ZARAGOZA.- La obra pública municipal más costosa de la historia de Zaragoza, la línea 1 del tranvía, valorada en 400 millones de euros, se encuentra bajo la lupa de los tribunales. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza ha ordenado al Ayuntamiento de la capital aragonesa, a petición de la Fiscalía, que le entregue seis bloques de documentación que afectan al concurso por el que la gestión acabó en manos de Acciona, a la creación de una sociedad mixta para explotar el servicio, a la ejecución de las obras –para determinar si la facturación se adecuó a los trabajos realizados- y, también, a la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico de la ciudad.

La juez reclama la certificación final de la obra para “verificar su contraste con la aportada junto con el escrito que ha dado inicio a los autos”, así como la “memoria aprobada, al parecer”, en el tramo inicial del expediente y la resolución por la que el servicio fue adjudicado, por 25 años, a Traza, una sociedad liderada por Acciona –controla el 80%- y en la que participa también el consistorio.

El coste y la gestión del tranvía han estado rodeados de polémica desde la aprobación del proyecto en torno al 2007. El contrato de los trabajos establecía un precio cerrado de 400 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón llevan años sin ponerse de acuerdo sobre el precio real.

Sospechas sobre la normativa urbanística

El consistorio, que ayer formalizó las órdenes para pagar los 14,85 millones de su plazo de este año, reclama a la comunidad 40 millones desde que esta decidió suspender sus aportaciones en 2013. Entonces gobernaban el PP de Luisa Fernanda Rudi en la autonomía y el PSOE de Juan Alberto Belloch en el ayuntamiento. Ahora, con Zaragoza en Común (ZeC) en el municipio y el PSOE en el ejecutivo autonómico, las diferencias sobre esos pagos se mantienen pese al cambio de actores.

La orden del juzgado incluye una referencia a la normativa urbanística de la ciudad. Concretamente, la juez quiere saber si en la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de diciembre de 2007, “o con posterioridad, se introdujo alguna modificación que contemplara la urbanización y/o el trazado de la línea 1 del tranvía”.

Este fleco de la investigación tiene que ver con la aportación que el consistorio hizo a la empresa mixta que explota el tranvía: fueron los suelos sobre los que discurre el trazado y en los que se encuentran sus instalaciones. La magistrada trata de esclarecer si la entrega de esos terrenos públicos a una sociedad anónima y su utilización para instalar en ellos la infraestructura fueron o no legales. “Creo recordar que no” se efectuó esa previsión en el PGOU, indicó el portavoz del PP, Eloy Suárez.

“No tenemos nada que ocultar”

El equipo de ZeC, por su parte, ha dado las órdenes para cumplimentar la petición del juzgado. “Enviaremos toda la documentación que se requiera”, señaló el portavoz del gobierno municipal y concejal de Economía, Fernando Rivarés, quien anotó que la jueza “investiga el modo y manera en el que se convocó y adjudicó” la obra y su explotación. “Tenemos un compromiso con la transparencia absoluta –añadió-. No tenemos nada que ocultar, y menos en una investigación a instancias de la Fiscalía”.

El edil, que descartó que el consistorio vaya a personarse en la causa al entender que los intereses municipales están correctamente defendidos por la Unidad Antifraude de la Fiscalía, añadió que el ayuntamiento ha pedido a la empresa Traza (Tranvías de Zaragoza) “las certificaciones que especifican qué se ha pagado y por qué”.

La Fiscalía abrió el año pasado unas diligencias, que archivó poco después por falta de pruebas, tras declarar en una comisión de investigación del Parlamento autonómico un testigo del caso Saqueo que en las obras del tranvía habían podido producirse irregularidades.

Se trataba de Francho Mayayo, testigo de la Fiscalía Anticorrupción en la causa en la que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, acaba de sentar en el banquillo a 25 personas como sospechosas de un presunto latrocinio de 130 millones de euros en las obras de urbanización de la plataforma logística Plaza. Entre los principales encausados se encuentran varios ejecutivos de la empresa pública y de Acciona, la empresa que lidera la UTE que desarrolló esos trabajos.