Manuel Marchena ha afilado sus formas y su modo de actuar en apenas siete semanas de juicio al procés. El presidente de la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo ha abroncado este miércoles a Benet Salellas, abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por su insistencia al preguntar a la testigo Helena Catt, coordinadora de un grupo multidisciplinar de expertos que redactó un informe sobre la situación en Catalunya en septiembre y octubre de 2017. Con diferentes fórmulas, Salellas ha cuestionado a la testigo si, a juicio de estos expertos, que niegan haber actuado como "observadores", la actuación policial contra el referéndum del 1 de Octubre vulneró los derechos humanos. 

"No existe el peritaje de ciencia política, no existe el peritaje de derechos humanos", replicaba Marchena. "La Sala no puede aceptar que le explique la declarante cuándo se han violado o cuándo no se han violado los derechos humanos. No convierta a la perito en una testigo que va a ilustrar a las Sala sobre cuándo se vulneraron los derechos humanos". "Que alguien venga a ilustrar a la Sala sobre si se vulneraron o no los derechos humanos, eso no lo vamos a permitir", esgrimía el presidente del tribunal, visiblemente molesto.

Además, en respuesta a la protesta del abogado, Marchena le ha recordado que la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil el 1-O "está siendo objeto de valoración desde que empezó el juicio". "Como le pregunte si se vulneraron los Derechos Humanos está suplantando el papel del tribunal, y no podemos permitirlo", zanjaba.

En la sesión de la mañana, era la fiscal Consuelo Madrigal quien perdía la paciencia, en este caso con el primer testigo: "Lo quiero descalificar", afirmaba. 

Catt reconoce haber cobrado casi 9.000 euros de Diplocat

En otro orden de cosas, Catt ha reconocido que cobró 8.775 euros como salario por su labor de coordinación de los trabajos en Catalunya -más gastos, todo a cargo del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya, Diplocat-. Y, como hiciera el anterior testigo durante la mañana, Bernhard Von Grünberg, ha negado que actuaran como observadores electorales: "Era un proyecto de investigación, en ningún momento se nos pidió una validación del resultado. El hecho de que lo presenciásemos no hace que nuestro trabajo allí fuese una misión de observación", aseguraba. Ha respondido en inglés, asistida por una intérprete que traducía preguntas y respuestas de forma consecutiva. 

Está desempleada, lo estaba cuando viajó a Catalunya, si bien es doctora en Economía y tiene un máster en Ciencia Política. Gestionó un equipo de una docena de expertos multidisciplinares que trabajó sobre el terreno para realizar, desde "una perspectiva histórica", un informe sobre la "realidad político-social" en Catalunya en los momentos previos al referéndum del 1-O.

Diplocat se hizo cargo de los gastos, registrados entre el 4 de septiembre y el 6 de octubre de 2017, por valor de 62.000 euros, según su testimonio. 

No obstante, Catt ha asegurado que pasó la jornada del referéndum en la oficina, "coordinando la labor" de su equipo, y sólo visitó un único colegio electoral. Tampoco recordaba qué ocurrió el 20 de septiembre, la jornada en la que tuvieron lugar las protestas frente a la Consellería de Economía, piedra angular del relato de las acusaciones contra los 12 dirigentes independentistas procesados.

Según su relato, se reunió con varios representantes de la Generalitat en aquellas jornadas, entre ellos el entonces conseller de Exteriores, Raül Romeva, que se sienta en el banquillo de los acusados, y Albert Royo, exsecretario general de Diplocat, que compareció como testigo en esta causa.