El juez embarga la mitad del palacete de los duques de Palma

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha embargado la mitad indivisa del palacete barcelonés de Pedralbes correspondiente a Iñaki Urdangarin, que comparte la propiedad al 50% con la infanta Cristina. El objetivo es cubrir la fianza de responsabilidad civil que tiene impuesta el duque de Palma, de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres, por un importe de 6,1 millones de euros.

El magistrado ha dictado este lunes un auto mediante el que embarga no sólo la mitad del inmueble de Barcelona, sino también la mitad de otros ocho inmuebles (viviendas y trasteros) a nombre de Aizoon S.L., la sociedad de la que son propietarios también al 50% los duques, y que se ubican en Palma de Mallorca y Terrassa (Barcelona). Asimismo, embarga la mitad indivisa de otros ocho inmuebles a nombre de Diego Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, o de sociedades vinculadas a ambos como Virtual Strategies, Shiriaimasu y Nóos Consultoría Estratégica.

El juez Castro ejecuta el embargo del palacete de Pedralbes

El juez destaca que los dos afectados han excedido de forma notoria el plazo para prestar la fianza, que impuso en enero de este año y quedó fijada definitivamente por la Audiencia de Palma en 6,1 millones en mayo, por lo que procede trabar los bienes inmuebles que ellos mismos designaron para ser embargados,  de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La anotación de los embargos supone que los 16 inmuebles afectados, incluido el palacete de Pedralbes, no podrán ser vendidos, a la espera de las cuantías definitivas de responsabilidad civil que se fijen en la sentencia del caso.

Tanto Urdangarin como Torres recurrieron en su día el auto mediante el que fue decretada la fianza de 8,18 millones de euros. En el caso del duque, denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, debido a la cual se vería abocado a un "injusto empobrecimiento". La Audiencia de Palma acordó restar el IVA a la fianza, que se quedó en 6,1 millones.

En su auto de responsabilidad civil de enero de esta año, el juez Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.

El magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".

De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".

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