Juventudes Socialistas cree que la imputación de la infanta debe acelerar el debate republicano

Es "una convicción", y no responde a los recientes escándalos desvelados en el seno de la Casa del Rey. Las Juventudes Socialistas (JSE) son republicanas a diferencia del PSOE, que sigue sin hacer una apuesta clara para que el jefe del Estado pueda ser elegido por todos los ciudadanos. Y lo son independientemente de las cacerías del rey en Botswana, o de las supuestas cuentas en Suiza del monarca. La imputación de Cristina de Borbón, hija de Juan Carlos, por su supuesta implicación en el caso Nóos, sí supone a juicio de la organización juvenil "un paso más en el descrédito de la monarquia como forma para la Jefatura del Estado". 

La citación conocida esta mañana se une así a los ya citados "episodios de cacerías", pero también al "trato degradante a empleados, o al manejo de armas por menores de edad" relacionados con la Casa Real. Las JSE han considerado en un comunicado que "estos escándalos y sucesos reafirman la necesidad de replantearse todas las instituciones del Estado en respuesta a una creciente demanda de la ciudadanía de responsabilidad de las mismas en el marco de la crisis". 

Se han desmarcado, por ello, de las declaraciones realizadas este mediodía por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que tan sólo se había limitado a expresar su respeto a la Justicia y a destacar que su utilización "es igual para todos". Los jóvenes socialistas se han querido mojar y han señalado que "la imputación de Cristina de Borbón es conveniente y pertinente". 

"Lo que no se sostenía era que, a pesar del evidente nexo entre Cristina de Borbón y las actividades de su marido [Iñaki Urdangarin], haya permanecido sin ser imputada hasta hoy, un hecho que socavaba aún más la confianza que la ciudadanía ya había reducido en la Justicia", explican en su texto. Para JSE, además, "la relación de la nueva imputada con la jefatura del Estado debe llevar aparejada por parte de esta última una explicación mínima y convincente a toda la ciudadanía de las actividades relacionadas" con Urdangarin.

Se trata, explican, de que la Casa Real ofrezca argumentos "fundamentados y acreditados" que "separe a una institución pública, como la Jefatura del Estado, de las actividades de quien está siendo investigado, precisamente, por un uso indebido de dinero público". El auto del juez Castro demuestra, en todo caso, que "el funcionamiento de la Justicia responde a un principio de igualdad y a la no existencia de privilegios o excepciones en el sometimiento de todos los españoles a la ley".