La presentadora de Telecinco Ana Rosa Quintana, desde su programa de máxima audiencia el pasado abril, avanzaba que con la ley de vivienda del Gobierno los okupas que "no pagan IVA ni IBI, lo tendrán un poquito más fácil". El periódico La Marea publicaba esta semana un investigación que concluye que Quintana es propietaria de 44 pisos turísticos, una actividad afectada por la norma que criticó desde su plató de televisión.

Para Podemos este se trata de "un caso evidente de conflicto de intereses" y, para hacer públicos y denunciar este tipo de casos, la formación morada trabaja en una ley. En concreto, la principal reforma que se plantea es la de que los presentadores y directivos de medios de comunicación tengan la obligación de hacer públicos sus intereses económicos, al igual que sucede en el caso de los cargos públicos.

A juicio de los de Ione Belarra, los directivos de los medios y presentadores, al igual que los políticos, "pueden enfrentarse a conflictos de intereses que pongan en peligro el acceso constitucional a una información veraz por parte de los ciudadanos".

"Las personas con gran poder mediático tienen la capacidad de orientar a la opinión pública, a veces no para proporcionar información veraz, sino para condicionar la toma de decisiones legislativas y ejecutivas de forma que beneficien sus propios intereses económicos privados", señalan desde el partido.

La norma no afectaría a todos los directivos y presentadores por igual, sino que va dirigida a los presentadores y directores de programas con algún contenido político en los grandes medios de comunicación, los de los informativos, y los miembros de los consejos de dirección y los propietarios de una "cantidad significativa de participaciones" en los mismos, apuntan desde Podemos.

Todas estas personas tendrán la obligación legal de publicar sus participaciones en cualquier tipo de sociedades, cotizadas o no, especificando la actividad económica que desarrollan e incluyendo muy especialmente empresas que trabajan en sectores estratégicos, como la energía o la alimentación, empresas que operen en áreas que afectan a los derechos fundamentales, como la sanidad, la educación, los cuidados o la vivienda, y empresas que facturen una parte importante de sus ingresos a la administración pública.

También deberán indicar cualquier facturación que lleven a cabo de forma directa o indirecta con otras empresas o con la administración pública, aseguran fuentes de la formación morada.