El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy, con los votos del PP y la abstención de la oposición, una proposición no de ley presentada en la que se pide al Gobierno el cierre de la planta Castor una vez hayan concluido los informes encargados y 'se confirme' su relación con los seísmos en la zona.

Los grupos de la oposición han rechazado la propuesta del PP porque Les Corts ya se pronunciaron de forma unánime contra el cierre del almacén de gas subterráneo en octubre del año pasado y por entender que el Gobierno dispone ya de informes suficientemente concluyentes sobre la relación de esta planta con los seísmos.

La propuesta aprobada contempla pedir a la Generalitat que reclame al Gobierno los informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero y los encargados a expertos independientes 'a medida que estén finalizados'.

También se solicita que 'una vez se confirme la relación causa-efecto entre la inyección de gas y los seísmos' se adopten las medidas necesarias para la paralización definitiva de la actividad de gas y el cierre del proyecto situado frente a las costas de Vinaròs.

Además, se reclama la adopción de las acciones que correspondan para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de la tramitación y explotación de las autorizaciones concedidas.

En opinión del diputado del PP que ha defendido esta propuesta, Mariano Castejón, 'para quienes vivimos en la zona está clara la relación', si bien ha abogado por 'no precipitarse' para 'contar con la base técnica más sólida posible'.

Ha negado que la espera del Gobierno a recibir más informes se justifique en la búsqueda de contradicciones, sino en 'hacer de la forma más segura el desmantelamiento de las instalaciones' y ver cuál es su 'valor residual'.

En su intervención, ha acusado al anterior Ejecutivo socialista de haber sido el 'padre político' del proyecto y de no haber realizado estudios previos a las autorizaciones de esta planta.

Por el contrario, la socialista Ana María Besalduch ha acusado al PP de tener 'amnesia selectiva' y ha recordado que la primera autorización del proyecto la firmó Josep Piqué (ministro con José María Aznar) en 1996, y que el almacén de gas subterráneo empezó su actividad gracias a la autorización del ministro José Manuel Soria, también del PP.

'La gente quiere tranquilidad y respuestas contundentes, y a eso no ayuda Soria ocultando informes. Lo único que tranquiliza es el cierre inmediato de la planta', ha afirmado. Asimismo, se ha preguntado si la Generalitat 'todavía no ha pedido unos informes que ya tiene todo el país'.

Tanto Compromís como Esquerra Unida han coincidido en destacar la responsabilidad conjunta de los partidos mayoritarios en el desarrollo de este proyecto.

Josep María Pañella (Compromís) ha reprochado al PP y PSOE que no hayan actuado con rigor, que no hicieran caso a informes que advertían sobre la peligrosidad del almacén subterráneo de gas y no presentaran alegaciones al mismo.

'¿Para qué nos hacen esperar más si los expertos reconocen que no hay posibilidad de que los nuevos informes contradigan los ya entregados?', se ha preguntado.

Para el diputado de Esquerra Unida Víctor Tormo, PP y PSOE son responsables de 'poner en peligro vidas e integridad de pueblos por generar beneficios empresariales a Florentino Pérez y otros. La 'bomba' del Castor la han puesto entre los dos'.

'El primer permiso lo dio Piqué, Aznar dio por cierto el informe de la propia compañía constructora y el Gobierno de Zapatero ignoró informes que advertían de la peligrosidad y decidió de forma temeraria que no era necesario el informe de impacto medioambiental', ha añadido.

Este diputado, que ha registrado hoy en la Fiscalía de Castellón el estudio del Instituto Geológico y Minero de España sobre los seísmos producidos en el entorno del almacén de gas Castor, ha reclamado el 'desmantelamiento' de estas instalaciones y que los gastos derivados sean sufragados 'por quienes permitieron la construcción de esta bomba de relojería'.