Nueva vuelta de tuerca en el largo enfrentamiento personal que arrastran el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Si la sentencia sobre la Manada les dividió hace escasas semanas -a cuenta de las críticas de Catalá al juez discrepante, del que dijo que tenía un "problema singular"-, esta vez el pulso se sitúa en el impacto de la reciente huelga de jueces. 

La Comisión Permanente del CGPJ ha emitido un comunicado en el que acusa al ministerio de Justicia de originar "un clima de desconfianza institucional" comprometiendo la recopilación de datos en quince comunidades autónomas durante la protesta y obstaculizando "el cumplimiento de los acuerdos dictados por este Consejo" en relación con el paro.

El comunicado tilda de "insólito hasta el momento presente" dicho clima que "compromete la buena marcha de la Administración de Justicia y la percepción que la ciudadanía debe tener sobre el equilibrado funcionamiento de las instituciones”.

Los secretarios de Gobierno -que dependen del ministro de Justicia- se negaron a facilitar los datos que requirieron los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que son nombrados por el CGPJ de Lesmes.

El escrito del Poder Judicial es contundente: "No contribuye a ese buen funcionamiento de la Administración de Justicia la actitud, el comportamiento y las instrucciones que hayan podido impartirse desde el Ministerio de Justicia que han obstaculizado el cumplimiento" de la orden del CGPJ de recopilar los datos sobre el número de actuaciones suspendidas en la jornada de huelga.

El CGPJ anuncia que exigirá al Ministerio de Justicia, a través de Lesmes, que no repita ese tipo de actuaciones tras  "tomar conocimiento del escrito suscrito por los presidentes de dieciséis de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia dando cuenta de la negativa de algunos Secretarios de Gobierno a facilitar información sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales".

La queja remitida al CGPJ ha sido firmada por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y la Región de Murcia.

En esa queja, los presidentes de los TSJ alaban el trabajo de los Secretarios de Gobierno y el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. También lo hace la Comisión Permanente del CGPJ en su acuerdo de este miércoles.

Dichos acuerdos preveían que los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia debían "recabar información oficial y fidedigna sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales".

Los magistrados, junto a los fiscales, protagonizaron una amplia protesta el pasado 22 de mayo para reclamar más medios en la Justicia, en defensa de la independencia judicial y mejoras profesionales.

Las instrucciones fueron "inadecuadas en las formas", explica el comunicado del CGPJ, y "desconocen los mandatos legales referidos a las funciones de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia dirigidas a ejercer todos los poderes encaminados al cumplimiento de los deberes por el personal de los órganos judiciales", tal como contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 160.11).

"Superioridad"

Por su parte, los secretarios judiciales [actuales letrados de la Administración de Justicia] pidieron el pasado 24 de mayo amparo al Ministerio Justicia frente a la "superioridad" desplegada por los presidentes de los TSJ.

La solicitud partió del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia que denunció la "superioridad" mostrada por algunos presidentes de TSJ con un nuevo requerimiento de información con el apercibimiento de la presunta comisión de un delito de desobediencia.

Los secretarios de Gobierno de los TSJ son nombrados por el Ministerio de Justicia, y fueron reemplazados casi en su totalidad cuando Rafael Catalá llegó al poder. Algunos secretarios de gobierno decidieron no facilitar los datos del impacto de la huelga al entender que no era su competencia.