quedar totalmente radicalizado junto a VOX. La lógica en un asunto de esta entidad sería ponerse junto a la Fiscalía", señala Alonso-Cuevillas.

"Si antes de la resolución alemana, la Fiscal General, que a mí me llega que ella cree que no hay sedición ni rebelión, hubiera retirado esto, aquí se habría montado 'un cirio' ...: 'El precio que Sánchez paga a los independentistas por la investidura...'. Después de la resolución alemana es mucho más fácil hacerlo. Veremos si se atreven, por las repecussions que puede tener, principalmente dentro del propio PSOE".

"Creo que ella querría, por las informaciones que me llegan", insiste. "Otra cosa es que le dejen hacer. Ella tiene que llegar, tiene que asentarse, tiene que conocer bien la causa, que son miles de folios, tiene que poder cuadrar a los fiscales de sala,... Yo creo que podría hacerlo, pero esto no es una cosa que pueda hacer la Fiscal sin ir de la mano del Gobierno", precisa el abogado del presidente exiliado.​

Análisis político

Al abogado de Puigdemont le llegan informaciones según las cuales Pedro Sánchez ahora estaría intentando ayudar para buscar soluciones políticas. "Ya veremos qué es lo que hace", dice, pero según su análisis político, no jurídico, basado en lo que ve y escucha cree que "si los estudios demoscòpics le siguen afianzando, él tendría que ser consciente de que si quiere pasar a la historia, tiene que solucionar este problema", "con una solución radical, acorde con el sentido común". "Está claro que aquí vivimos en partitocràcia más que en democracia, siempre he pensado, y cómo que tenemos cuatro elecciones cada cuatro años, estamos en campaña permanente, y al final los estudios demoscòpicos de intención de voto acaban influyendo de forma excesiva sobre las políticas.

Sánchez ha llegado ahora de forma inesperada al gobierno y lo que parece es que pretende consolidarse y por lo tanto no hacer muchos movimientos durante esta legislatura, entre otras cosas porque no tiene cuadrado a su partido ni su grupo parlamentario. Me dicen que sólo ocho de los ochenta y pico diputados [del PSOE] son fieles a Sánchez de verdad, a pesar de que el poder genera fidelidades. Por lo tanto es posible que ahora quiera esperar durante esta legislatura y dejarla pasar para afrontar el tema si vuelve a ganar".

Pero Alonso-Cuevillas también advierte que "si no retiran esto [acusaciones de sedición y rebelión], el Supremo acabará dictando condenas durísimas. Durísimas quiere decir lustros de condenas" y entonces también hay que tener en cuenta este otro factor que los responsables políticos tendrán que calibrar, que son las consecuencias sociales que esto puede provocar en Catalunya. Si hay condenas duras, el clima puede hacerse insostenible, con todas las derivadas que esto tiene".

"Un juicio justo no lo tendremos"

"Un juicio justo no lo tendremos, desgraciadamente", pronostica el abogado. "La instrucción ha sido un cúmulo de irregularidades. Todo. Desde la atomización de la causa, la delegación de la instrucción en la Guardia Civil, el posicionamiento ideológico del propio instructor como víctima del delito, la privación del derecho de defensa, expulsándonos a quienes teníamos los clientes fuera, para los que  ofrecimos declarar por videoconferencia y nos expulsaron de la causa, la denegación sistemática de diligencias a las defensas, las resoluciones sobre libertades.... el encarcelamiento de Turull a media investidura... Es un cúmulo que el día que llegue a Europa se llevarán las manos a la cabeza. Y está claro, esto no es sólo una cosa del señor [Pablo] Llarena, porque todo lo que ha sido recurrido ha sido sistemáticamente avalado por la sala y a veces de forma más contundente. Por lo tanto no es el señor Llarena o el señor Marchena...".

"Quiero pensar que no son todos los magistrados, pero sí de una mayoría de magistrados de la sala segunda del Tribunal Supremo. Y por lo tanto, por las resoluciones que han dictado, cuando hemos tenido ocasión de hacer apelaciones, que no es la propia sala que juzgará, porque la que juzgará es la que admitió a trámite la querella, pero que está también contaminada y por eso la hemos recusado. Todo apunta a que tienen la sentencia dictada".

Por eso el abogado Jaume Alonso-Cuevillas recuerda que, cuando le dejaron actuar, en la apelación del procesamiento, acabó su informe "apelando al prestigio histórico de los magistrados de la sala. "Las resoluciones que dictéis serán objeto de estudios durante décadas a las facultades de derecho de todo el mundo, porque esto no es una causa local y por lo tanto apelo a vuestro prestigio histórico", les dijo sin muchas esperanzas de ser tenido en cuenta, porque lo expulsaron de la causa y porque los ve "muy cerrados 'a piñón' con esta doctrina Maza".

¿Tiene margen de actuación el gobierno?

Mariano Rajoy se atribuyó el 'mérito' de haber impedido que los miembros del anterior Govern de la Generalitat formaran parte del actual. Pedro Sánchez afirma que no quiere llevar más temas de Catalunya a los tribunales. De alguna manera los dos han reconocido que tienen o han tenido margen de actuación en temas judiciales, aunque después digan lo contrario. Intentamos que el jurista nos saque de dudas:

"Sí. La política criminal de un gobierno la marca la Fiscalía. La marca el Gobierno pero la ejerce a través de la Fiscalía", dice sin ambigüedades. "Formalmente el Gobierno se limita a nombrar el Fiscal General del Estado". Y "no hay una dependencia jerárquica Gobierno-Fiscalía. No existe, pero sí que es obvio que como ente que determina la política penal y criminal del Estado el Gobierno puede hablar y habla con la Fiscalía. De hecho en muchos lugares la Fiscalía forma parte del propio Gobierno. Por lo tanto es legítimo que el Gobierno dé instrucciones a la Fiscalía. Lo que no puede hacer un Gobierno es prevaricar. Lo que no puede es pedir a la Fiscalía que no actúe cuando es obligatorio actuar o que actúe cuando es inviable actuar. Pero cómo que en derecho siempre hay mucho margen interpretativo, sí que Sánchez puede decir ‘no queremos criminalizar más’, pero si hay alguien que mata, Sánchez puede decir lo que quiera, que la Fiscalía tendría que actuar".

"Rajoy presumía de haber parado nombramientos, prosigue Cuevillas, pero el Govern puso una querella por prevaricación. No había jurídicamente ningún argumento para impedir que pudieran tomar posesión los consellers que estaban cesados por un 155 que también era ilegal. De hecho, si hoy Quim Torra quisiera, podría cesar a un consejero y nombrar a Turull. Bien, hoy no, porque están suspendidos por el 384 bis para ejercer cualquier cargo o función pública. Antes de esto lo podría haber hecho".

"Rajoy tenía el control del BOE, pero él no lo podía impedir, porque era una competencia del president de la Generalitat, ¿no? Y por lo tanto era una actitud sin ninguna cobertura legal. Con el 155 tampoco tenía ninguna cobertura legal. El 155 lo que permite es dar instrucciones a las autoridades. De hecho lo tenemos recurrido. Yo tengo un recurso de amparo en nombre de todo el Govern anterior al Constitucional sobre el alcance del 155. Podían poner los Mossos d'Esquadra bajo el mando del ministro de Interior, pero lo que no podían hacer era cesar un Govern ni disolver el Parlament.

Lo que pasa es que como que todo esto, al final, cuando se impugna acaba siendo resuelto por un Tribunal Constitucional o por un Tribunal Supremo que están absolutamente politizados, pues no salimos de aquí. Y te estoy diciendo cosas que también ha dicho el Consejo de Europa en los informes GRECO. Es el problema de la contaminación política con el nombramiento de las cúpulas judiciales, tanto del Supremo, que los nombran todos uno a uno en función de la asociación a la que pertenecen, no sólo por sus méritos y capacidades, sinó teniendo en cuenta su perfil, como los magistrados del Tribunal Constitucional.

