Acabar con la 'pobreza del tiempo'. Ese es el objetivo que se ha fijado el Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por Yolanda Díaz en este último año de legislatura. El departamento de la vicepresidenta segunda ya tiene prácticamente todo listo para iniciar la andadura de la ley de usos y tiempo, uno de los compromisos adquiridos entre el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de coalición, un camino que no será fácil y que fuerza a la norma a recabar un amplísimo consenso en un plazo muy ajustado y marcado por un año electoral.

Díaz encargó a un grupo de expertos la elaboración de un informe que recogiera un análisis de los problemas de racionalización del tiempo, conciliación y horarios, y esbozara una serie de propuestas. Trabajo tiene previsto presentar este documento durante el primer trimestre del año, no para lanzar la ley de manera inmediata, sino para abrir un debate y poder sentar las bases de una regulación que afecta, nada más y nada menos, que al tiempo y a la vida de las personas.

En el equipo de la vicepresidenta consideran que el debate sobre el tiempo se ha centrado en los últimos años solo en su dimensión laboral: la jornada. Sin embargo, el objetivo de la futura norma es mucho más amplio y la intención es que pueda servir, incluso, como una suerte de "pacto para racionalizar el tiempo" y garantizar que esto mejora la vida de la ciudadanía.

En el mundo del trabajo el fin es que la futura ley pueda otorgar al trabajador cierto control y capacidad sobre su jornada y horarios, ya que históricamente ha sido la empresa la que ha tenido la capacidad de fijarla y la que ha estado en el centro de todas las medidas que afectan a esta materia.

"Hasta ahora, la jornada siempre se ha visto como un instrumento en manos de las empresas; el trabajador era una variable inexistente en el uso de la jornada, que era un instrumento solo para las empresas. Eso es lo primero que hay que desterrar para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. El liberalismo y sus reformas han creado a un trabajador a llamada, un señor que iba a trabajar solo cuando era productivo y sin apenas tiempos muertos. No puede haber un trabajo a llamada que elimine la capacidad de los cuidados, del tiempo de ocio, etc", trasladan desde Trabajo.

En este sentido, entre las reformas que se manejan para empoderar la capacidad del trabajador sobre su jornada destacan tres: medidas de flexibilidad horaria pactada y para compactar la jornada; bolsas de horas a disposición del empleado; y planes de mejora de los usos del tiempo.

Flexibilizar horarios

En el primer caso, lo que se busca es que el trabajador pueda tener capacidad de racionalización de su horario laboral, desde la jornada hasta los descansos. Esto pasa por flexibilizar en la medida de lo posible los tiempos, por ejemplo la entrada y salida o, también, la pausa para comer. Es decir, que el empleado pueda entrar o salir antes o después de su trabajo en función de necesidades como llevar a los niños a la escuela.

También, que pueda dedicarle a la comida menos tiempo del estipulado (en España la mayoría de las empresas fijan una hora para este descanso, lo que termina afectando al resto de la jornada del trabajador, que quizá optaría por dedicarle menos tiempo para salir antes). O, incluso, que se pueda fomentar el adelanto de esta pausa (en España la hora de la comida tiene lugar más tarde que en otros países europeos, por lo que termina por alargar el horario de un trabajador con jornada partida y provoca que salga más tarde). En contra de estas entradas, salidas y pausas estipuladas y rígidas, lo que se busca es avanzar hacia una política de horarios flexibles.

La bolsa de horas otorgaría al empleado un tiempo a su libre disposición que garantice sus descansos, vacaciones y ausencias, pactado en el marco de la negociación colectiva. Estas bolsas ya existen a la inversa, para las empresas; en el sector de la automoción, por ejemplo, las empresas se reservan una bolsa de horas anual para prolongar las jornadas de sus trabajadores en determinadas épocas de picos de producción. 

La tercera pata de estas reformas tiene que ver con el despliegue de planes de mejora de los usos del tiempo (al igual que se despliegan planes de igualdad), acordados en la negociación colectiva con el objetivo de establecer un mecanismo para luchar contra esa 'pobreza del tiempo'.

La afectación de la ley, sin embargo, va mucho más allá del ámbito laboral, y tiene como objetivo racionalizar el tiempo en otras esferas. Se plantea, por ejemplo, que en municipios de determinada envergadura se puedan desplegar planes de racionalización del tiempo de servicios públicos como el transporte o las escuelas infantiles que se adapten a los ritmos de la ciudadanía y a sus necesidades. En este sentido, las administraciones públicas podrían hacer propuestas desde el conocimiento y la experiencia de su propio entorno para trazar planes de racionalización horaria que sirvan para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La ambición de la norma hace que necesite de un amplio consenso en diversos ámbitos para que pueda salir adelante (a nivel parlamentario, en el diálogo social, entre las comunidades autónomas y entre los municipios...); además, el hecho de que afecte a muchas materias anticipa una elaboración coral en la que participarían de manera activa varios ministerios del Gobierno, no solo Trabajo.

Todo esto tendría lugar, además, durante un año electoral que distorsionará por completo los tiempos de la política y de la actividad legislativa. La andadura de la ley de usos y tiempo comienza en el primer trimestre de 2023 con la presentación del informe de los expertos; su final es una auténtica incógnita.