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La jueza preguntará ahora al Congreso si los tres diputados de Unidas Podemos que imputó son aforados

Desiste de citarlos como investigados, mientras continúa con el interrogatorio del resto de imputados en la causa abierta por el delito de “atentado a la autoridad”, supuestamente cometido durante una protesta de trabajadores de Alcoa frente a la Cámara Baja.

Yolanda Díaz y Rafael Mayoral en una imagen de archivo. EFE/Archivo

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La jueza que citó como imputados a tres diputados de Unidas Podemos  que participaron en una protesta el pasado marzo en Madrid ha dictado ahora una providencia con la que desiste de continuar con estos interrogatorios, a la espera de confirmar definitivamente si son parlamentarios, según fuentes jurídicas.

La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles, se dirigirá a la Mesa del Congreso para que certifique si los tres diputados son parlamentarios y, por lo tanto, aforados ante el Tribunal Supremo. Se trata de los parlamentarios Rafael Mayoral (Podemos), Yolanda Díaz (Galicia en Común) y Antón Gómez-Reino, así como la exdiputada Ángela Rodríguez (En Marea).

La magistrada considera que está legitimada para solicitar este certificado de la Cámara Baja e incorporarlo a la causa sin necesidad de tramitarlo a través del Tribunal Supremo.

La certificación sobre los tres parlamentarios será incorporada a la causa y sólo elevará una exposición razonada al Supremo sobre los aforados en el caso de que necesite sus versiones para aclarar lo sucedido en aquellas cargas policiales o cuando haya concluido con la investigación sobre el resto de imputados.

La magistrada tiene la intención de seguir avanzando en la investigación y dirigirse al Supremo una vez avance la instrucción y mientras se constituyen las nuevas Cortes Generales. De esta manera, elevaría la exposición razonada al alto tribunal únicamente para los implicados que continúen siendo diputados.

La Policía atribuye a Rafael Mayoral, Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino el supuesto delito de “atentado a la autoridad” en aplicación de la ley de seguridad ciudadana conocida como 'Ley Mordaza'.

Este delito lo habrían cometido durante una protesta de trabajadores de Alcoa ocurrida el pasado 28 de marzo por el posible cierre de dos plantas de Avilés y A Coruña. Los políticos habrían incitado a los manifestantes a saltar el vallado de protección colocado por la Policía para impedir el paso a las inmediaciones del Congreso.

Los tres políticos fueron citados por el juzgado el pasado mes de marzo para comunicarles el inicio de los trámites de esta investigación abierta con un atestado de la Policía Nacional. Sin embargo, ninguno de los tres parlamentarios compareció o explicó que eran diputados, indican las mismas fuentes.

Los funcionarios del juzgado de instrucción número 25 tramitaron después todas las citaciones e imputaciones y la magistrada no se habría percatado de que imputaba a tres aforados, según ha podido saber Público. Sin embargo, el atestado policial se refiere en todo momento a estos políticos como diputados, según fuentes jurídicas.