El juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán --ambos jubilados anticipadamente-- y tres agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional han sido condenados por varios delitos cometidos durante la investigación del caso Cursach, sobre el entramado mafioso en torno al magnate de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, del que fueron absueltos todos los acusados.

El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha condenado a nueve años de prisión a Penalva y otros tantos a Subirán por tres delitos de obstrucción a la justicia y otro de coacciones. El tribunal condena a tres de los agentes procesados a entre uno y cuatros años de cárcel y al cuarto lo absuelve.

El tribunal les condena por la omisión del deber de perseguir filtraciones de informaciones a los medios de comunicación de actuaciones reservadas o secretas que ellos conocían por razón de su cargo a la pena máxima prevista de 2 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Las condenas privativas de libertad obedecen a presiones ejercidas por ambos procesados sobre dos funcionarios del Ayuntamiento de Palma, Rafael Vidal y Juan Carlos Sastre, con ocasión de las declaraciones que prestaron los funcionarios en el juzgado en calidad de investigados; y sobre el empresario Antonio Roig, por las presiones que recibió antes de su detención y estando en prisión preventiva.

La Sala ha decidido que los condenados indemnicen con 6.500 euros al expolítico del PP Álvaro Gijón, al que se le investigó por presunto amaño de un concurso público.

Los acusados han quedado absueltos de practicar detenciones ilegales a nueve funcionarios del Ayuntamiento de Palma, en el caso de la ORA, sobre una posible adjudicación irregular del concurso de la regulación de los aparcamientos en la ciudad.

La resolución considera probado que se detuvo a personas inocentes pero aprecia que en el momento de las detenciones existían sospechas de que el concurso de la ORA podría haber sido amañado. Asimismo, la Sala entiende que las detenciones de
los padres y hermanos del político del Partido Popular Álvaro Gijón, aunque estaban soportadas en sospechas de delito, fueron instrumentales y que tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la manipulación del concurso. Por eso les condena por coacciones a Gijón.

Sin embargo, el tribunal no condena a los acusados por el delito de detención ilegal sobre la familia Gijón por un déficit en la acusación, dado que los hechos no se ajustan al tipo delictivo que ha sido objeto de acusación.

El tribunal fija como tope máximo de cumplimiento efectivo de la pena de cárcel para Penalva y Subirán siete años y seis meses de prisión, al no poder exceder la penalidad del triple de la condena más grave.

Hay que recordar que la Fiscalía pedía para el juez Penalva 118 años de prisión y 122 para Subirán.