La Sala del Tribunal Militar Territorial Primero acordó el pasado 20 de junio el archivo definitivo del caso sobre la explosión "accidental" de unas minas caducadas durante unas maniobras, un suceso que dejó cinco muertos y tres heridos graves en el campo de tiro El Palancar en Hoyo de Manzanares (Madrid) en 2011. Para ese tribunal no hubo delito y, si lo hubo, está prescrito.

Los afectados, que fueron notificados mes y medio más tarde, ya han presentado recurso de casación. No obstante, el auto de sobreseimiento contiene una inesperada sorpresa: un mensaje directo a la ministra de Defensa en el que se la invita a reparar el daño causado.

De momento, y en víspera del desfile militar del 12 de octubre, no hay respuesta de Margarita Robles.

En su parte dispositiva, al final del todo, los miembros del tribunal acuerdan enviar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, testimonio de particulares por si, "a la vista de los hechos probados, considera pertinente iniciar los trámites legales pertinentes para la posible indemnización a las víctimas por los daños causados [...] por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración". Una insólita petición de reparación de los magistrados directamente a la ministra, quien también fue magistrada.

Este detalle del auto lo han querido resaltar los afectados y su representante legal en vísperas de la fiesta nacional de España, el 12 de octubre, día en el que los ejércitos desfilan en el corazón de Madrid y la sociedad rinde homenaje a los militares presentes y caídos.

"Respeto para los muertos"

También responden de esta forma a unas recientes declaraciones de Robles en Onda Cero, en las que afirmaba literalmente a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado recién aprobados: "Me parece falta de respeto a los muertos en Ucrania que podamos estar con un debate si esta partida, si no esta partida... Se podrá vestir como se quiera pero el que inicia esta guerra es Putin".

Jesús Blanco, abogado de los tres heridos graves y de la viuda de uno de los fallecidos, resalta en conversación con Público que, "al hilo del respeto que ella tiene por los muertos en Ucrania, la ministra debiera también demostrar respeto a los muertos de España por haber tenido que trabajar con material obsoleto e inútil".

Este auto establece la comunicación directa con la propia Margarita Robles para que decida sobre el posible reconocimiento de estas víctimas. El letrado comenta que "no se había publicado hasta ahora por prudencia, y para dar tiempo a que la ministra fuese informada y actuase en consecuencia". Forzosamente la ministra ha tenido que haber sido informada. Sin embargo, aún no ha actuado.

"Con todo el respeto que me merece la señora Robles", añade este letrado, "ojalá mostrase ese mismo respeto con los muertos y heridos españoles, con esos mismos presupuestos".

Para el abogado, además del recurso de casación interpuesto en septiembre en plazo y forma, existe otra vía para intentar obtener justicia para las víctimas de la munición defectuosa que estalló en 2011: "Es evidente que se ha infringido en este caso la normativa de riesgos laborales desde el primer día, obviamente fuera del ámbito penal, y por mucha cobertura que se le ha querido dar a la cadena de mando desde los tribunales militares". "En este caso concreto", puntualiza Blanco.

Las "chapuzas" y los líos en la instrucción de este caso han sido constantes por parte de las tres juezas que han llevado el caso. "Y, sin embargo, se han obviado evidencias de que ese material que explotó nunca fue apto para usarlo y poner en riesgo vidas humanas, como tristemente ocurrió", apunta Blanco.

De hecho, una de las citadas magistradas, la comandante auditor Patricia Moncada, fue apartada de la causa después de que intentase hasta en dos ocasiones convertir a una de las víctimas, el teniente retirado José Manuel Candón, en verdugo como responsable del siniestro in vigilando. Afortunadamente para el herido, la situación se revirtió y la jueza fue cesada.

Demasiado dolor

El caso de las víctimas del material explosivo caducado, que estalló en unas maniobras de entrenamiento el 24 de febrero de 2011 en Hoyo de Manzanares (Madrid), ha supuesto para algunas de esas víctimas un auténtico calvario judicial con inesperados giros y mucho dolor.

Durante estos 11 años, algunos heridos y familiares de fallecidos han estado luchando por saber la verdad de lo acontecido y para que el Estado reconozca el daño causado. Sin embargo, la jurisdicción militar tiene sus tiempos y sus peculiaridades. Y el Estado tiene sus propias vendas.

El teniente retirado Candón, que perdió un ojo y el 85% de la visión del otro, además de quedar desfigurado y con quemaduras severas debido a la explosión, quiere resaltar "la orfandad tutelar a la que nos henos visto sometidos durante estos años, porque parece mentira que el Ministerio de Defensa —no Margarita Robles— nos haya tratado así: nunca nos ha invitado a participar ni en el Día de las FFAA ni en los homenajes del 12 de octubre, nos tienen en el más absoluto ostracismo cuando la propia Justicia militar demuestra que lo que decimos es cierto". "Ninguna víctima debería soportar lo que nosotros hemos soportado".

El "tabú" del que se habla poco o nada

Otro de los heridos graves es el sargento primero retirado Raúl Alfonso González, quien también quedó prácticamente ciego. Asegura a Público que el siniestro de aquel día es un "tema tabú" para el Ministerio de Defensa, que ha llegado a vetarle en conferencias, no sobre el accidente, sino sobre procedimientos administrativos y posibles mejoras en los mismos.

"Por dar una referencia, en el día de las Fuerzas Armadas se rinde homenaje a los militares fallecidos y jamás se ha nombrado a los muertos en el accidente, ni se ha invitado a los fallecidos de las víctimas a los actos de homenaje a los caídos", denuncia este militar, quien también desliga todo esto de uno u otro partido político en el poder: todo aquello pasó hace 11 años y medio, han visto pasar responsables políticos de uno y otro color y siempre es igual: de eso no se habla.

Él recuerda que durante la larguísima instrucción, prolongada de manera inexplicable en los tribunales militares, tuvieron que ser los afectados quienes reabrieran el caso en 2018 —que había sido archivado provisionalmente en 2013— gracias a un peritaje independiente y mucho más exhaustivo que los de la Guardia Civil y el Ejército de Tierra presentados al inicio. Y todo ello con la finalidad de buscar la verdad y dejar de ser invisibles, y con la esperanza de que también se reconozcan los errores que hubo en aquellas maniobras para que no vuelvan a suceder.

"Nosotros nunca hemos querido juzgar a nadie ni llevar a la cárcel a nadie, nunca hemos ido a por el dinero, la investigación arrancó de oficio", remarca, y añade: "Sólo queremos hablar con Defensa para poner soluciones al problema de los manuales de armamento, les hemos hablado sobre que sean mejores y más intuitivos, de cómo mejorar la seguridad en las prácticas, de otros problemas que existen en las unidades... Pero no nos han hecho caso porque, de lo contrario, sería reconocer errores propios, que había fallo".

Por último, el abogado de las víctimas Jesús Blanco concluye: "Ojalá la señora Margarita Robles, que muestra una gran solidaridad y empatía con los muertos en Ucrania —cosa que me parece excelente—, muestre la misma solidaridad y empatía con los muertos en España tras el siniestro de 2011 con munición caducada, un siniestro que que nunca debió suceder". Está a tiempo.

Consulte el auto de sobreseimiento definitivo íntegro: