CatalunyaLa Justicia belga se declara "no competente" en la demanda civil de Puigdemont contra el juez Llarena

La Justicia belga se ha declarado "no competente" en la demanda civil presentada en un juzgado de Bruselas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros contra el juez que les ha investigado por rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al que acusan de falta de imparcialidad y piden que sea condenado en Bélgica y condenado a pagar una indemnización de un euro simbólico.

La sentencia se dictó el pasado 27 de marzo aunque no fue notificada a las partes hasta este lunes, según ha informado uno de los abogados de los políticos independentistas, Gonzalo Boye, que ha añadido que la intención de los demandantes es recurrir el fallo ante el Tribunal de Casación, máxima instancia en Bélgica.

Según han señalado los abogados de Puigdemont y sus exconsellers, el juzgado de lo civil del Tribunal francófono de Bruselas que se ocupó del caso considera que las declaraciones de Llarena que sustentan la demanda fueron realizadas en su condición de juez y, por tanto, "están amparadas por la inmunidad de jurisdicción", por lo que, destacan, no se pronuncia sobre el fondo del caso.

Historia de un proceso judicial

Puigdemont y sus exconsejeros autonómicos huidos en Bélgica Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret denunciaron en un juzgado civil belga en junio de 2018 al juez que instruyó la causa del 1-O, al considerar que éste habría vulnerado su presunción de inocencia al decir en una charla en Oviedo en febrero de ese mismo año que los procesados en el caso del procés no eran presos políticos.

Casi dos años más tarde, el Tribunal Francófono de primera instancia de Bruselas ante el que presentaron la denuncia, que más tarde ampliaron también al Estado español, resolvió el pasado 27 de marzo que no es competente para pronunciarse, decisión que los abogados de Puigdemont han anunciado este martes y que recurrirán ante el Tribunal Supremo belga.

"El tribunal considera que las manifestaciones de Llarena se produjeron en su condición de juez y que por tanto quedan amparadas por la inmunidad de jurisdicción y evita por tanto pronunciarse sobre el fondo de las alegaciones", informó la defensa en un comunicado.

El tribunal belga también rechazó pedir opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la competencia de la justicia belga a través de una cuestión prejudicial, como solicitaban los abogados de los políticos independentistas.

Los letrados que asisten a Puigdemont y sus exconsejeros en Bélgica han explicado que recurrirán porque consideran que "la interpretación que hace el tribunal es incompatible con el espacio común de justicia europeo".

La denuncia partió de unas declaraciones de Llarena en una charla en Oviedo en febrero de 2018 en las que el magistrado sostenía que los procesados en el caso del procés no eran presos políticos.

Pero antes de entrar en el fondo del asunto, el tribunal debía establecer si Bélgica puede juzgar a un magistrado de otro país de la Unión Europea, extremo que rechazaba la defensa.

"Es una tentativa de desestabilización" y "una forma de recusar a ese juez", dijo el letrado contratado por el Estado español para defender tanto a Llarena como al Reino de España, Hakim Boularbah, durante una vista celebrada el pasado 20 de febrero.

El abogado rechazó también que se debiera preguntar al Tribunal de Justicia de la UE, tal y como ha decidido finalmente la corte belga, con el argumento de que la cuestión no se refiere a una interpretación del Derecho europeo sino del Derecho nacional, entre otras razones.

La defensa argumentó ante los tres jueces de la sala que los demandantes quieren "exportar un conflicto político que se desarrolla en España (...) intentando que la Justicia belga se inmiscuya en el funcionamiento de la Justicia española" de manera "oportunista".

Por parte de la acusación, en esa vista, el letrado Christophe Marchand justificó la denuncia civil en Bélgica contra Llarena al considerar "extremadamente difícil obtener justicia en España".

En esa audiencia, a la que no acudieron ni Llarena ni Puigdemont ni Puig, pero a la que sí asistieron a una parte de la misma Comín y Ponsatí, la presidenta del tribunal, formado por tres magistrados, pidió a los abogados de los políticos independentistas que especificasen cuál es el daño del que los demandantes se consideran víctimas, pues no le había quedado claro.

"Un gran daño moral en el ejercicio de sus derechos civiles en general", dijo otro de los abogados de los demandantes, Marc Soeck, sobre una demanda en la que Puigdemont y sus exconsejeros solicitan un euro simbólico como compensación.