Ni autocrítica, ni reconocimiento de los hechos, ni capacidad de aportar nuevos datos: sólo una huida hacia adelante sin un atisbo de asunción de responsabilidad política, mientras parte de sus palabras se veían desmentidas por otros testigos. Las declaraciones de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Ignacio Zoido ante el Tribunal Supremo, en el marco del juicio al procés, coinciden en un aspecto troncal: el entonces Ejecutivo se lava las manos sobre la violencia policial del 1-O.

Ni el expresidente del Gobierno, ni la exvicepresidenta ni el exministro del Interior tienen la menor idea sobre el operativo policial diseñado para una situación inédita, orquestado en un momento de máxima tensión, y que empleó a más de 6.000 agentes de la Policía y la Guardia Civil en la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017. El mismo que degeneró en las violentas cargas que dejaron más de 1.000 atendidos por los servicios sanitarios, que están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona.

El exministro Zoido, en una actuación particularmente dubitativa, carente de datos y con multitud de “no sé” como respuesta, quizás se ha ganado la palma. Los tres se desmarcaron de la organización del operativo, los tres descargaron la responsabilidad de la violencia desatada por los agentes bajo su mando en la Generalitat. "Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y no se hubiesen tomado decisiones quebrando la legalidad vigente, no hubiéramos tenido que ver las lesiones", que diría Rajoy.

Rizando el rizo, el extitular de Interior hizo extensible esta acusación a los Mossos. Sin dar datos concretos sobre el despliegue de los agentes bajo su mando, y esgrimiendo que "nunca" ha dirigido un operativo, Zoido sí cuestionó el número de agentes de los Mossos d’Esquadra desplegados -"Si hubiese estado el número de Mossos que se suele establecer hubiera sido totalmente distinto"-.

Nadie en la cúpula del Ejecutivo reconoce haber dado una sola orden: "Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer", decía Zoido, para señalar como responsable de hacerlo al coordinador del operativos Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil. El mismo que está por debajo en la cadena de mando. Y esto lo hacía ante preguntas insistentes, porque antes prefirió hablar de "los operativos", en genérico.

Por no saber, Zoido no conocía el caso de las armas largas abandonadas en coches de la Guardia Civil el 20-S y posteriormente desaparecidas; no sabía si los Mossos se ausentaron una sola vez de las reuniones con otros cuerpos de seguridad en las jornadas de mayor tensión en Catalunya, y ni siquiera tenía idea de una sola agresión concreta a agentes en un solo colegio el 1-O.

“Yo no… son tantos colegios”, titubeaba, en respuesta a Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Esto, después de denunciar la “resistencia activa y coordinada” de los ciudadanos concentrados para votar, o que formaran “murallas humanas” que impedían a los agentes hacer su trabajo. Tampoco sabía “el número exacto” de colegios en los que los Mossos, según su versión, evitaron hacer su trabajo.

El mismo Zoido que justificaba el uso de pelotas de goma ante concentraciones pacíficas, pese a haber sido prohibidas por el Parlament de Catalunya en 2013, ni siquiera era capaz de aclarar si hubo una sola actuación en su Ministerio contra quienes coreaban el "¡A por ellos!" a los agentes que partían rumbo a Catalunya desde sus cuarteles.

Y, por supuesto, ni él ni Rajoy -otro exministro del Interior que no sabe nada de operativos- ni Santamaría tienen idea de quién dio la orden de dejar de cargar en los colegios electorales. En su declaración de este jueves, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau aseguró haber llamado al entonces delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, para exigirle que cesara la violencia. Millo, José Antonio Nieto -entonces secretario de Estado de Seguridad- y el propio Pérez de los Cobos declararán el lunes. Quizás entonces el Gobierno Rajoy vuelva a verse desmentido en sede judicial, como ocurrió este jueves con la declaración del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu.

La “testigo renuente” Santamaría y su retorno al Congreso de los Diputados

Por otro lado, las declaraciones de Rajoy y Santamaría mostraron a ambos exdirigentes del PP, hoy fuera de la política partidista, en una actuación perfectamente guionizada, incluso con algunas repeticiones de palabras en su puesta en escena. Sólo se separaron en los matices que introdujo Rajoy, que se resistió a usar la palabra violencia, y que estuvo menos ocurrente y locuaz que en otras ocasiones -y que ya compareció por Gürtel, ante la Audiencia Nacional-.

Santamaría, que empezó a hablar con un tono más nervioso, y que acabó viéndose acorralada en el último minuto, convirtió su intervención en una suerte de rueda de prensa, similar a las de sus tiempos como portavoz del Gobierno o del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja. Llegó a referirse a la operación policial Copérnico con un mero “he leído sobre ella”, para afirmar que, pese a ser designada por Rajoy como la máxima responsable de encauzar la crisis catalana, no participó “en absoluto” en el diseño del operativo.

Rajoy y ella siguieron la jornada por televisión desde La Moncloa; a ella le informaba Millo, ella daba parte al presidente. Y, según su relato, siempre sin que interviniera el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entonces bajo su cargo. Ni siquiera a ella se le informó del cese de las cargas.

Así, vistas las “evasivas” de la vicepresidenta, el abogado del acusado Joaquim Forn, Xavier Melero, pidió al tribunal que actuara ante la “testigo renuente”. Fue el propio Manuel Marchena quien volvió a preguntar a Santamaría, para obtener una respuesta que no se salió de la línea.

Quien tampoco comparecerá es precisamente quien más puso en entredicho el prestigio y la imparcialidad de Marchena, quien presumió del control que el PP ejerce sobre los tribunales, e incluso llevó al veterano magistrado a descartarse como presidenciable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un gesto nunca visto.

Ignacio Cosidó, hoy portavoz del PP en el Senado, era nada más y nada menos que el director general de la Policía durante la etapa de mayor tensión en Catalunya. No obstante, de haber aceptado el Tribunal que preside Marchena su declaración, no es descartable que se hubiera marcado un Poncio Pilatos similar al de sus entonces superiores directos, para afirmar que él tampoco sabía nada de nada.