El magistrado Manuel García Castellón ha vuelto a decretar el archivo provisional para la exconsejera de Educación de Madrid Lucía Figar, tras el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de hace unos días que le ordenaba volver a imputarla por haber decretado el archivo en una pieza separada del caso Púnica equivocada, la número nueve, sobre la presunta 'caja b' del PP de Madrid. 

Ahora el juez decreta el archivo para Figar, consejera de Educación de Madrid entre 2007 y 2015, en la pieza 10, la relativa a los contratos de publicidad adjudicados por varias administraciones públicas gobernadas por el PP al 'conseguidor' Alejandro de Pedro. 

"Quien suscribe esta resolución considera que no ha resultado debidamente justificada la participación de Lucía Figar en la comisión de los hechos que se le imputan", declara el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 en un auto al que ha tenido acceso Público. 

Figar declaró que conoció a Alejandro de Pedro a través del vicepresidente Francisco Granados. Su consejería contrató a la empresa de De Pedro entre 2012 y 2014 para la elaboración de 26 informes por un total de 58.872 euros, bajo el concepto de "elaboración de informe mensual de escucha activa sobre la Consejería de Educación y Empleo en Internet".  También se facturó al 'conseguidor' otros 21.777 euros por otro informe sobre "propuestas de movilidad hacia la Comunidad de Madrid para estudiantes extranjeros".

La Fiscalía considera que el objeto real de estos contratos era confeccionar informes de reputación online de la consejera de Educación. 

Pero García Castellón dice que "la instrucción sumarial no ha permitido acreditar que los servicios contratados desde la Consejería de Educación a
Eico/Madiva [de Alejandro de Pedro] tuvieran un carácter exclusivamente laudatorio de la persona física Lucía Figar, como si fuera un ente separado  de su cargo, o la institución que representaba en su condición de miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid y Consejera de Educación". 

Menciona el instructor un informe de la propia Fiscalía en esta pieza separada 10 que sostenía que "resulta extraordinariamente difícil en este trance, como en otros muchos casos, separar la promoción institucional del prestigio
personal del político. El uso de empresas externas a la administración para
promocionar la imagen de cargos públicos es una práctica habitual en todos los ámbitos de la administración". 

Además, sobre la eventual simulación o falta de contenido real de los informes de las empresas Víctor Steinberg y Asociados SL, Redytel Ingenieria de Telecomunicaciones SL y Nunkyworld SL, el juez asevera que, en contra de la tesis de la Fiscalía, los servicios encomendados a estas mercantiles "se prestaron". Estas empresas fueron contratadas a dedo por la consejería de Educación para realizar trabajos de reputación online.

El juez entiende que el hecho de que un contrato se licite como menor puede ser una cuestión de índole administrativa, "pero no puede ser fundamento para una imputación penal". 

Insiste García Castellón en que los trabajos se realizaron y rechaza que exista  malversación, al no poderse justificar que dichos trabajos "tuvieran un carácter exclusivamente personal, ya que la investigada ostentaba un cargo público institucional". 

Junto con el de Lucía Figar, el juez acuerda también el sobreseimiento para el exconsejero Manuel Pérez Sánchez; para el que fuera director de la 'Fundación para el Conocimiento Madri+d' Luis Sánchez; y para el exjefe de Gabinete de Figar, Pablo Balbín. También archiva para el exalcalde popular de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa y para su directora de comunicación María Teresa Alonso-Majagranzas.