Poder judicialUnidas Podemos defiende mantener la reforma para la elección del CGPJ y el PSOE no se descuelga

PSOE y Unidas Podemos no van a retirar su polémica reforma para cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la proposición de ley seguirá su tramitación en el Congreso de los Diputados, independientemente de que el PP cambie de rumbo y se siente a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace dos años.

Los socialistas se abren a negociar la propuesta, incluso a renunciar a la fórmula por la que se puede elegir a los vocales sólo con mayoría absoluta, sin los 3/5 actualmente necesarios

Fuentes de la dirección del grupo parlamentario Unidas Podemos confirman a Público que no consideran "necesario" retirar la propuesta, porque "no es la primera vez que hay un bloqueo para renovar el CGPJ". De hecho, opinan que hay que abordar este asunto más allá de la coyuntura actual, para evitar que el PP continúe con el bloqueo de los órganos constitucionales, "siempre que pierde", esto es, cuando sus resultados en las elecciones generales no le permiten tener el peso que querrían en la elección de la cúpula judicial.

En el PSOE, de momento, tampoco hay intención de retirar la propuesta que presentaron conjuntamente con sus socios de Gobierno, pese a que el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, insinuó el viernes que estudiarían su modificación si el PP se sentaba a negociar, sin descartar tampoco su retirada.

Desde la dirección del Grupo Socialista aseguran que la propuesta se mantiene, e inciden en que el PP sigue negándose a negociar con el PSOE. Los conservadores, que han condicionado retomar las negociaciones a que Unidas Podemos quede excluida, ya dieron marcha atrás a un pacto para renovar el CGPJ en septiembre.  

Eso sí, los socialistas están abiertos a negociar la propuesta y a buscar el máximo consenso posible, por lo que sí estarían dispuestos a renunciar a la fórmula en que sólo con mayoría absoluta en el Parlamento, en segunda instancia, se pudiera renovar el CGPJ, tal y como ahora proponen. Con la actual ley, para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces es necesario contar con tres quintos del Congreso y del Senado.

Lo que tienen claro ambos grupos es que hay que tramitar esta propuesta y articular una fórmula que evite una nueva situación de bloqueo

Hoy por hoy, lo que tienen claro ambos grupos es que hay que tramitar esta propuesta y articular una fórmula que evite que vuelva a darse una situación de bloqueo como la actual. 

Bruselas advirtió la semana pasada al Gobierno español de sus reservas ante esta propuesta. Esta alerta ha sido utilizada por el PP y otras formaciones de la derecha para advertir de que la reforma en cuestión puede dificultar la recepción de los fondos europeos para la reconstrucción, tras la pandemia del coronavirus. 

Y en Unidas Podemos, además, inciden en que el debate sobre esta vinculación -entre los fondos y los cambios en la ley para elegir al CGPJ-, no es más que una idea del PP, que no tiene sustento en las declaraciones y mensajes del Ejecutivo comunitario. Tampoco entre los embajadores de una veintena de países que este lunes se reunieron con el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

De hecho, el socio minoritario del Gobierno ya quedó apartado del primer intento frustrado de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, a finales de 2019, cuando aún no formaba parte del Ejecutivo. Si el PP queda fuera de la ecuación, como parece evidente, la formación de Iglesias únicamente deberá entenderse con el PSOE y con otras formaciones mayoritariamente de izquierdas, un escenario mucho más favorable.

El Gobierno quiere ahora escuchar al CGPJ

Por otra parte, el CGPJ ha acordado retrasar hasta el 28 de octubre la celebración de un pleno extraordinario para adoptar una posición institucional en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPD), dirigida a modificar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar este órgano.

El mandato del CGPJ expiró en diciembre de 2018. Se da por hecho que se posicionará contra la reforma

Formalmente, al no ser un proyecto del Gobierno, y haber sido tramitada por dos grupos parlamentarios, como proposición de ley, no es ni necesario ni preceptivo que el CGPJ,  el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal emitan un dictamen sobre esta norma. De haber tramitado la reforma como proyecto de ley, habría sido imposible evitar estos informes. 

No obstante, fuentes socialistas indicaron que están dispuestos a escuchar la opinión del Consejo y que, en el trámite parlamentario, se puedan fijar comparecencias para escuchar su posicionamiento.

Hasta la fecha, sólo se conoce la posición oficial de los siete vocales conservadores que han reclamado la celebración de este pleno, y que consideran inconstitucional la norma.

Distintos Tribunales Superiores de Justicia (TSJs) también han manifestado sus reservas sobre la normativa. Habida cuenta de que el CGPJ fue nombrado en 2013 en base a la mayoría absoluta lograda por el PP en las elecciones generales de 2011, y visto el sentido del borrador que estos vocales pretenden aprobar, el resultado del pleno se antoja evidente. De cumplirse este guion, el conflicto entre la cúpula judicial y el Ejecutivo habrá subido otro nivel.