Ley de Memoria DemocráticaEl Gobierno estudia reclamar a la Fundación Francisco Franco más de 30.000 documentos de la dictadura

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, ha confirmado este miércoles que el Gobierno está estudiando la posibilidad de reclamar los documentos que mantiene la Fundación Nacional Francisco Franco sobre la dictadura, pero ha avisado que esta solicitud se haría en el marco de la ley de Memoria Democrática.

Así lo ha dado a conocer José Antonio Montilla durante su comparecencia en la Comisión Constitucional tras una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet. En este sentido, el secretario de Estado ha explicado que son los Ministerios de Cultura y Deporte y el de Presidencia los encargados de estudiar esta posibilidad.

En el caso de conseguirse estos documentos, tal y como está estudiando el Gobierno, se integrarían en el centro documental de la memoria histórica, según se recoge en el proyecto de ley de Memoria Democrática que ha puesto en marcha el Ejecutivo.

Montilla ha precisado que el Gobierno posee una copia digital de los documentos que tiene en su poder la Fundación Nacional Francisco Franco y que se ha realizado por el Ministerio de Cultura a partir de los documentos microfirmados, pero que estos textos no se encuentran digitalizados.

Estos documentos "sirvieron en muchos casos para asesinar y reprimir" durante la dictadura, denuncia el senador de Compromís Carles Mulet

Eso sí, hasta el año 2011 se desconocía el contenido de estos documentos y la procedencia de los mismos y ha sido a partir de 2018 cuando, según ha explicado, el Ejecutivo se ha planteado la posibilidad de reclamar estos textos.

El parlamentario de Compromís ha cifrado en más de 30.000 los documentos que fueron "acaparados durante la dictadura" y que, según denuncia, "sirvieron en muchos casos para asesinar, reprimir". También recuerda que entre 2002 y 2003 la Fundación recibió más de 15.000 euros de dinero público para digitalizar esta documentación, que todavía mantiene.

Reivindica la actuación parlamentario del Gobierno

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha comparecido esta mañana en el Senado para cumplimentar varias respuestas a distintas iniciativas parlamentarias escritas de los grupos de la Cámara que habían quedado pendientes y que se han convertido en orales en esta Comisión Constitucional.

De este modo, Montilla ha defendido el control parlamentario que, a su juicio, está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez y lo ha comparado con los anteriores Ejecutivos como la Administración de Mariano Rajoy.

Sin embargo, los grupos parlamentarios se han quejado de que muchas de sus preguntas no fueran respondidas y en este sentido el más crítico con el Gobierno de coalición ha sido el senador Carles Mulet que ha reprochado en varias ocasiones que las cuestiones no fueran debidamente respondidas.

Preguntas sobre el rey emérito y el estado de alarma

La Comisión Constitucional ha servido para que el secretario de Estado pudiera responder algunas de las preguntas que los grupos le habían hecho durante estos primeros meses de la legislatura y en este sentido se ha hablado sobre el estado de alarma a colación de una batería de cuestiones que ha planteado el Partido Popular.

"¿El Gobierno considera que durante el estado de alarma se está respetando el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución?", era una de las preguntas que ha realizado el grupo dirigido por Javier Maroto y que ha sido respondida por Montilla defendiendo el estado de alarma como un marco jurídico ante esta situación sanitaria.

Por su parte, desde ERC han preguntado al secretario de Estado si conocían el plan del rey Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera de España, a lo que Montilla ha contestado que las conversaciones entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son "confidenciales".

Eso sí, ha precisado que el rey emérito "no se ha fugado" como ha dicho la senadora de ERC y que los actos del monarca Juan Carlos I "no requieren refrendo alguno puesto que no desarrolla ninguna función constitucional tras su abdicación como jefe del Estado".