Largo camino hasta Estrasburgo

Jaume Alonso-Cuevillas ha descalificado rotundamente la instrucción del juez Pablo Llarena, de arriba abajo. Lo ha dejado internacionalmente casi en ridículo, pero aún así ve muy difícil una impugnación de su instrucción dentro del Estado español.

"El primer paso es el juicio en el Supremo. En el Supremo las defensas plantearán lo que se denomina 'cuestiones previas' al juicio, sobre la vulneración de derechos fundamentales, empezando por la propia competencia del Supremo, que es manifiestamente incompetente, pero esto desgraciadamente me temo mucho que lo desestimará. Respecto a la competencia ya se ha pronunciado la sala de admisiones, en base a que la querella del fiscal Maza, según la cual había elementos que se podían haber producido fuera de Catalunya... El auto de procesamiento no describe ni un solo hecho fuera de Catalunya, pero a pesar de ello dice que se puede temer... y en la sala se le han planteado también todas las cuestiones sobre las diversas vulneraciones de derechos fundamentales, pero no tengo ninguna confianza en la sala segunda.

Después tendremos que pasar por el Tribunal Constitucional, pero en el actual Constitucional tampoco tengo ninguna confianza. Recordamos que se reunió de urgencia un sábado para que después de muchas horas de deliberación admitiera un recurso que era claramente inadmisible. Dictó unas medidas cautelares que nadie le había pedido, una cosa totalmente insólita y después ha estado  congelando todos los recursos. Yo creo que juegan mucho con esto. Los ámbitos de las cúpulas de la Justicia en España, el Supremo, el Constitucional, tienen claro que todo esto no resistirá el análisis del Tribunal de Estrasburgo, pero saben que tardará años.

La solución llegará de Europa

Alonso Cuevillas, sin embargo, no es pesimista y transmite a quien le escucha la idea según la cual las cosas se solucionarán mucho antes. "Hay muchas vías", nos dice:

"Creo que habrá una presión grande de Europa, que no sé ni si veremos. Los ciudadanos de a pie quizás ni nos enteramos, pero del mismo modo que el 1 de octubre empezó con una contundencia policial que se paró de golpe y nadie reconoce que nadie hciera una llamada a nadie, del mismo modo tengo el convencimiento de que habrán presiones europeas".

"Europa está escandalizada, eso me consta, con lo que está sucediendo, y no se lo puede permitir.... que este conflicto no se soluciona de forma judicial, que si hay condenas duras el conflicto no se apagará, por el contrario, crecerá, y que esto se tiene que solucionar, por lo tanto... seguro, seguro, pero es que tengo el convencimiento absoluto de que habrá presiones de Europa hacia el Estado español. El Estado español puede actuar de muchas formas. Primero a través de la Fiscalía, después puede actuar legislativamente. Legislativamente, por ejemplo, se pueden hacer cosas. Con esto quizás bastaría", afirma.

Referéndum, pronto

Es más, Jaume Alonso-Cuevillas piensa que en Catalunya habrá referéndum acordado bien pronto.

"Sí. Esto va ligado a lo que te decía de Europa. Yo creo que será impuesto. No sé si por la vía directamente política o vestido de intervención económica".

"Esto es insostenible. Si esto sigue al ritmo del no pasa nada, la fiscalía no cambia, la justicia española sigue con la máxima contundencia, la tensión política y social en Catalunya no se calmará, sino al revés, aumentará".

"Una cosa es que a nivel de club de Estados de la Unión Europea no hagan declaraciones, pero me consta que están muy preocupados, que forma parte de las agendas de los temas de observación de todas las cancillerías y por lo tanto Europa no se puede permitir un conflicto de esta entidad con un Estado tan importante como España. Aquello del efecto dominó que se dice tanto ... no hay ningún movimiento como el catalán en toda Europa. Un movimiento tan multitudinario y absolutamente pacífico. No hay otro igual. Cuando hablamos de los corsos... no son comparables. Y yo tengo el convencimiento de que Europa acabará imponiendo al Estado español que esto se solucione".

