El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha comunicado a la coportavoz de Podemos Isa Serra que comienza a ejecutarse su condena, dos años y medio después de la sentencia y más de uno desde que la ratificase el Tribunal Supremo. Esto la inhabilita a presentarse en ninguna lista electoral hasta 2025. 

"Pasarán cinco años y medio (el doble de lo que me impusieron en la sentencia) desde que fui condenada", se ha lamentado Serra en un comunicado emitido por las redes sociales. La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM ha suspendido la ejecución del año y siete meses de prisión a los que fue condenada en abril de 2020, ya que no había cometido delitos previamente y su condena era menor a dos años.

Serra ha calificado el retraso como "parte de la estrategia de los jueces para ampliar más aún el tiempo de inhabilitación", ya que ha pasado más de un año desde que el Supremo ratificase su condena en julio de 2021. La coportavoz de Podemos había renunciado a su escaño en la Asamblea de Madrid un mes antes.

Con este escenario, Serra no podrá formar parte de ninguna lista en la próxima tanda de elecciones que tendrán lugar a finales de 2023 o principios de 2024, ya que su inhabilitación tendrá vigencia hasta septiembre de 2025.

"Todo ese tiempo sin poder ejercer mi derecho a la plena participación política, y después de haber sido condenada sin pruebas (o más bien con todas las pruebas en contra) y a partir de un montaje policial", ha denunciado la coportavoz de Podemos.

Con este retraso judicial, Isa Serra ha perdido al menos un año de inhabilitación si se hubiese ejecutado cuando el Supremo ratificó su sentencia. Una condena que la coportavoz de Podemos ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Este es el lawfare que funciona también en España. Jueces al servicio de intereses políticos y económicos que llevan operando antidemocráticamente contra Podemos desde que nació. Todo para impedir que algunas hagamos política y que impulsemos avances democráticos", concluía su comunicado.

Isa Serra fue condenada por el TSJM a 19 meses de prisión por un delito de atentado por su participación en la protesta para parar un desahucio en el barrio de Lavapiés de Madrid el 31 de enero de 2014.