El juez Ruz investiga los gastos de representación del PP, de los que cobraba Rajoy

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado al Partido Popular el detalle de la cuenta de gastos de representación del partido entre los años 2004 y 2012, de la que han cobrado, entre otros dirigentes, el propio Mariano Rajoy, que reconoció en su última declaración de bienes publicada por el Congreso haber cobrado por dietas y gastos de representación de su partido, en el año 2010, un total de 98.225,90 euros.

El instructor ha abierto esta línea de investigación dentro de la causa en la que indaga la supuesta contabilidad B del PP reflejada en los 'papeles de Bárcenas', que recogía pagos a diferentes dirigentes del partido, entre ellos también Rajoy.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, y dentro de la cuenta de Gastos de Representación del partido, el juez reclama el soporte documental, incluidas las órdenes de transferencia bancaria, de las anotaciones contables acreditativas de los pagos.

El magistrado, de acuerdo con el fiscal Antonio Romeral,  incluye esta diligencia dentro de una batería de peticiones al Partido Popular para conocer e investigar todos sus cobros y pagos en el periodo 1990 y 2011.

El juez también reclama al partido de la gaviota el libro de visitas de la sede central del partido, en la calle Génova de Madrid, para comprobar las visitas que pudieron hacer los ocho constructores imputados en la causa.

Ruz reclama a la tesorera de la formación, Carmen Navarro, los libros de contabilidad de las sedes territoriales de Galicia, Cataluña, La Rioja, Cantabria, Málaga y Sevilla en los ejercicios que van comprendidos entre los años 1997 y 2008.

Las nuevas diligencias también comprenden una petición a la Agencia Tributaria para que dé cuenta de "las imputaciones de cobros y pagos realizadas por terceros al Partido Popular en los ejercicios de 1990 a 2005, ambos inclusive".

El juez Ruz también solicita a este departamento, dependiente del Ministerio de Hacienda, documentación sobre la declaración de operaciones con terceros que realizaron una treintena de empresas, entre ellas las de los constructores imputados, así como las declaraciones del Impuesto de Sociedades que el PP presentó en los ejercicios de 2007 y 2008.

El instructor justifica en su auto que todas estas diligencias son necesarias para "indagar sobre diferentes apuntes contables que aparecen en los soportes documentales investigados", es decir, en los 'papeles de Bárcenas', así como para "establecer las consecuencias de índole jurídico-penal que de aquéllas pudieran derivarse", desde un delito contra la Hacienda Pública al resto de mencionados en el auto de admisión de la querella de IU.  

En concreto, el juez que investiga los denominados 'papeles de Bárcenas' solicita al PP, de la "cuenta del mayor titulada 'Gastos de Representación'" y del periodo comprendido entre 2004 y 2012 "el soporte documental, incluidas las órdenes de transferencia bancaria, de las anotaciones contables acreditativas de los pagos".

También reclama los "libros del mayor y diario" de Galicia (1997, 1998 y 1999), Málaga (1998 a 2001, 2004 y 2007), Cantabria (2004, 2007 y 2008), Sevilla (2004 y 2008), La Rioja (2008) y Cataluña (2007).

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 solicita esta documentación después de que el fiscal destacara que el PP "no ha remitido la contabilidad consolidada de la sede central con las de sus sedes territoriales, ni dichas cuentas han sido remitidas, al carecer de ellas, por el Tribunal de Cuentas".

Al jefe de Seguridad de la formación le pide "información de los registros de entrada --día, mes, año y persona a visitar-- en la sede central de la calle Génova de Madrid" que realizaron los constructores imputados entre 2001 y 2008.

Se trata, en concreto, de Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica), Juan Miguel Villar Mir (OHL), José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), José Mayor Oreja (FCC Construcción), Manuel Contreras Caro (Grupo Azvi), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa) y Antonio Vilela (Rubau).

Tanto Mayor Oreja como Vilela admitieron en sus declaraciones ante el juez que realizaron dos pagos al PP no reflejados en los 'papeles de Bárcenas' que se produjeron tras visitar el despacho del extesorero Álvaro Lapuerta.

Además, el juez reclama a ocho empresas que aparecían en los 'papeles de Bárcenas' todos los contratos públicos que han obtenido y las características de los mismos. Se trata, en concreto, de Sorigue-Acsa Conservación de Infraestructuras, Sorigue, José Antonio Romero Polo, Licuas, Desprosa, Grupo de Empresas Bruesa, Bruesa Construcción y Cyopsa-Sisocia.

La documentación solicitada a la Agencia Tributaria sobre la "declaraciones de operaciones con terceros" se refiere a las empresas Azvi, Sando, Assignia Infraestructuras, Aldesa, José Antonio Romero Polo, Sacyr Vellehermoso, OHL, FCC, FCC Medio Ambiente, Copasa, Construcciones Rubau, Rubau Tarres, Urazca Construcciones, Urazca Servicios y Medio Ambiente, Sedesa Obras y Servicios, Sedesa Concesiones, Copisa Constructora, Mercadona, Ingeniería Salado Suárez, Ploder Uicesa, Sorigue, Licuas, Desprosa, Grupo de Empresas Bruesa, Bruesa Construcción y Cyopsa-Sisocia.