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La jueza Alaya gana el tercer asalto en la batalla por llevar a juicio la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

El juzgado sigue con el caso a pesar de haberlo archivado dos veces y de que la Fiscalía Anticorrupción tampoco lo ve

La jueza Mercedes Alaya en una imagen de archivo. EFE
La jueza Mercedes Alaya. EFE.

El criterio de la magistrada Mercedes Alaya y sus compañeros Juan Romeo Laguna, María de los Ángeles Sáez Elegido y Enrique García López-Corchado de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla se ha impuesto de momento en el conocido como caso Aznalcóllar. El juzgado de instrucción penal que ya archivó en dos ocasiones el asunto, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, en esta, a la tercera, ha optado por continuar con las pesquisas siguiendo las instrucciones de la Audiencia, tal y como deja claro en el auto, al que ha tenido acceso Público.

Los razonamientos que utiliza la jueza Patricia Fernández para continuar con el procedimiento, que empezó a investigar hace seis años, por delitos de prevaricación contra dos empresarios, tres exaltos cargos –entre los que está el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que fue cesado tras su implicación en el asunto– y cuatro funcionarios que participaron en la adjudicación, en concurso público, a la empresa Minera Los Frailes-Grupo Mexico no están sustentados, según se extrae del auto, a la aparición de pruebas contundentes que, hasta el momento no han encontrado ni la Guardia Civil, ni la Intervención General del Estado ni la Fiscalía Anticorrupción en más de un lustro de investigaciones.

Por el contrario, el caso sigue vivo porque, por un lado, se aplica el principio jurídico pro actione, que, según el razonamiento de la jueza Fernández, consiste "no […] en pasar al plenario a toda costa", sino que, "si el motivo" del archivo "es inexistente, especulativo o admite duda, la decisión debe ser siempre a favor de la continuación de los autos".

Por otro lado, la jueza Fernández afirma que en los procesos, "como el presente", en que existen indicios "en términos de probabilidad razonable", no procede el archivo y se "justifica la continuación de la causa".

Y, por último, queda claro que la decisión se toma en aplicación de las indicaciones de la "superioridad", es decir, la Audiencia Provincial. Así, escribe la jueza Fernández: "La Audiencia Provincial [concluye] que existen sólidos indicios de la presunta comisión de un delito de prevaricación en la resolución de la primera fase del concurso y la resolución de adjudicación derivado de la connivencia […]" entre Fernández, el expresidente de la SEPI, entonces Secretario General de la Consejería de Innovación, y los empresarios ganadores del concurso.

La tesis de la Audiencia es que estos, según el auto, "mantenían un trato cercano y de confianza" y, "presuntamente, impulsaron y favorecieron [a los empresarios que se llevaron el concurso] actuando de común acuerdo con los responsables de la Mesa de Contratación", es decir, los técnicos, los funcionarios, contra quienes también se sigue el recurso, a pesar de que la compañía no cumplía "con los requisitos" legales para optar al concurso.

Juicio oral

La jueza Fernández ha dado ahora diez días a las partes –Fiscalía Anticorrupción, empresas perjudicadas, investigados y Ecologistas en Acción, organización personada en la causa– para que emitan sus consideraciones jurídicas y se reserva la decisión final sobre la apertura de juicio oral, lo que implicaría llevar a juicio a los nueve investigados, como cree la Audiencia que debe hacerse.

La puesta en funcionamiento de la mina de Aznalcóllar fue impulsada por el gobierno de Susana Díaz para recuperar el empleo y crear riqueza en una comarca en la que la tasa de paro roza el 30%. Las asociaciones ecologistas fueron y son muy críticas con la idea de dedicar de nuevo a la minería la zona donde se produjo el desastre ambiental de Boliden en el año 1998.

El embrollo judicial ha causado retrasos en el proyecto y, hasta que no se resuelva el caso de manera definitiva, lo que puede tardar un tiempo, todo está en realidad en el aire. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), un firme defensor de la apertura de la mina, considera que "la justicia debe de mirar lo que la Fiscalía dice y la Guardia Civil y comprender que esta pelea de una empresa perdedora tira al traste lo que nunca hubiera sacado adelante porque ni tiene experiencias, ni recursos".

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