La Ley de Infancia quiere evitar otro caso Iliass Tahiri y prohíbe las sujeciones mecánicas en los centros de menores

El escándalo causado por el caso Iliass Tahiri, un joven de 18 años que murió el 1 de julio de 2019 en el centro de menores infractores Tierras de Oria en Almería mientras varios guardas lo ataban con correas boca abajo de pies y brazos en una cama –una técnica llamada eufemísticamente sujeción mecánica– ha provocado que, este martes, durante la tramitación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, el Senado aprobase una enmienda presentada por el PSOE que prohíbe expresamente esa práctica para contener a los adolescentes en los centros de menores infractores. La ley aún tiene que pasar por el Congreso para entrar en vigor.

De superar definitivamente el trámite parlamentario, la nueva norma modificará el artículo 59 de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, en el que se establecen las medidas de vigilancia y seguridad de los centros en los que se encierra a los infractores. Ese artículo se redacta de nuevo y en su apartado tercero recoge directamente un veto expreso, para que no haya lugar a dudas: "Se prohíbe la contención mecánica consistente en la sujeción de una persona a una cama articulada o a un objeto fijo o anclado a las instalaciones o a objetos muebles".

La nueva redacción permite poner esposas a un menor y otras medidas "físicas de contención", pero estas –esto es otra novedad importante–, cada vez que se apliquen, "deberán ser comunicadas con carácter inmediato al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal".

Las ONG que defienden los derechos del niño, el Defensor del Pueblo y el Comité de Prevención de la Tortura venían reclamando hasta ahora sin éxito este veto a la sujeción mecánica, porque consideran que favorece la tortura y los malos tratos. También los expertos: la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Confederación Salud Mental España y las federaciones catalana y andaluza de Asociaciones de Salud Mental firmaron en junio de 2016 el manifiesto de Cartagena, en el que instaban a la supresión de todas las contenciones mecánicas porque implican "un sufrimiento psíquico traumático" y "pueden romper los vínculos terapéuticos y comprometer el proceso de recuperación".

Abuso de la sujeción

El caso Tahiri está aun hoy en investigación judicial, tras un primer y rutinario archivo. El trabajo, sobre todo, del Defensor del Pueblo y de las ONG que defienden los derechos humanos, más la difusión del vídeo de la muerte por el diario El País, una investigación europea y los testimonios de otras personas que, como Tahiri, pasaron por el centro Tierras de Oria obligó a los senadores a tomarse en serio un asunto, el de contener a jóvenes por la vía de atarlos de pies y manos durante horas a una cama, hasta ahora, semioculto en la penumbra de las celdas de los centros de menores, pero que, según revelan algunos datos disponibles, es común.

Una investigación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito al Defensor, reveló que en el centro en que murió Tahiri se abusaba de la sujeción mecánica. Tres técnicos visitaron por sorpresa en junio pasado, hace casi un año, Tierras de Oria y en un escalofriante informe recogieron lo siguiente: "La aplicación de sujeción parece usarse como un castigo ante una acción de un menor". El Defensor constató que en el centro se practicaban sujeciones mecánicas sin necesidad, cuando "los menores no estaban alterados ni violentos" y con una duración excesiva.

Otro dato parcial que sirve para ilustrar lo común de una técnica prevista permitida hasta ahora por la ley pero solo como último recurso proviene de la Junta de Andalucía. Según sus datos, los centros de internamiento para menores infractores en Andalucía aplicaron sujeciones mecánicas a jóvenes en al menos 360 ocasiones durante 2017 y 2018. En el primer año, fueron 106 chavales diferentes los que soportaron esta práctica; y en el segundo, 121.

Esto supone una sujeción cada dos días y es solo una referencia mínima, porque al menos hasta la muerte de Tahiri, el 1 de julio de 2019, la existencia de libros-registro de estas actuaciones, obligatorios en los centros de reforma, no eran de uso común. En Tierras de Oria, de hecho, no existía, según un informe del Defensor del Pueblo. Por tanto, pueden ser más.