Juicio al símbolo de una década de corrupción

MADRID.- La Audiencia Nacional arranca este martes el juicio a una trama que simboliza una década de corrupción en plenas vacas gordas: Gürtel. Crecida al amparo del PP, esta organización alimentó su caja de dinero negro y a sus políticos para extraer 8,4 millones de euros de las arcas públicas por medio de supuestos contratos irregulares, y otros 2,5 millones de euros en comisiones, al tiempo que se creaba una trama de facturas falsas y escondía cuantías millonarias en paraísos fiscales.

En el banquillo de los acusados se sientan 37 personas, entre ellas una decena de exlíderes populares, con sus extesoreros Luis Bárcenas y Ángel Sanchís a la cabeza. La Fiscalía pide en total unas penas de 732,5 años de cárcel por los negocios de esta organización corrupta tejidos durante una década, aunque en este juicio se diluciden los firmados en su primera época, entre 1999-2005. La más alta, 125 años, para el cabecilla de la trama, Francisco Correa; la más baja, 2 años, a la que se enfrenta Jacobo Gordon Levenfeld, exsocio de Alejandro Agag.

Hay nervios entre los acusados. La mayoría de las estrategias de defensas se centra en intentar la nulidad del juicio. Frente a ellas se sitúa Francisco Correa, líder de la trama, un verso aparentemente suelto que intenta desde hace tiempo un acuerdo con la Fiscalía a cambio de tirar de la manta. Aunque siempre se ha echado atrás por las presiones recibidas.

La Fiscalía no va a ceder fácilmente. Correa ofrece 2,2 millones -que tenía escondidos en Suiza- para resarcir a las administraciones públicas dañadas con sus negocios en este juicio. Pero el dinero que ofrece está embargado en otra pieza separa del caso Gürtel. Si no ofrece nada más, si no tira de la manta, Correa será juzgado en este caso y en cada una de la decena de piezas separadas que conforman el sumario. Afronta penas superiores a los 300 años de cárcel y multas por valor de 60,3 millones de euros.

El pacto, la sentencia de conformidad, deberá ser alcanzado con la Fiscalía y todas las acusaciones durante el llamado trámite de las cuestiones previas que precede a la vista oral. Si no se alcanza, entonces el 10 de octubre comenzará la vista oral. El tribunal ha señalado las sesiones para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Se espera que dure varios meses más.

El presidente y ponente del tribunal juzgador es Ángel Hurtado, magistrado discreto y conservador, de los que gustan hablar sólo por medio de sus sentencias. A su lado, estarán Julio de Diego, otro magistrado discreto de tendencia conservadora, y José Ricardo de Prada, progresista, especializado en justicia universal. Todos ellos se han puesto en "modo juez" y se dedican estos días a preparar el juicio eludiendo el contacto con periodistas.

De Prada ha sufrido un último intento de desprestigio por parte de Pablo Crespo, número dos de la trama, apoyado por una docena de defensas, incluido el PP: plantearon el 27 de septiembre una recusación fuera de plazo, basada en la relación de la hija del magistrado con un abogado que no está personado en este juicio, así como en su relación con el exjuez Baltasar Garzón, de quien fue compañero durante 20 años. La Audiencia Nacional la ha rechazado de plano.

Atrás han dejado ocho años de tensiones sotto vocce en la Audiencia Nacional, surgidas con la instrucción de Garzón, quien acabó condenado por el Tribunal Supremo por ordenar escuchas a líderes de la trama con sus abogados en la cárcel. Y con la del Pablo Ruz, el juez que culminó la instrucción a pesar de las resistencias del PP y de su engaño a cuenta de los ordenadores que destruyó de Bárcenas donde supuestamente figuraba la contabilidad paralela. La declaración del extesorero fue llevada al cine en la obra "B, la película", como un reflejo fiel de la realidad de su relato sobre la contabilidad paralela popular.

La tensión creció con las recusaciones planteadas en 2015 de Concepción Espejel, la presidenta de la Sección Segunda que decidió presidir todos los juicios para asegurarse su presencia en Gürtel, y la de Enrique López, magistrado próximo al PP con sus 78 conferencias en FASE, cobradas, y por haber sido aupado por el PP hasta en tres ocasiones para cargos de máxima responsabilidad judicial.

La Audiencia Nacional ha reservado este martes, miércoles y jueves a las cuestiones previas. Este trámite suele ser tedioso, porque los abogados exhiben sus mejores artes jurídicas para lograr nulidades y el público y los periodistas esperan con ansiedad el inicio de la vista oral.

