La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha defendido la decisión de los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de excarcelar a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', y Alberto Plazaola, y ha rechazado las 'presiones' y los ataques a la independencia judicial que, a su juicio, se han producido por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y algunos medios públicos de comunicación.

JpD señala en un comunicado que los jueces decretaron la puesta en libertad de los miembros de ETA 'al considerar que ya han cumplido la pena que se les había impuesto, una vez computado su tiempo de condena en Francia', con un criterio que sigue lo indicado por una Decisión Marco de la Unión Europea 'que resulta vinculante para nuestro país, en la línea de lo que ha indicado el Tribunal Supremo en esta materia'.

Ante estas resoluciones judiciales, que están 'ampliamente motivadas', según JpD, Sáenz de Santamaría 'ha atacado con dureza' a los magistrados. Por eso, la asociación recuerda que 'en un Estado de Derecho son los tribunales independientes los únicos competentes para interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico'.

Con estas actuaciones, 'el Gobierno está perdiendo los papeles, al atacar la independencia judicial y al olvidar principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional como la división de poderes', señala la nota de prensa de la asociación judicial que recuerda que todas las decisiones de los tribunales se pueden contestar ejerciendo los 'recursos establecidos legalmente'.

JpD exige requiere del Ejecutivo que 'acate y respete' las resoluciones judiciales.'Estas decisiones pueden ser valoradas y criticadas, a ser posible con argumentos jurídicos', añade, pero lo que no resulta aceptable es 'la descalificación institucional, ni tampoco las presiones para que nuestros órganos judiciales se ajusten a los criterios del poder político'.

En este contexo, JpD lamenta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su presidente, Carlos Lesmes, 'sigan sin cumplir sus funciones constitucionales de garantes de la independencia judicial' ante lo que consideran 'una grave injerencia del poder ejecutivo en un asunto sobre el que no tiene competencias'.

Según la asociación, no es 'admisible' que se busque 'erosionar' el Estado de Derecho ni tampoco resulta 'ético' utilizar 'el dolor de las víctimas de manera partidista'.