"Europa puede actuar de muchas maneras. Tiene una muy drástica, que es aplicar el artículo 7 del Tratado y suspender de derechos a un Estado. Esto no lo hará, pero esta sería una vía. Otra que sí utilizarán es la de la presión diplomática, que probablemente ni veremos. Ésta seguro que se está produciendo ya, como se produjo el 1 de octubre y se seguirá produciendo".

"Pero después existe otra vía a considerar, que es la económica. Te hablo como economista también ahora. España tiene unos niveles de deuda impagables y hay estudios independientes que lo sitúan en el 170% del PIB español". "Los tipos de interés subirán en breve. El 31 de diciembre, el Banco Central dejará de comprar deuda, lo cual produce un encarecimiento del dinero y de los tipos de interés. Por lo tanto la deuda y los intereses de la deuda serán difícilmente asumibles por parte del Estado español, y esto puede comportar una intervención económica, pero a la griega, no como aquella intervención bancaria que tuvimos, sino una intervención económica rotunda. Entonces un factor de inestabilidad política y social cómo es el conflicto catalán también es un factor de inestabilidad económica.

Sería otra vía para obligar a arreglar esto. Yo tengo el convencimiento de que la solución llegará de Europa. Y es más ... para la solución de Europa ayudará mucho Pedro Sánchez, que si pudiera lo solucionaría. Tú intentas ponerte en la piel del presidente del Gobierno y está claro que quiere dos cosas: Una, perpetuarse en el poder, que lo ha cogido de una manera... y ganar las próximas elecciones. Peró también supongo que cualquiera que llegue a la presidencia del Gobierno tiene una vocación de perpetuación histórica, de pasar a la historia como el personaje que solucionó".

Y el abogado de Puigdemont también explica las vías de solución que ve en el ámbito legislativo español:

"Tanto Sánchez como el PP, Casado, dijeron que se tenía que reformar el código penal, que se tendría que reformar [el delito de] rebelión, ¿no? Pues quizás lo que habría que hacer es clarificar que la rebelión exige el recurso a las armas. Lo que ha pasado deja de ser rebelión. Modificando el tipo penal puedes desactivar el Tribunal Supremo. Porque, ¿cuál es el problema? Yo entiendo que un Estado como el español quiera defender su integridad territorial de forma jurídica. Esto tiene lógica, y de hecho el Estado español cuando tenía el plan Ibarretexe a la vista, en el  2002, tipificó el código penal, introdujo tres delitos, tres conductas, que eran:  convocar por parte de un gobierno o un Parlamento un referéndum ilegal, colaborar con su organización, o colaborar con su financiación. Estas tres conductas, que podrían comportar penas de prisión, se tipificaron con una ley orgánica del año 2002, que era la ley contra el plan Ibarretxe, y una vez acabado el plan Ibarretxe en 2005 se destipificó, y estas conductas se eliminaron".

Cuevillas dice que se tuvo que estudiar a fondo el diario de sesiones del Congreso y recuerda que tanto desde el PP, como Rosa Díez, por ejemplo, y algunas voces académicas del PSOE, dijeron que el Estado estaba quedando desprovisto de armas jurídicas frente a una declaración pacífica de independencia. "Entonces, claro, como que aquello se destipificó, la única reacción que tienes es el delito de desobediencia, y todavía con matices, porque el delito de desobediencia es desobediencia a resolución judicial y las del Tribunal Constitucional siempre se había entendido que no eran judiciales, porque de hecho al Constitucional le había desobedecido todo el mundo, empezando por el Gobierno, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo, todo el mundo había desobedecido al Tribunal Constitucional sin consecuencias penales, hasta el 9N, que hicieron un cambio de reglas".

