El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha rechazado la petición del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y ha decidido mantener abierta la investigación de la Fórmula 1 al haber pruebas por practicar. "Si esta instructora apreciara de forma evidente que los hechos denunciados carecen de relevancia penal, habría archivado con la mayor premura la causa", ha manifestado.

Así se recoge en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en relación con la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 que acogió la ciudad. En este procedimiento, junto a Camps, están investigados la exconsellera de Deportes Lola Johnson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Una de las últimas medidas adoptadas por el juzgado fue la de prorrogar esta causa y fijó un nuevo plazo para concluir la instrucción: 18 meses. Esto es hasta diciembre de 2018. En el procedimiento hay una pieza declarada secreta.

Francisco Camps presentó en junio un escrito en el juzgado en el que realizó varias alegaciones. Una de ellas era que la instructora revisara, "ya y sin más dilación", si las causas que servían para dictar el secreto - de una pieza - tenían amparo legal; y que los requerimientos de información remitidos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se cumplieran o, en su defecto, fueran anulados.

Así mismo, reclamaba que mientras pendiera la declaración de secreto, se tuviera por suspendido el plazo máximo de instrucción acordado y, por último, señalaba que de no existir la conexión suficiente entre la parte de la causa no secreta y la secreta, se procediera a la declaración de separación de piezas, interesándose de la no secreta la resolución de las peticiones de archivo y sobreseimiento que están desde hace un año por dictar.

Tras estudiar las alegaciones, la magistrada recuerda a Camps, en primer lugar, que el motivo de la existencia del secreto de una pieza de la investigación se debe, "como se ha expresado en reiteradas ocasiones", a la "necesidad" de que la UDEF, encargada de la investigación de los distintos correos, pueda realizar su trabajo "con rigor y seguridad".

"No es momento para este pronunciamiento"

En cuanto a la solicitud de archivo del procedimiento o, por lo menos, de la causa original, la magistrada señala que todavía es temprano. "La causa debe de ser completada y las investigaciones pendientes terminadas sin que quepa en este momento procesal un pronunciamiento de ese calibre cuando faltan diligencias de prueba por aportar" añade la magistrada.

Por parte de Camps se recuerda que existen resoluciones de la Audiencia de Valencia que se refieren a la innecesariedad de mantener una causa abierta cuando se tienen datos objetivos de la falta de responsabilidad de los investigados. Al respecto, la jueza le indica: "Si esta instructora apreciara de forma evidente que los hechos denunciados carecen de relevancia penal, habría archivado con la mayor premura la causa. Siendo que penden pruebas por practicar es por lo que no resulta posible el archivo, la no declaración de complejidad".

Respecto al secreto que ha sido prorrogado en la pieza separada, la instructora indica que siempre cabe la posibilidad de que una vez sea solicitado nuevamente la prórroga del mismo por el ministerio fiscal, si se observa que no existen motivos que justifiquen continuar en esta situación, se levantará el secreto.

Con todo, la jueza desestima las peticiones de la representación de Camps a excepción de lo relativo a la interrupción de los plazos de instrucción. Y la decisión sobre la prórroga del secreto de la pieza, decisión que se difiere al momento en que el ministerio público interese una nueva prórroga.

La querella contra Camps de Anticorrupción

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".