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El juez del caso Imelsa toma declaración como testigo a Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia

Junto a Grau declaran cinco investigados: los concejales Cristóbal Grau y Beatriz Simón, dos asesores y la secretaria de María del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

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Alfonso Grau, tras su detenido por la Guardia Civil. EFE/Kai Försterling

VALENCIA.- El titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia toma este viernes declaración como testigo al exvicealdalde de la ciudad Alfonso Grau en la parte del caso Imelsa en la que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal popular en el consistorio. Grau es el marido de la exedil de Cultura María José Alcón, investigada en el caso.

Asimismo, toma declaración a cinco investigados: los concejales Cristóbal Grau y Beatriz Simón, dos asesores y la secretaria de María del Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular en el consistorio. Los dos ediles y uno de los asesores comparecen por segunda vez ante el juez, aunque en este caso a petición propia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Las declaraciones comienza a las 10.00 de la mañana, con la comparecencia del exvicealcalde, al que seguirán los interrogatorios a los investigados, que han sido citados con un intervalo de media hora.

Por otra parte, el juez ha citado para el próximo 2 de mayo al representante legal del PP de la ciudad, investigado como persona jurídica en el proceso, y otro asesor municipal. En la pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP de la capital, se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita.

En el 'caso Imelsa', cuya pieza principal sigue secreta, hay 115 investigados -personas físicas y jurídicas- por varios delitos contra la Administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales, en relación con una trama de corrupción instalada en varias instituciones de la Comunitat. Los implicados se servían, presuntamente, de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

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