La estrategia de Correa colisiona con la del resto de los procesados. Aunque, como en el dilema del prisionero de la teoría de juegos, todos ellos están pendientes de si el líder de la trama tira o no de la manta. Si tira, varios procesados planean cantar para no quedarse atrás y conseguir una reducción de penas, según fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción está firme: han tenido tiempo -casi ocho años- para arrepentirse. Y no lo han hecho. Además, la bandera blanca que exhibe Correa, ese dinero depositado en Suiza a nombre de una sociedad panameña, ya está descubierto y embargado. Algo más tendrá que ofrecerles. El ministerio público pide que confiese por todas las piezas abiertas. Y que tire de la manta hacia arriba, hacia quienes se beneficiaron de la trama.

Será difícil, porque en estos casi ocho años se ha creado una barrera sanitaria alrededor de Correa y los 36 acusados, barrera en la que también han participado abogados relacionados con el servicio secreto español.

El juicio llega casi ocho años después de la detención de sus principales cabecillas. Otra estrella del proceso será Luis Bárcenas, el extesorero del PP que afronta una petición fiscal de 42 años y medio de cárcel, acusado de esconder en Suiza 48,2 millones de euros y de apoderarse “como mínimo” de 299.650,61 euros de la caja b del PP que desvió a sus cuentas abiertas en España y en Suiza.Otro extesorero del PP, Ángel Sanchís, también está procesado porque habría ayudado a Bárcenas a esconder dinero en Suiza.

Si no fuera porque el tercer extesorero, Álvaro Lapuerta ha sido apartado por el tribunal debido a su "demencia sobrevenida", el PP tendría sentados en el banquillo a todos sus extesoreros vivos.

Además de Correa y Crespo, un tercer procesado es Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market, filial valenciana de Special Events -empresa de eventos de Correa- que obtuvo numerosos contratos públicos y actos electorales en la Comunidad Valenciana. Conocido por una conversación telefónica con el expresidente Francisco Camps en la que le llamaba "amiguito del alma", afronta 5 años y dos meses de prisión.

Además, se sientan en el banquillo Alberto López Viejo, exconsejero de Esperanza Aguirre quien afronta 46 años de prisión por conceder a la trama Gürtel la organización de 386 actos entre 2004 y 2009 por los que devengó 448.870 euros en comisiones, además de darles instrucciones sobre cómo eludir los controles legales.

La Fiscalía pide para Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda (Madrid), un total de 50 años de prisión. Se estima que cobró 255.076 euros de empresas de la trama. Por su parte, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, afronta 15 años y 4 meses de prisión; el exdiputado Jesús Merino, otros 3 años y 9 meses de prisión por supuestas adjudicaciones públicas en Castilla y León en beneficio de la trama. O Juan José Moreno, exalcalde de Madadahonda (Madrid), quien afronta 24 años y 2 meses.

Correa y su trama organizaban los actos del PP y sus campañas electorales del PP. Al mismo tiempo, crearon una red clientelar de líderes del PP que alimentaban con el pago de dádivas, viajes y comisiones en metálico a cambio de las subvenciones y contratos irregulares logrados de las administraciones autonómicas donde el PP tenía poder. En esta pieza separada se juzgan los contratos con dos comunidades autónomas y cuatro ayuntamientos.

La contabilidad paralela del PP se nutría de “donativos” provenientes de “personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones”, según la Fiscalía. Y esa caja B popular la gestionaban Bárcenas y Lapuerta.

También se sentarán en el banquillo el propio PP y la exministra Ana Mato, estos últimos como partícipes a título lucrativo de la trama. Esto es, por como responsables civiles por haberse lucrado de la trama.

El PP se habría beneficiado de las campañas que la red sufragó para las elecciones de los municipios de Majadahonda (216.576 euros) y Pozuelo (111.864), ambos en Madrid. La exministra Ana Mato –entonces casada con Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Madrid- se habría beneficiado de 28.468 euros en regalos, fiestas y viajes realizados por la red, según sostiene la Fiscalía.

En el juicio testificarán 300 personas, entre ellas numerosos altos cargos del PP. Declarará como testigo la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre,así como los exsecretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes, además del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el exministro Jaime Mayor Oreja.

Los delitos por los que se juzgan a los 37 acusados abarcan la asociación ilícita, cohecho, malversación, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo o prevaricación, entre otros.

La acusación pública la ejercen las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.

Las acusaciones particulares están conformadas por la abogacía del Estado, la Comunidad de Madrid , el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda.

La acusación popular es ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade); las exdiputadas socialistas de las Cortes Valencianas Carmen Ninet y Cristina Moreno Fernández, y los concejales socialistas de Boadilla del Monte (Madrid), uno de los epicentros de esta trama (Pablo Nieto, Fermín Íñigo, Yolanda Estrada y Josefa González).