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas, en una cafeteria de la costa catalana / M.D.

"Por lo tanto, no tiene instrumentos jurídicos, como mucho la desobediencia, y tiene un margen de interpretación. Y cómo que no tiene instrumentos jurídicos, entonces fuerzan. Fuerzan tanto el derecho como las normas penales, para intentar asociar esto con la rebelión y la sedición. Una rebelión es un levantamiento público y violento. Recuerdo que Maza, el 7 de septiembre pone la querella por malversación; desobediencia, prevaricación y malversación, y a mediados de octubre iba diciendo: 'si este pleno que tenéis el viernes 27 declaráis la independencia, os pondré una querella por rebelión', cosa que hace y pone la querella, ... los hechos constitutivos de la rebelión es lo que pasó el 27 de octubre, porque antes la tenía y no la ponía. ¿Amenazaba con ponerla?, sí"

"El 27 de octubre se realiza una declaración pacífica dentro de un parlamento. Esto no es un levantamiento público y violento. Esto es insostenible", insiste. Esta querella era un aviso para navegantes, era un escarmiento y también era un aviso por navegantes de futuras generaciones tanto de catalanes, como de vascos, como de canarios como del que sea, pero es evidente que no habido rebelión, que no ha habido sedición".

"En clave política y político-jurídica tendría mucho más sentido reformar el código penal, vamos a tipificar muy bien qué se entiende por rebelión. Es evidente que es otra cosa", argumenta el jurista y recuerda que "España es un país que sabe de rebeliones, en las cuales interviene el Ejército. Todos los pronunciamientos del siglo XIX eran rebeliones. Primo de Rivera, Franco, el 23F... Vamos a tipificar qué es la rebelión, vamos a crear, yo lo entiendo, un delito de ‘secesión pacífica’, ¿no? Ellos lo piden, sí, y tiene una lógica. Desde la clave de un Estado, que quiere proteger jurídicamente su integridad territorial tiene toda la lógica del mundo. Sería una forma de reaccionar. Entonces también sería interesante que alguien se planteara limitar por ley el tiempo de respuesta del Constitucional, que operara como un tipo de silencio negativo que permitiera acceder a Europa. El Tribunal Constitucional, normalmente, admite, hay estudios, hay un amigo mío, un profesor de procesal, Joan Picó, de Tarragona, ha hecho estadísticas. Admite mucho menos del 10 por ciento de recursos de amparo. A la mayor parte responden que no es cuestión de constitucionalidad. En cambio contra nosotros los están admitiendo todos. Porque han visto que mientras hagan esto allá lo tienen congelado, y esto nos bloquea el acceso hacia Europa. Justamente una medida de higine democrática sería limitar el tiempo de respuesta del Constitucional. Si el TC en un año no ha respondido pues que eso te deje ... cómo pasa con la Administración, sin perjuicio de su obligación de resolver, eso te permita acudir a las instancias internacionales".

¿Puigdemont ante la justicia española?

El abogado del presidente exiliado no contempla la posibilidad de que comparezca ante los tribunales españoles. "Actualmente no lo contemplo", dice, "pero Puigdemont es mucho Puigdemont", añade, "y si en algún momento él cree que ... Él ha sido en todo momento consciente de los riesgos que asumía. Cuando se fue, lo hizo, con el 155 declarado, para poder tener voz durante la campaña electoral. Nuestro objetivo prioritario era poder mantenernos hasta la campaña, hasta el 21 de diciembre. Y después, a ver si nos podíamos mantener hasta la investidura, y aquí seguimos...".

"Es decir que él en todo momento, incluso cuando le visité en la prisión de Newmünster, me dijo que sabía que allá podría ser que estuviera dos semanas como fue, o los dos o cuatro meses que podía ser que durara la tramitación de la euroorden, o que si lo enviaban a España podía estar más de 20 años en prisión... Él lo tiene muy claro, y yo tengo el convencimiento, por las conversaciones que he tenido con él, que hará en todo momento aquello que pueda ser más provechoso para la causa, incluso si esto comporta un gran sacrificio personal. Él no está de farol. Por lo tanto actualmente no le veo lógica. Venir aquí es ir directo a Estremera. Que deje de tener voz no tiene ningún sentido, pero si en algún momento pudiera... no lo descarto. En absoluto".

