"Un Estado que no define con claridad la libertad de conciencia y de religión es un Estado que permite desequilibrios y desigualdades, privilegia a una parte de la ciudadanía y renuncia a la igualdad plena". Este texto aparece en el programa electoral con el que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones de 2015. Siete años después, y cuatro ya al frente del Ejecutivo, la esperada Ley de Libertad de Conciencia, que estaba llamada a regular aspectos clave en la relación entre el Estado, la sociedad y las confesiones religiosas, ha vuelto a ser laminada de las prioridades políticas. El Plan Anual Normativo para 2022 no incluye su desarrollo y todo indica que la legislatura concluirá sin abordar uno de los principales compromisos de la coalición progresista.

Bajo el epígrafe de "Laicidad. Defensa de lo Público", el PSOE de Pedro Sánchez apostó entonces sin circunloquios por la "construcción de un Estado laico" y desgranó un amplio catálogo de actuaciones que deberían quedar reguladas en una ley orgánica. El texto enumeraba un paquete de medidas muy concretas: autofinanciación de todas las confesiones, religión fuera del currículo escolar, fiscalidad para bienes no afectos al culto, retirada de símbolos religiosos en edificios públicos, protocolos para actos de Estado, cementerios no confesionales, recuperación de bienes inmatriculados y, por encima de todas ellas, denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede.

Ninguna de estas iniciativas ha visto la luz, pese a que el Gobierno se estrenó con un golpe de efecto sin precedentes. Por primera vez, todos sus ministros y ministras tomaron posesión de su cargo sin símbolos religiosos y con el único testigo de la Constitución. Pero sin un marco normativo que protocolice este y otros comportamientos públicos en materia religiosa, aquel acto de carácter laico se queda en un mero gesto sin consistencia política. El punto 5.5 del acuerdo de Gobierno entre PSOE y UP anunciaba expresamente la aprobación de una ley que "garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones". El compromiso, sin embargo, deberá esperar.

"A estas alturas está claro que no se va a hacer la ley. Lo digo por propia experiencia". Quien así habla es José María Contreras, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y ex director general de Asuntos Religiosos con el Gobierno de Zapatero, que redactó el borrador de la Ley Orgánica de Conciencia y Religiosa de 2009 que acabó metida en un cajón. Contreras trabajó duro por sacar adelante una normativa que suplantara a la anticuada ley de 1980, aún hoy en vigor, que puso fin a la secular confesionalidad del Estado español, pero que dejó fuera cuestiones fundamentales para ordenar la convivencia en una sociedad diversa. Zapatero no se atrevió finalmente a dar el paso, por temor a un conflicto con la Iglesia católica y a un eventual desgaste electoral, y decidió aparcarla.

"Si no se hace en la primera parte de la legislatura, en la segunda es prácticamente inviable porque los políticos no quieren perder votos", asegura el hoy profesor de la Universidad de Sevilla. "Tienes que trabajarlo mucho y conseguir los máximos consensos porque las posiciones son muy radicales". El autor del borrador "no nato" defiende la necesidad de una ley. Lo primero es definir el concepto de laicidad, que, en su opinión, es idéntico al de aconfesionalidad del Estado recogido en la Constitución de 1978.

Y luego regular aspectos básicos que garanticen los derechos y las obligaciones de las confesiones religiosas y también de los ciudadanos que no profesan ningún credo. En opinión de Contreras, la ley tiene que contemplar la cuestión de la financiación de todas las confesiones, no únicamente de la católica, y estipular la asistencia religiosa en hospitales, centros penitenciarios y el Ejército. También debe regular la objeción de conciencia en relación a la eutanasia o el aborto. "Hay que definir hasta dónde llega la objeción de conciencia", propone el catedrático de Derecho Eclesiástico.

La asignatura de religión

La asignatura de religión en la enseñanza debe ser igualmente objeto de una eventual norma, aunque José María Contreras es consciente de que este asunto podría chocar con los Acuerdos con la Santa Sede, que tienen prioridad por su naturaleza jurídica de tratado internacional. "No soy partidario de la enseñanza confesional, pero sí tiene que haber una asignatura religiosa cultural. Si no, no se entiende la cultura de este país". En ese caso, asegura, los profesores deberían ser designados por el Estado y no por la Iglesia católica como hasta ahora.

Otra de las cuestiones que debe recoger la ley es la simbología religiosa en los espacios públicos y protocolos específicos para actos institucionales. "Por ejemplo, en los sepelios de Estado. Creo que debería haber actos de tipo secular, como el que se hizo en homenaje a las víctimas del covid. Hay que ir por ese camino y debe figurar en una norma", sugiere Contreras. Distinta opinión tiene en relación a los capellanes militares y la asistencia religiosa en ciertas instituciones públicas. "No choca con la laicidad. Francia es laico y hay capellanes en el Ejército. O en los hospitales. Si estoy ingresado enfermo, no puedo recibir asistencia religiosa si el Estado no me la facilita. En Holanda, hay asistencia atea. Otra cosa es que discutamos quién paga. O si se paga".

La fiscalidad es otro asunto básico. Y, a juicio de Contreras, debe ser incluida en una ley común. "¿Las confesiones deben tener derecho a la exención del IBI? Discutámoslo. Pero o todas o ninguna. ¿Y deben estar exentos los locales que no sean de culto? ¿Por qué?". Una norma debería aclarar todas esas variables impositivas, que ahora navegan en un mar de confusión entre los Acuerdos con la Santa Sede, la Ley de Mecenazgo y disposiciones europeas de obligado cumplimiento. Los mormones, por ejemplo, reclamaron hace años exenciones fiscales en las donaciones pero la ley española solo las reconoce para la Iglesia católica y confesiones de notorio arraigo. "No tiene lógica", lamenta Contreras.

Lo cierto es que el espíritu constitucional de aconfesionalidad del Estado "no se respeta". El ex director general de Asuntos Religiosos cree que "falta camino" por recorrer y urge plasmarlo en una ley. "Hay que precisar en qué consiste las relaciones del Estado con las confesiones" y limitar los "privilegios institucionales" que aún mantiene la Iglesia católica en España. Ejemplos de ello hay incontables. "¿Con quién se acaba de reunir el presidente del Gobierno? Con la Iglesia católica. ¿Algún presidente se ha reunido alguna vez con los evangélicos? Ninguno. Eso es muy significativo".

Ley de Libertad de Conciencia

El presidente de Europa Laica, Juanjo Picó, no ve voluntad política para sacar adelante la Ley de Libertad de Conciencia anunciada en los acuerdos de Gobierno. "No ha entrado en el Plan Anual Normativo de 2022 ni parece que vaya a entrar ya en 2023. Y todas las señales que estamos viendo hasta ahora no son buenas". En todo caso, agrega el representante ciudadano, si legislan que sea escuchando a la sociedad civil y las partes implicadas. Y hasta ahora la receptividad del Gobierno ha sido prácticamente inexistente.

La nueva ley, bajo el prisma de Picó, debe regular todo tipo de conciencia, no únicamente la religiosa, y limitar todos los privilegios de las confesiones. Suprimir el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y fijar cómo se traduce en lo concreto el artículo 16.3 de la Constitución que establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Además deberá desarrollar reglamentos de laicidad para los cargos públicos en actos religiosos, simbología en espacios institucionales, derechos del menor, objeción de conciencia o libertad de expresión y pensamiento. "Hay todo un campo que está por explorar", asegura. Y, ante la ausencia de un fundamento legal "potente y estable", todas estas cuestiones están sujetas a la interpretación de la judicatura o los cargos públicos.

El propio PSOE, en su congreso de octubre pasado, ya rebajó notablemente las expectativas de sus reformas de carácter laico. Entonces anunció que cualquier revisión de los Acuerdos firmados con la Santa Sede sería consensuada con la Iglesia católica. Para Picó, ese nuevo posicionamiento no presagia nada bueno. "Y si lo que se proponen es abrirse al multiconfesionalismo, mejor que se estén quietecitos", sostiene. Ya en la cuestión de las inmatriculaciones episcopales, recuerda el portavoz de Europa Laica, se han "desdicho del discurso de investidura".

Europa Laica considera que la ley debe ser promovida por el Ministerio de Justicia y no por el de Presidencia, que es el que negocia directamente con la Iglesia católica. "Las cuestiones sobre conciencia no deben estar ligadas necesariamente con la jerarquía católica", señala. Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia consultadas por Público, sin embargo, han sido tajantes en su respuesta: "Eso compete al Ministerio de Presidencia". Al cierre de esta información, el departamento dirigido por Félix Bolaños no había contestado a las cuestiones planteadas por este periódico.

Ana Fernández-Coronado, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado, también defiende la necesidad de una ley que regule el artículo 16 de la Constitución del 78. La actual de 1980 fue una norma "muy temprana" que se legisló en un contexto social de "profundo catolicismo" y tras un largo pasado confesional del Estado español. Cuarenta años después, la realidad cultural "ha dado un vuelco" y la sociedad española está "muy secularizada". Reconoce que un eventual cambio legislativo estaría "presionado" por los Acuerdos con la Santa Sede y la mención expresa en la Constitución española de la especial cooperación con la Iglesia católica, lo cual, en su opinión, "no se compagina con las características de un Estado laico".

Fernández-Coronado cree que la ley debe definir una pauta general sobre qué es la libertad de conciencia, cómo se configura y cuál es su contenido. Y luego posteriormente habrá que desarrollar los supuestos concretos que afectan a las relaciones con el Estado, como la financiación de las confesiones, la enseñanza de la religión, la simbología, los actos institucionales, la fiscalidad y otros aspectos anteriormente mencionados. "Cuando se definan los criterios generales, hay que clarificar la laicidad del Estado", asegura Fernández-Coronado, quien durante muchos años fue vocal de la Comisión Asesora de la Libertad Religiosa, nombrada por el Consejo de Ministros.

Y, a su entender, dos son las cuestiones clave que se deben resolver: la financiación de la Iglesia católica y la enseñanza de la religión. Las dos, subraya Fernández-Coronado, están "amarradas" por los Acuerdos de 1979 y "perjudican" el desarrollo amplio de la laicidad del Estado. Y agrega: "Son los residuos confesionales a favor de la Iglesia como consecuencia del largo pasado confesional español". Su opinión es diáfana: el Estado no debe financiar ninguna confesión y la religión como oferta obligatoria del horario escolar no es compatible con la laicidad.

¿Por qué un Gobierno progresista no da el paso?

¿Por qué un Gobierno progresista no da el paso? "La relación con la Iglesia es muy compleja en España, que tiene unos atavismos muy importantes. Lo curioso es que el Estado tiene cierto temor y no se da cuenta de que los ciudadanos ya no lo tienen. La sociedad va por delante del Estado y está más secularizada", explica Fernández-Coronado. Todas las leyes progresistas que se han aprobado en la democracia, como el divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual o la eutanasia, han sido resultado del "empuje social". "El Estado avanza hacia la secularización, pero no por sí mismo sino por la presión social", remacha.

En Europa, la situación legislativa es dispar. Francia es el país laico por excelencia, gracias a la ley Combes de separación entre la Iglesia y el Estado promulgada en 1905, hace ya más de un siglo. Portugal también dispone de una Ley de Libertad Religiosa aprobada en 2001 "mucho más evolucionada que la española", a juicio de José María Contreras. La norma contiene 69 artículos, que desarrollan sus principios constitucionales y modulan las relaciones entre el Estado portugués y las distintas confesiones religiosas.

Italia ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, regular en una ley la libertad de conciencia y religiosa. Y Alemania remite a cinco artículos de la Constitución de Weimar, que, en opinión de Contreras, ordenan "casi toda la cuestión religiosa". El alemán es un modelo "más próximo a la multiconfesionalidad que a la laicidad", donde las confesiones religiosas son corporaciones de derecho público, y no privado, como en España.