MADRID.- El titular del juzgado de instrucción número 2 de Madrid continúa las pesquisas sobre la grabación ilegal de una reunión entre dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia y tres de la Unidad de Asuntos Internos que estaban encargados de la investigación del caso del pequeño Nicolás. En concreto quiere saber con qué empresas trabaja la Policía, de qué programas dispone, porqué se le instaló uno al comisario y exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y si se ha instalado a más mandos de este cuerpo de seguridad.

Los investigadores han apuntado en su informe a la cúpula policial que dirigía el comisario Eugenio Pino, ex director Adjunto Operativo (DAO) y que se jubiló el pasado 20 de junio. Junto a él su jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago; y los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo, además de a la mujer de este, a varios periodistas afines como Carlos Mier, Daniel Montero, Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta.

Hasta el momento han pasado a la condición de investigados el periodista Carlos Mier, ex trabajador de la página digital que regenta la mujer del comisario, y el propio comisario Villarejo a quien se le acusa de ser el “autor intelectual” de dicha operación ilegal. La Fiscalía ha solicitado además que se impute a Gema Alcalá, esposa del ‘agente encubierto’.

Por ahora el juez se centra en las relaciones con la empresa Indra, una de las más potentes del sector, con la que contrata la Policía y a la que pertenece presuntamente el programa con el que se logró intervenir el móvil del comisario Marcelino Martín-Blas para grabar ilegalmente dicha reunión.

Los informes de la Comisaría General de Policía Científica y del Centro Criptológico Nacional explican que “en la búsqueda de la existencia de posibles aplicaciones o archivos maliciosos se han encontrado registros de la instalación de dos aplicaciones de la empresa Indra, denominadas Comsec y Mobiledesck MDM”.

Esta última aplicación en concreto “es un software que permite asegurar, monitorizar, y administrar dispositivos móviles teniendo entre otras funcionalidades: instalar aplicaciones de manera remota, seleccionar o no las aplicaciones que puedan o no ejecutarse, localizar el dispositivo y además el borrado del dispositivo de forma remota”.

Según el testimonio del propio comisario y jefe de la investigación, fue la Comisaría General de Información la que instaló la aplicación por orden de la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Por eso el juez quiere confirmar estos extremos y poner nombre al funcionario que instaló las aplicaciones, aunque por ahora las sospechas parecen recaer en el comisario de la Unidad Central de Apoyo Operativa, Enrique García Castaño. Sin embargo, fuentes cercanas a este mando policial niegan que tenga nada que ver con el asunto.  

El magistrado también quiere saber cuál es el fin de instalar este tipo de aplicaciones en los teléfonos de los mandos policiales, “más cuando no están siendo ellos investigados ni hay una autorización judicial que lo ordene”, explicas diferentes partes personadas en este procedimiento.

Otras fuentes explican a Público que el mejor sistema para poder realizar ese tipo de grabaciones era el que ofrecía la empresa Hacking Team. Esta compañía dedicada al ciberespionaje fue hackeada el pasado año y así salieron a la luz miles de documentos a los que tuvo acceso Público.

Así pudo conocerse que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia mantuvieron contactos con ella y aunque sólo el CNI confirmó que había comprado algunos de sus servicios, los otros cuerpos de seguridad lo negaron.

Sin embargo, entre la documentación había correos electrónicos entre la persona encargada de estar al día de estos programas dentro de la Comisaría General de Información y la filial de Hacking Team en España, denominada Tylos. Al ser preguntada la Policía por estos correos no quiso confirmar ni desmentir si se habían llegado a cerrar algún negocio con esta otra empresa.