Este artículo se publicó hace 2 años.
La Justicia absuelve a Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato y condena al PP por "mala fe" en el 'caso Open de Madrid'
La Audiencia Provincial de Madrid condena al Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid a hacerse cargo de las costas por actuar "sin ninguna duda" con "temeridad".
Madrid-Actualizado a
La Audiencia de Madrid ha absuelto a los exconcejales del Ayuntamiento de la capital Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, además de a la exresponsable de Madrid Destino Ana Varela, de los delitos de prevaricación y malversación de los que habían sido acusados por el Partido Popular en el caso Open de Tenis .
El tribunal no solo absuelve a los acusados, sino que también condena al PP al pago de las costas por actuar "sin ninguna duda" con "temeridad y mala fe". "No se ha probado que los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales", destaca la sentencia.
Los magistrados afirman de manera rotunda que en el caso de Mayer el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid mantuvo su acusación "sin ninguna concreción acusatoria". "Durante el tiempo en que se produjeron los hechos objeto de acusación ésta se encontraba en situación de licencia entre el mes de octubre de 2016 y el mes de febrero de 2017", destaca el tribunal.
"Después de una persecución infame del PP y Villarejo, la sentencia de la Audiencia Provincial nos absuelve y condena al PP por temeridad y mala fe", ha escrito Sánchez Mato en Twitter. "Gracias a quienes nos habéis apoyado a Celia Mayer, a Ana Varela y a mí. Esta vez los corruptos no han ganado", ha enfatizado.
Mayer y Sánchez Mato, en la actualidad asesores en el Ministerio de Igualdad, denunciaron durante el juicio que el PP buscaba "dañar personal y políticamente" a sus "contrincantes políticos" en el Ayuntamiento de Madrid. El partido conservador, junto a la asociación Transparencia y Justicia, interpuso una querella contra los entonces ediles del Gobierno de Manuela Carmena donde los acusaba de encargar "a dedo" y "sin publicidad" a dos equipos de abogados informes externos para investigar y estudiar la gestión y posibles irregularidades del Open de Tenis durante el Ejecutivo de Gallardón.
El PP solicitaba cinco años de cárcel y 24 de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Transparencia y Justicia no formuló escrito de acusación. Ya entonces la Fiscalía de Madrid no apreció delito alguno y pidió la absolución de los tres acusados.
El caso arranca cuando a Ana Varela "le surgieron fundadas y razonables dudas" -incide la sentencia- sobre la legalidad de los compromisos y obligaciones que la empresa pública Madrid Destino, de la que era consejera delegada, asumió en previos acuerdos suscritos para la organización y celebración del torneo de tenis Mutua Madrid Open.
El Ayuntamiento debía afrontar importantes desembolsos económicos por esos acuerdos por lo que el equipo de Gobierno de entonces decidió solicitar diversos informes jurídicos externos, previa consulta al personal experto del Ayuntamiento y a la propia Asesoría Jurídica del Consistorio. Sánchez Mato, primero como presidente en funciones de Madrid Destino y después como Delegado de Economía y Hacienda, también pidió informes sobre algunos convenios firmados por el anterior Ejecutivo municipal.
Esos encargos, de los que se ocuparon dos despachos de abogados, costaron 50.000 euros a las arcas municipales, lo que motivó la denuncia del PP. Sobre ello, la Audiencia Provincial de Madrid precisa que "queda objetivado que la acusación era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados desde la perspectiva prevaricadora".
Sobre todo, prosigue el tribunal, tras emitirse tres informes por los servicios jurídicos externalizados, "que son bien elocuentes de las, cuando menos, discrepancias jurídicas y económicas llamativas derivadas de los convenios y acuerdos suscritos en años anteriores, y de la entidad de las consecuencias perjudiciales que pudieran tener para las arcas municipales tal y como se alertaba en dichos informes jurídicos".
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