El juez Aguirre añade más impunidad a la lista de 15 mutilados por los proyectiles de la Policía en protestas

La investigación por la pérdida de un ojo que sufrió una chica de 19 años por el impacto de una bala de foam disparada por los Mossos d'Esquadra no ha sentado finalmente en el banquillo a ningún agente. El juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, ha archivado la causa  señalando a la víctima, a la que responsabiliza de haberse expuesto a las peores consecuencias al participar en una protesta en la que se acabaron produciendo serios altercados. 

No es la primera vez que una mutilación producida por la acción de la Policía queda impune. De hecho, es la tónica general. Un estudio de las organizaciones de derechos humanos Irídia y Novact contabiliza 40 víctimas de las pelotas de goma y de los proyectiles de foam en los últimos 20 años. Las lesiones oculares son las más comunes, aunque  también provocaron afecciones cardiacas y dos pérdidas del bazo y de un testículo; además de una oreja y una nariz destrozadas.

El juez Aguirre no ve delito en la actuación de la Policía catalana durante la manifestación en Barcelona contra la detención del rapero Pablo Hasel en febrero de 2021. La chica fue alcanzada por un proyectil que le reventó el globo ocular. Para el juez, los tres agentes de los Mossos que fueron investigados actuaron sin imprudencia ni intencionalidad, obligados ante "la violenta agresión" que estaban recibiendo de los más de 300 manifestantes, dice el auto de archivo.

La víctima ha recurrido este archivo y también la acusación popular, representada por el colectivo Irídia. Desde esta organización, que ha estudiado el impacto del uso de las balas de foam en las dos últimas décadas, se estima que "unos hechos tan graves deben ser juzgados".

El abogado de la víctima, Xavi Muñoz, destaca que es necesario que el caso vaya a juicio, en la medida en que la valoración de la prueba corresponde al tribunal sentenciador, no al juez instructor: "La falta de condiciones óptimas para disparar, no justifican herir a nadie; al contrario, obligan a abstenerse de disparar según el protocolo, y mucho menos por encima de la cintura". 

La impunidad como norma

Pero incluso en los casos en los que los policías llegaron a ser procesados no se les impuso condena, y en el único caso donde sí se produjo una sentencia condenatoria, el agente no pisó finalmente la cárcel. 

El informe de Irídia y Novact, ambas asociaciones radicadas en Catalunya, realizado en 2021, vuelve a la actualidad por el último caso de impunidad en relación a la mutilación de un ojo durante una manifestación. En total, en los últimos 20 años han sido 13 las personas que recibieron un pelotazo o un proyectil en un ojo, ya fuera durante una protesta social, un evento futbolístico o en la frontera, intentando entrar en el país. De esas 13 personas, 11 perdieron la visión en el ojo afectado y siete, el ojo completo. 

Ester Quintana perdió el ojo izquierdo en una manifestación, durante la llamada huelga general europea, en noviembre de 2012. Dos mossos fueron juzgados pero resultaron absueltos. Ester se convirtió en el rostro de la injusticia y desde entonces lucha para que el uso de esta munición quede prohibido. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y Naciones Unidas han señalado que el uso de la fuerza a través de proyectiles de energía cinética puede constituir tortura u otros tratos inhumanos o degradantes, en casos en que la persona herida no suponga una

amenaza inmediata de causar lesiones graves o muerte, o se apunte o dispare por encima del abdomen, como es el caso que ha archivado el juez Aguirre. 

Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Irídia, recuerda que en diciembre de 2022 la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial (CEMP) del Parlament de Catalunya recogió el consenso social para que los Mossos d'Esquadra dejaran de utilizar los proyectiles más lesivos, los tipos SIRX: "Nos consta que se han iniciado gestiones para hacer efectiva la retirada, pero es indispensable garantizar que nunca más se puedan volver a utilizar estos proyectiles".

Este material antidisturbios ha provocado directa o indirectamente 23 fallecidos y 44 heridos graves, según el citado estudio. Las pelotas de goma son esferas de caucho natural vulcanizado, de 35 milímetros de diámetro, pesan entre 80 y 85 gramos y sus rebotes contra el suelo u otras superficies llenan de arbitrariedad cada disparo. Por otra parte, los proyectiles de foam se achatan cuando salen de la escopeta y, al golpear, tienen una parte más puntiaguda, con mayor capacidad de penetración en partes del cuerpo delicadas. 

Una muerte oficial

El 5 de abril de 2012, Íñigo Cabacas, un joven seguidor del Athletic de Bilbao, recibió el impacto de un pelota de goma en la cabeza en el transcurso de un operativo policial en San Mamés con ocasión del partido con el Schalke 04. Cabacas, de 28 años, agonizó durante cuatro días hasta que falleció. El agente de la Ertzaintza autor del disparo nunca fue identificado.

Cinco agentes se sentaron en el banquillo, pero solo uno, el de mayor rango, fue condenado a dos años de cárcel por homicidio imprudente; nunca entró en prisión por ser la pena mínima. 

Las muertes del Tarajal

Pese a ser Cabacas la única víctima mortal reconocida por el uso de esa munición antidisturbios, el informe citado recuerda la tragedia del Tarajal, en Ceuta, en 2014, en la que murieron 14 personas migrantes  mientras intentaban cruzar a nado el tramo fronterizo con Marruecos. La Guardia Civil les disparó hasta 145 pelotas de goma. 

El juez Joaquín Aguirre, el más veterano de los jueces instructores de Barcelona, está considerado por los de Carles Puigdemont como un enemigo natural, debido a la instrucción del caso Volhov, sobre la supuesta trama rusa del independentismo catalán. 

Un juez cuestionado por el independentismo

A mediados del pasado mes de abril recibió en su despacho un paquete con una falsa bomba, pero rechazó la escolta de los Mossos d'Esquadra, pidiendo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tramitara con el ministerio del Interior la petición de escoltas de la Policía Nacional. El magistrado explicó en ese momento que la protección de los Mossos podría interferir en su investigación del caso Volhov.

Aguirre también es el juez del caso Negreira, sobre la presunta corrupción que afectaría al Fútbol Club Barcelona por pagos al exárbitro Negreira.