El juez central de instrucción 5, Pablo Ruz, ha dado cinco días de plazo al PP para que aporte copia de las escrituras por las que otorgó poder a favor de Luis Bárcenas a partir de 2007 para representar a este partido -primero como gerente y después como tesorero-, así como copia de las escrituras de revocación de estos poderes.

Ruz ha dictado hoy una providencia para investigar las eventuales responsabilidades tributarias del PP, dentro de una pieza separada abierta sobre la supuesta contabilidad B del PP a partir del caso Gürtel.  

El juzgado central de instrucción 5 investiga, entre otros pagos, las obras de rehabilitación de la sede del PP de la calle Génova, por valor de 888.000 euros que fueron pagadas con dinero negro en parte.

La delegación de Hacienda de Madrid ha abierto una inspección fiscal por esta rehabilitación, según consta en la providencia dictada hoy. La empresa (Unifica Servicios Integrales S.L) es propiedad del arquitecto Gonzalo Urquijo, quien hizo un descuento del 8% al PP porque parte del dinero lo cobró en negro, según Bárcenas que lo definió ante el juez como 'un caballero'.

Ruz da otro plazo de cinco días para que se recabe información de esta inspección fiscal al PP, así como los datos sobre el pago del impuesto de sociedades y el IVA en los periodos 2008 y 2009.

También se investiga un préstamo de 200.000 euros desde Génova al PP de La Rioja, para las obras de ampliación de la sede en Logroño. Bárcenas ha declarado al juez que ese dinero provenía de donativos de empresarios.

El juez Pablo Ruz ordena, además, poner a disposición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, (UDEF), la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado (IGAE) las declaraciones transcritas de Bárcenas del pasado jueves, 'al objeto de que puedan valorarla en el ejercicio de las funciones encomendadas'.

Además, ordena incorporar a la pieza separada la declaración de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, también del pasado jueves, por estar relacionadas parcialmente con esta pieza separada que investiga la supuesta contabilidad B del PP.

Asimismo, incorpora el informe de UDEF sobre 'análisis de contratación pública de empresas vinculadas a los querellados' y ponerlo a disposición de IGAE para informe.

El pasado 10 de abril, Bárcenas declaró al juez que sus poderes como tesorero no fueron revocados hasta marzo de 2010. Sin embargo, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, sostiene que estos poderes fueron revocados en octubre de 2009.

Por otro lado, el juez Ruz ha dictado un auto en el da cinco días de plazo a varias entidades bancarias para que aporten todos los movimientos que realizaron Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y el hijo de ambos, Guillermo,, entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2013.

El auto, desvelado por Europa Press, ordena realizar una serie de diligencias para rastrear la 'posible repatriación de fondos de procedencia indiciariamente ilícita' que Bárcenas tenía en Suiza, quien llegó a tener  48,2 millones de euros en enero de 2008.

Ruz señala en su resolución que los fondos que el extesorero y su esposa tenía en Ginebra 'podría proceder de fondos del Partido Popular cuya gestión tenía aquel encomendada' como tesorero. Así lo sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional en los escritos entregados al juez.

También solicita los movimientos bancarios de la empresa Conosur Land, con la que Bárcenas habría repatriado una parte de los tres millones de euros que desvió de Suiza a Argentina en 2009, tras estallar el caso Gürtel. Bárcenas hizo esta operación con la ayuda de una empresa de Ángel Sanchis, ex tesorero de este partido.

En el auto se requiere a Bankia para que, por su parte, que aporte las anotaciones informáticas que justifican unos ingresos en efectivo realizados por Rosalía Iglesias por valor de 294.600 euros, entre los años 2004 y 2007.

También requiere a la entidad Beka Finance que aporte 'relación detallada y soportes documentales completos de las operaciones concretos de las operaciones con títulos de Libertad Digital realizadas durante los años 2004 y 2005' tanto por la esposa de Bárcenas como por el padre de su apoderado en Suiza, Francisco Yáñez.

Los investigadores sospechan que Iglesias recibió en octubre de 2004 un total de 149.600 euros de la caja B del PP para adquirir estos títulos y rastrean el desvío de este dinero a una inmobiliaria para la compra de una vivienda del matrimonio Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret.

Otras operaciones objetos de investigación es el ingreso de 500.000 euros en la cuenta de Iglesias y que Bárcenas justificó con la venta de unas obras de arte.

El auto señala que todas estas diligencias podrían contribuir la imputación de blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental, cohecho y estafa procesal en grado de tentativa.

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