El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, instructor del caso Nóos, ha citado como testigo al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps el 1 de febrero para que declare por escrito en Valencia.

En un auto dictado este miércoles, el juez recuerda que las condiciones de la declaración serán que Camps escriba las contestaciones en presencia de la secretaria del Juzgado, sin asesores ni comunicación con el exterior, en su despacho en el Consell Consultiu de Valencia o en otra sede oficial que señale con antelación suficiente.

El juez citó a Camps a declarar por escrito el pasado 17 de noviembre, en otra visita a Valencia para una ronda de comparecencias de otros testigos, pero la Policía no pudo localizar al expresidente valenciano.

La declaración de Camps y otros nueve testigos citados también por el juez para el 1 de febrero tiene el objetivo de esclarecer cómo fueron gestados los congresos llamados Valencia Summit organizados en 2004, 2005 y 2006 por el Instituto Nóos y por los que esta entidad percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos, cuyo destino se investiga en el marco de esta causa.

Mediante un auto de 14 páginas dictado este miércoles, el magistrado ha emplazado a comparecer en la Ciudad de la Justicia de Valencia a la responsable de gabinete del director general de CACSA, Carmen Descals (9.00 horas); a Amparo Porrás, adscrita a CACSA (9.30); al subdirector de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (10.00); al director general de la sociedad Parques Temáticos de la Comunidad Valenciana, Nicolás Figueras (10.30); María Francisca Llacer (11.00); Amparo Castellano (11.30); Eugenio Pérez (12.00); al exinterventor del Ayuntamiento de Valencia Víctor Espinosa (12.30), y al interventor-tesorero del Consistorio, Ramón Brull (13.00 horas).

Un día antes, el 31 de enero, a partir de las 17.00 horas, han sido citados como testigos dos funcionarios de la Intervención General del Estado, a fin de que declaren sobre un informe que emitieron en su día para analizar las presuntas irregularidades cometidas de cara a la celebración del Valencia Summit.

En relación con Camps, ya fue citado a declarar por escrito el pasado  noviembre si bien no pudo ser localizado. De hecho, fuentes judiciales confirmaron cómo la Policía Judicial se personó en varias ocasiones durante ese fin de semana en el domicilio del expresidente valenciano e intentó comunicarse vía telefónica con él, tal y como consta en varios de sus oficios, a pesar de que Camps aseguró haber pasado los dos días en su casa "haciendo vida normal" sin que nadie acudiese a citarle.

El juez decidió posponer el interrogatorio de Camps, no sin apercibirle mediante una providencia de que, una vez fijada nueva fecha para declarar, debe hacerlo en presencia de secretaria judicial para que no sea "influenciado por terceras personas", e "inexcusablemente" en un despacho de carácter judicial.

El magistrado asevera que habida cuenta de la "falta de regulación normativa" que deben concurrir en una toma de declaración por escrito, "sí es obligada" en cualquier caso la asistencia de la secretaria judicial "para dar fe de las preguntas que se formulan, de la fehaciencia del escrito que las contesta" y de que el testigo "no podrá comunicarse ni recibir asesoramiento de terceras personas".

En cuanto al resto de testigos, todos ellos han sido citados a petición de la defensa del exdirector general de CACSA Jorge Vela, quien además presentó un escrito en el que señalaba que el llamado Consorcio Valencia 2007 "desempeñó un papel, bien sea periférico o nuclear, en las decisiones atinentes en los Valencia Summit", motivo que llevó al juez a solicitar a la Generalitat las actas de esta entidad relativas a los años 2004, 2005 y 2006.

Se da la circunstancia de que entre los miembros del consorcio figuraban, por parte del Ayuntamiento, la alcaldesa Rita Barberá, José Salinas y Alfonso Grau; y Gerardo Camps, Luis Lobón, Eugenio Pérez y Nicolás Figueras por parte de la Generalitat.

Vela aportó junto a su escrito hasta un total de 29 correos electrónicos relacionados con la génesis de los Valencia Summit, en uno de los cuales el asesor en la Secretaría Autonómica de Eventos y Proyectos y del Comisionado para la Copa América en el gabinete del presidente de la Generalitat, Nicolás Figueras, trasladaba "órdenes directas" a la responsable de gabinete del director general de CACSA, Carmen Descals, procedentes del exconseller de Economía Gerardo Camps.

El exdirector general de CACSA aseveraba que los correos que aportó a la causa evidencian que "todo estaba cerrado 'a priori' desde el primer convenio, con un papel predominante del Ayuntamiento a través de la FTVCB, utilizando a CACSA como mero instrumento de la Generalitat Valenciana".

Cabe recordar que, según un informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos. Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento.

Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana en virtud del convenio de colaboración suscrito el 8 de septiembre de 2004 entre la entidad aparentemente sin ánimo de lucro, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB), al que siguieron dos addendas más.