El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar a 37 personas, entre las que se encuentran ocho exalcaldes, en relación a las irregularidades que se dieron en la adjudicación de contratos públicos a la compañía de servicios energéticos Cofely en varios municipios, muchos de ellos en la Comunidad de Madrid, entre 2012 y 2014. 

Además de los ocho exalcaldes, de los cuales seis pertenecieron al PP, uno al PSOE y otro a Unión Democrática Madrileña (UDMA), destaca, entre los procesados, la figura del empresario David Marjaliza, considerado socio del exconsejero madrileño Francisco Granados en Púnica y que, desde hace unos años, está dando muestras de colaboración con la Justicia en esta causa. 

En esta pieza del caso, la número seis, Marjaliza está considerado el "conseguidor" de los contratos para la compañía energética, todo ello en el seno de una trama que el juez califica de organización criminal. 

La investigación afecta a contratos adjudicados en los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de Enmedio (2.862.975 euros); Parla (54.659.019); Alcalá de Henares (11.847.479); Valdemoro (50.280.748); Collado Villalba (35.467.135); Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589), lo que suma casi 224 millones de euros. 

Contratos a los que el juez añade los procesos de adjudicación que quedaron interrumpidos en las localidades madrileñas de Brunete y Casarrubuelos y en Almendralejo (Badajoz), al estallar de la operación Púnica en octubre de 2014. 

En el caso del ayuntamiento de Almendralejo, aunque el auto precisa que no se llegó a adjudicar ningún contrato a Cofely por la actuación judicial, el alcalde sí que supuestamente facilitó información del expediente, así que se procede contra él por revelación de información reservada. 

Entre los investigados están los exalcades de Parla, José María Fraile (PSOE); de Móstoles, Daniel Ortiz — también exdiputado 'popular' en la Asamblea de Madrid—; de Collado Villalba, Agustín Juárez López de Coca (PP); de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP); de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada (PP); de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP); de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA), y de Almendralejo, José García Lobato (PP). 

Además, también figuran entre los procesados técnicos municipales y varios exdirectivos de la empresa Cofely, a la que el magistrado propone juzgar como persona jurídica. 

Ocho delitos

El juez de la Audiencia Nacional considera los hechos constitutivos de un total de ocho delitos: organización criminal, aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero, delito de cohecho en persona jurídica, fraudes del particular, cohecho del particular en concurso con prevaricación administrativa, fraudes, tráfico de influencias y cohecho para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes del mismo en concurso con prevaricación y revelación de información reservada. 

Por contra, acuerda el archivo de las actuaciones respecto de una treintena de personas. 

El juez relata en el auto cómo los responsables de Cofely y Marjaliza, junto a su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron "como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios Ayuntamientos". 

Además, el magistrado observa que, en la tarea, "se involucraron hasta 10 investigados entre organizadores y partícipes que ejecutaron varios roles que se desplegaban por esferas o círculos concéntricos, siguiendo una secuencia temporal continuada que iba más allá de ser hechos episódicos". 

Para darle una apariencia de legalidad, el directivo de Cofely, Maurice Didier Roger, contrató, bajo la figura jurídica de asesor comercial, a Marjaliza, con el objetivo de que utilizase la red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que utilizaba en su etapa anterior de promotor urbanista. 

La empresa, según aparece en el contrato, entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros y otra variable, que, en función de los acuerdos que se obtenían, podía llegar a ser de un máximo de 155.000 euros. 

"El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza", indica la resolución, "levó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron". 

Sin embargo, los ayuntamientos que adjudicaron en 2012 y 2013 no pagaron casi ninguna de las facturas de Cofely, que sí facturó por los primeros servicios iniciales, mientras que los ayuntamientos que lo hicieron en 2014 se vieron afectados por la Operación Púnica, que "desactivó toda la organización criminal", señala el auto.