La seguridad de Puigdemont

El Gobierno español denegó a Carles Puigdemont la escolta de Mossos que había solicitado desde el exilio. Alonso-Cuevillas coincide con los servicios jurídicos de la Generalitat, pero además de los argumentos jurídicos ya dijo que hay argumentos de seguridad. "Hay decenas de denuncias sobre amenazas contra Puigdemont y su familia. El clima está muy crispado y hay mucho  desquiciado con elque puede tener un incidente como el que tuvo lugar en Dinamarca, que no pasó nada pero ... Es público y notorio donde vive, hay gente muy violenta, y por lo tanto nadie se puede permitir que el president Puigdemont tenga un problema de seguridad. No se lo puede permitir ni el Estado español ni el Estado belga".

El escenario más duro

Le planteamos al abogado la hipótesis del escenario más duro: La fiscalía no retira las acusaciones. El TS tiene la composición que tiene. Hay condena  ¿En qué situación quedarían los exiliados?

"Igual que están ahora", nos dice. "Exactamente igual. En situación de libertad formalmente absoluta, pero materialmente sólo segura en los países que ya se han pronunciado. De hecho cuando Puigdemont hizo viajes a Suiza y a  Finlandia ya fue advertido de que corría riesgos. En Dinamarca ya era consciente. A pesar de esto él creyó que en aquel momento era necesario internacionalizar más el conflicto y asumió los riesgos. Pues a partir de ahora, exactamente igual. El Estado español ha retirado las euroórdenes, pero puede volver a cursarlas en cualquier momento, y entonces a pesar de la directiva que es común a toda la UE cada país tiene su legislación procesal y su práctica y su forma de hacer para aplicarlas".

Margen jurídico para no obedecer

A corto plazo se plantean también otros dilemas, como el de los diputados suspendidos por el Supremo. Preguntamos como vería la posibilidad que el Parlamento diga que no los considera suspendidos, si ERC y PDeCAT resuelven sus problemas... :

"Aquí hay algo más que margen jurídico para no obedecer", dice, pero tiene pocas esperanzas, a la vista del caso que le han hecho cuando ha planteado otros recursos. Aún así nos explica por qué piensa que la suspensión no es aplicable:

"Primero, la ley de enjuiciamiento criminal habla de cargos de función pública..., pero la suspensión de diputados tiene una norma que es el reglamento del Congreso de los Diputados o el del Parlament de Catalunya y el reglamento del Parlamento de Catalunya forma parte de lo que se considera bloque de constitucionalidad con los estatutos. Por lo tanto tendrían que aplicar la norma especial que es el reglamento del Parlament de Catalunya que prevé otra cosa".

"Segunda, ... la interpretación conforme al Tribunal Constitucional dice que este artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal (el que utiliza el Supremo), cuando hace referencia a rebeldes, se tiene que entender que son rebeldes en la medida en que estén integrados en bandas terroristas. Hay una resolución reciente del Supremo que ha dicho que no, porque ha cogido atomizadamente las dos sentencias del Constitucional que hablan de este tema y ha dicho que de una no podía hablar... para sacárse el tema de encima sin más".

Y en tercer lugar. "El auto de procesamiento tendría que ser firme y no lo es todavía, porque apenas lo acaban de recurrir Comín y Serret, que no se les había notificado. No puede ser firme para unos y no para otros. Es firme o no es firme. El auto es un único auto que afecta una cantidad de personas, mientras haya una que lo pueda recurrir, quizás el señor Boye es más convincente que todos los otros y consigue que la sala deje sin efecto el auto. No es firme. No puede ser parcialmente firme".

