El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, presume de su trabajo para formar a los magistrados en lo tocante a la discriminación que sufren las personas englobadas en el colectivo LGTBIQ+, pero de un análisis detallado de las actividades organizadas por este órgano desde 2015 –el periodo sobre el que se han facilitado datos– únicamente se aprecia la celebración de una actividad concreta sobre esta materia.

Sólo una alude de forma específica en su denominación a la homofobia, la transfobia o cualquier otro término directamente vinculado con la discriminación que sufren las víctimas LGTBIQ+. La formación de jueces y magistrados depende del CGPJ, si bien las actividades que el poder judicial ofrece son voluntarias, salvo excepciones muy concretas.

En concreto, esta formación se trata de un curso online ofertado en 2016 y 1017 (en dos ediciones), desarrollado en el marco del Programa Europeo de Formación de Derechos Humanos Help in the 28, promovido por el Consejo de Europa. Uno de los dos módulos en los que se estructuraba era el que trataba específicamente sobre homofobia y transfobia, y contó con dos sesiones presenciales en la sede de la Escuela Judicial de Barcelona. El Consejo de Europa corrió con todos los gastos.

Apenas se ofertaron 25 plazas para jueces y 5 para fiscales, y el CGPJ no detalla cuántos magistrados lo cursaron finalmente. De haberse cubierto todas las plazas en ambas ediciones, habrían podido asistir un máximo de 50 jueces, lo que representaría el 0,92% del total de 5.419 jueces que hoy están en activo en nuestro país, según el Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial en 2019.

Por otro lado, en la documentación remitida por el CGPJ a Público se enumeran otras 93 actividades formativas, si bien ninguna de ellas menciona explícitamente en su denominación a los colectivos LGTBIQ+. Desde el Consejo afirman que varias de estas actividades han tocado de forma "transversal" la discriminación que sufren estos colectivos, y explican que, en esencia, las formaciones enumeradas se encuadran en dos marcos: la reforma del Código Penal en materia de delitos de odio –Ley Orgánica 1/2015–, que entre 2015 y 2019 ha dado lugar a varias actividades formativas, y las orientadas a garantizar el acceso a la justicia a quienes sufren este y otros tipos de discriminación, relacionadas con el Estatuto de la Víctima y con la transposición de varias directivas europeas.

En lo que respecta al primer escenario, hay registro de 40 actividades formativas. Como ejemplo, se ofertaron dos formaciones sobre "Delitos de odio y discriminación" (2015 y 2017), en genérico, si bien hay otras denominaciones mucho más concretas: "La Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal" (2016); "Jornada sobre aplicación de la reforma del Código Penal en materia de hurto" (dos formaciones en 2016); "Encuentro Jueces/zas de Vigilancia Penitenciaria" (2017) o "Curso de Derecho Penal. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Cuestiones a modificar en el Código Penal y LECRIM" (2017). El recurso de apelación contra las sentencias de las Audiencias Provinciales", impartido en 2018. La formación denominada "Encuentro de Jueces/zas y Magistrados/as de Instrucción y de control de los CIES. Sesión de trabajo con la Defensoría del Pueblo, Organizaciones de DD.HH. y con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras" está prevista para septiembre de este año.

Y, respecto al segundo marco, sobre el Estatuto de la Víctima, abarca 53 actividades formativas que tampoco incluyen ninguna referencia específica a la cuestión LGTBIQ+ en su denominación, si bien también en este caso también hay otros nombres muy precisos: "Jornadas formativas de presentación de la Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos" (2018); "El Estatuto de la víctima. Referencia desaparecidos" (2017); "El acceso de las víctimas especialmente vulnerables (menores y personas con capacidad modificada) a la Administración de Justicia. Especial referencia al Juicio Oral" (2017); "La memoria histórica en el marco del Derecho Internacional" (2016) o "Violencia sobre la Mujer: Una visión multidisciplinar" (2017).

Otras denominaciones más abiertas son "La protección y promoción de los derechos humanos a la luz de los principios y directrices de Naciones Unidas" (2016), o "Las reformas del proceso penal producidas a lo largo del año 2015. El Estatuto de la víctima (especial atención a las víctimas de violencia de género y menores)", celebrado el mismo año. Dos de los cursos listados comenzarán en septiembre, y ambos se prolongarán hasta diciembre: "Violencia de Género avanzado" e "Iniciación en formación de Violencia de Género".

Por su parte, desde la Fiscalía General del Estado no han aclarado si han llegado a ofertar actividades formativas sobre esta materia concreta, cuántas, en caso de haberlo hecho, o cuándo habrían tenido lugar. Apenas han destacado la circular remitida en mayo por la fiscal general del Estado, María José Segarra, que marca las pautas para interpretar el delito de odio regulado en el artículo 510 del Código Penal. Es la misma circular que levantó ampollas por considerar delito la incitación al odio hacia los nazis.

