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Ley de Memoria Democrática El Consejo Fiscal avala la Ley de Memoria Democrática

El voto de la fiscal general, Dolores Delgado, ha sido determinante para superar el empate existente. Los vocales de la Asociación de Fiscales, de corte conservador, presentaban un texto alternativo que pone serios reparos a la norma.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pronunciando una conferencia el día 20 de abril.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pronunciando una conferencia el día 20 de abril. Rodrigo Jiménez / EFE

El Consejo Fiscal ha aprobado este jueves, con un ajustado apoyo del bloque progresista de este órgano, un informe favorable al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que el voto de la fiscal general, Dolores Delgado, ha sido determinante para superar el empate existente.

Los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, presentaban un texto alternativo que pone serios reparos a la norma impulsada por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Entre otros motivos, por la indefinición que la ley da a la labor que deben realizar los fiscales en este ámbito, ya que no queda muy claro si tendrán una función tuitiva (de amparo a las víctimas), supervisión de organismos públicos o de tipo penal, según fuentes de este sector.

Así las cosas, el texto que avala la ley ha recibido el apoyo de los cuatro vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), del jefe de la Inspección Fiscal -miembro nato-, y de la fiscal general, que ha desecho el empate existente frente a los cinco votos en contra de los vocales de la AF. No estaba presente, por un tema de salud, el teniente fiscal del Supremo, también miembro nato.

Entre otros aspectos, la ley contempla la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; o la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos, además de la significación del Valle de los Caídos, de donde saldrán los benedictinos.

Adaptación a compromisos internacionales

El texto que ha salido adelante, elaborado por la Secretaría General Técnica, valor valora positivamente la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a los compromisos y obligaciones internacionales asumidas por España en esta materia. Sus precedentes se encuentran en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre -conocida como "Ley de Memoria Histórica"- y en la prolija legislación autonómica.

La norma pretende "fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo"

Pretende, según su Exposición de Motivos, "fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana", y proporcionar una reparación integral de las víctimas mediante el desarrollo de "las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que han sido objeto de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos al Estado".

Además, a juicio de la Fiscalía, sitúa a la Administración General del Estado en la posición de garante, asegurándose así, en condiciones de igualdad, una misma respuesta en toda España a los derechos a la verdad, a la justicia y a una reparación integral de las víctimas, al desarrollo de las medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de sus derechos y a evitar con ello la repetición de hechos similares.

Se destaca igualmente que el Anteproyecto crea la figura de un Fiscal de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al que también se atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

La creación de este Fiscal de Sala supone, a juicio del Consejo Fiscal, una novedad y una oportunidad de mejora en la especialización de la carrera, abordando la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Permite, por ejemplo, la delegación de la fiscal general, a través de su vinculación directa, en aspectos de representación institucional, unificación de criterios de actuación y coordinación de una respuesta institucional en materia de Derechos Humanos. Asimismo, se ordenan estatutariamente las relaciones con el Defensor del Pueblo.

Voto discrepante

Los vocales de la AF emitirán un voto particular discrepante en los próximos días. Por el momento, la asociación ha hecho público un comunicado en el que explican que desde "la sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica. Los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal".

Así, consideran que corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. "Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación penal", insisten los fiscales de esta asociación.

La asociación de fiscales conservadores cree que "la redacción de la norma es confusa

Los miembros de la AF añaden, respecto a la ley, que "la redacción de la norma resulta confusa, calculadamente ambigua y contradictoria del Anteproyecto debe ser rechazada en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas, y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal. Por ello, es este contexto, la creación de una Fiscalía de Sala resulta absolutamente innecesaria".

Por último, añaden que "las personas físicas y asociaciones que representan a familiares de desaparecidos y fallecidos durante la guerra civil, y los años de posguerra tienen derecho al descubrimiento de la verdad, a conocer su situación, el lugar de enterramiento y las circunstancias de su fallecimiento". Así, insisten en que la Administración General del Estado debe poner todos los recursos necesarios para satisfacer el derecho a la verdad, realizando investigaciones eficaces y garantizando recursos efectivos y de reparación".

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