"Y todavía respecto a Puigdemont y Comín, no están en la prisión. La ley exige que se haya declarado prisión. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que lo enfatiza", recuerda Alonso Cuevillas. Por lo tanto, no suspender a estos diputados sería jurídicamente lo más razonable, y si el Parlament lo hiciera no sería por una decisión caprichosa, si no en aplicación de unos argumentos jurídicos más que sólidos. En mi opinión más sólidos que los que ha aplicado la sala segunda del Tribunal Supremo, y por lo tanto aqui se volvería a ver nuevamente hasta dónde quiere llegar el nuevo Gobierno, a través de la Fiscalía, criminalizando o no ...

¿Qué puede esperar el ex-major Trapero?

Además del procesamiento en el Tribunal Supremo está la causa abierta en la Audiencia Nacional, que afecta al ex-major Josep Lluís Trapero y a otras personas que dependían del departamento de Interior.

"Yo en aquella causa llevo el caso de César Puig, que era secretario general de Interior. Yo estoy personado en esta causa y dentro de la Audiencia Nacional hemos encontrado una linea absolutamente similar a la que hemos visto en el Supremo, tanto por la magistrada instructora (Carmen Lamela) que ha sido premiada con una plaza en el Supremo, como por la sala, la posición de la fiscalía, durísima hasta ahora, y se basa todo en suposiciones, Suponen que Trapero y los Mossos estaban confabulados con el Govern para hacer el 'paripé' y no evitar el referéndum. Si esto fuera cierto sería una desobediencia, pero es que además, en la famosa Moleskine que después utilizan como elemento incriminatorio en el Supremo consta que, en una de las reuniones, Puigdemont dijo expresamente que los Mossos, como policía judicial, siempre harían caso a los jueces y a los fiscales. Consta y en cambio esto lo omiten, y presumen que no, que se montó un dispositivo que tenía por objeto aparentar el cumplimiento pero no cumplir. Ignoran que Pérez de los Cobos tomó el mando de este dispositivo antes del 1 de octubre. Lo toma desde el 20 de septiembre, y él tenía el mando en el sentido militar de la palabra. Si alguien desobedeció fue Pérez de los Cobos", señala.

"Después tampoco se puede olvidar la resolución de la magistrada.... “preservando la convivencia ciudadana”... Sería como mucho una desobediencia. Consta que Puigdemont dijo que los Mossos siempre harían caso a la justicia y que Trapero pidió instrucciones a la jueza y a Pérez de los Cobos, Es de una injusticia absoluta", lamenta el abogado y catedrático, muy decepcionado con el funcionamiento de la Justicia en el Estado español.

"No se entiende porque han querido separar a los que llevan uniforme de los que no lo llevan. Al final, tanto hablan de que esto es un delito plurisubjectivo, de no dividir el contenido de la causa, a los 'jordis', que eran civiles también y no estaban aforados, también los han mantenido en el Supremo, ¿porque han querido mantener los Mossos y la cúpula de Interior aparte, no? A la intendente y al director general de Policía, y mi cliente, el secretario general, que no forma parte ni de la cadena de mando de la policía. Ellos confunden lo que es secretaría general de un departamento con lo que es el secretario general en un ministerio. El secretario de Estado de Interior tiene competencias y el secretario general de un departamento de la Generalitat es el equivalente a un secretario técnico, que tiene competencias en presupuesto, contratación, personal, cosas de estas... Los han querido mantener separados y es evidente que han querido dar un trato diferenciado, de una forma que no tiene ninguna lógica, porque de entrada les aplican sedición en vez de rebelión, cuando no cuadra lo que hacen en un lugar y en otro. A los de la Audiencia Nacional les aplican “organización criminal”, que no se aplica en el Supremo. Si hubiera organización criminal el líder seria Puigdemont, supongo. No empezaría por un secretario general. Sin ninguna lógica pero les han dado un trato diferenciado.

No descarto que aquí la Justicia para legitimarse quiera dar una respuesta diferenciada.