La FELGTB: hay que retomar la formación a jueces de la ley estatal LGTBI

Por su parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, (FELGTB) explica a este diario que no tenían constancia de la realización de cursos concretos sobre esta temática, con la única excepción del curso online ya mencionado. Charo Alises, abogada y miembro del equipo jurídico de la FELGTB, interpreta que sí pueden abordarse de manera "tangencial" este tipo de temáticas en algunas formaciones "más amplias", aunque reclama actividades específicas sobre la discriminación que sufren las personas LGTBIQ+.

Explica que, en algunas ocasiones, sí se les ha solicitado que participasen en cursos de formación, y recuerda que este mismo año estuvieron presentes en una jornada sobre la actividad de los fiscales centrados en los delitos de odio, en Madrid. "Más que opinión, piden colaboración cuando desde algún ente, como pueda ser la Policía, se organicen jornadas o formaciones", apunta.

Precisamente, la formación de jueces, fiscales, y policías en esta materia era uno de los puntos clave de la proposición de ley LGTBI registrada por el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea en el Congreso de los Diputados. Su tramitación arrancó formalmente en septiembre de 2017, pero quedó estancada durante meses, y la disolución de las cámaras por la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril la llevó definitivamente a vía muerta. Alises avanza que ya están "moviendo" esta ley para volver a presentarla "cuando haya gobierno". Sería la primera ley estatal sobre esta materia, que sí ha sido regulada en comunidades autónomas como Madrid.

En concreto, en su artículo 32, la norma registrada por Unidos Podemos establecía la obligatoriedad de asegurar desde el Gobierno y el CGPJ "una formación obligatoria de carácter específico sobre diversidad sexual y de género, violencia intragénero y sobre violencia o delitos de odio motivados por la orientación sexual, expresión o identidad de género o características sexuales en los cursos de formación de Jueces/ Juezas y Magistrados/as, Fiscales, Letrados/as de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, psicólogos/as, trabajadores/as sociales y equipos técnicos, funcionarios/as y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, así como los y las agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "La misma formación deberá asegurarse para los y las agentes de seguridad privada", rezaba el texto, en uno de los artículos más rechazados por otras formaciones políticas.

Ignacio González Vega: "Toda formación es poca"

Por su parte, el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vega, destaca que en estas, como en otras actividades formativas, un factor clave es la voluntad de jueces y magistrados por participar. "La oferta formativa es muy amplia", también en materia de delitos de odio, "aunque toda sea poca", apunta. Estas actividades deberían, a su vez, plasmar sus resultados en publicaciones que pudieran difundirse entre todos los miembros de la carrera judicial, apostilla.

González Vega, que ha trabajado en materia de formación de miembros de la carrera judicial, explica que, al tratarse de actividades voluntarias, incluso cuando se aprueba una nueva ley, "sólo la mitad" de los jueces suelen participar en las actividades formativas: "Sería necesario buscar herramientas, o un modo de actuar que permitiera alcanzar a todo el colectivo".

Como ejemplo de las escasas actividades formativas obligatorias para los miembros de la carrera judicial, el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia recuerda las que deben afrontar cuando son enviados a un juzgado especializado, como los juzgados de violencia sobre la mujer.

Convenio contra el racismo, la xenofobia y la lgtbifobia

En otro orden de cosas, desde el Consejo recuerdan otros esfuerzos como la suscripción, el 19 de septiembre de 2018, del Acuerdo para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la lgtbifobia. Se trata de un convenio marco que sustituye al anterior en esta materia (2015) y, además del CGPJ, en él toman parte la Fiscalía General del Estado y varios Ministerios, entre ellos Justicia e Interior.

Añaden que la Comisión de Seguimiento de ambos consejos –"A propuesta del CGPJ"– creó un grupo de trabajo “dirigido y coordinado” por el propio CGPJ para analizar las resoluciones dictadas por órganos judiciales en relación con delitos de odio. Perseguía "detectar las disfunciones que existen y elaborar propuestas y estrategias de mejora", y para ello se enfocó en las sentencias dictadas entre 2014 y 2016, y posteriormente se amplió a las 2017.

Como resultado de estas labores se elaboraron dos informes: uno de ellos es público, y entre otras conclusiones resume el patrón más habitual de delito de odio a causa de la orientación sexual. Suele tratarse de la agresión física de un hombre español a otro hombre, acompañada de amenazas por su supuesta condición de homosexual, explican. También es frecuente que estas agresiones tengan lugar en la vía pública y sin armas, pero con resultado de lesiones, y suelen concentrarse los fines de semana, especialmente los viernes.