El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, no ha querido entrar en polémicas ni en discrepancias concretas sobre los reproches lanzados por distintos dirigentes de Unidas Podemos sobre la elaboración de la futura Ley de Vivienda que, en principio, está previsto  que llegue al Consejo de Ministros durante el mes de marzo.

Fuentes del Ministerio consultadas por Público aseguran que sigue siendo objetivo "claro y prioritario" sacar adelante esta ley para garantizar "la función social de la vivienda y el derecho a una vivienda digna y adecuada". Por ello, aseguran las citadas fuentes, "se sigue trabajando y perseverando para alcanzar un acuerdo". 

Desde este ministerio se insiste en que tras una década de abandono en esta materia, el Gobierno ha decidido "poner la vivienda en el centro de sus políticas" y que en ello se está trabajando intensamente: "Estamos ante una oportunidad histórica de sacar adelante una ley estatal de Vivienda por primera vez en democracia", aseguran.

Pese a las discrepancias entre los socios de Gobierno, en cuyos detalles no quiso entrar el Ministerio de Transportes, siguen manteniendo el compromiso de que llegue en marzo a la mesa del Consejo de Ministros y pueda ser aprobada en el Parlamento antes del verano. 

Sin embargo, el calendario parece bastante apretado, ya que el PSOE y Unidas Podemos están en la actualidad, según han avanzado los de Pablo Iglesias, muy lejos del acuerdo. En la formación morada aseguraban estar sorprendidos con que, después de que pusieran sobre la mesa una propuesta hace cuatro meses acerca de la regulación de los precios del alquiler, los socialistas no se hubieran pronunciado ni hubieran realizado una contrapropuesta.

Hasta el momento los equipos del Ministerio de Transportes y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales (los encargados de redactar la Ley de Vivienda en calidad de "coproponentes", según se pactó en el acuerdo de los Presupuestos Generales de 2021) han mantenido dos reuniones. El primer encuentro fue de carácter genérico, y se desarrolló en base a la buena sintonía que mantenían ambas partes.

Posiciones alejadas y propuestas sin respuesta

Sin embargo, en la segunda reunión, en la que ya se abordaron cuestiones de fondo, se constató que las negociaciones no serían fáciles, dada la distancia que separa al PSOE y a Unidas Podemos en varios temas cruciales de la ley. En concreto los de Iglesias consideran que la falta de voluntad política de los socialistas está frenando el cumplimiento del acuerdo de Gobierno, negándose o ignorando la gran mayoría de las propuestas que ha puesto Unidas Podemos encima de la mesa a través de la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra.

Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales se han planteado cuatro propuestas concretas para redactar la nueva ley en materia de vivienda: la limitación y regulación de los precios del alquiler en las denominadas zonas tensionadas; la prohibición de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional (un supuesto prohibido en la actualidad, pero ligado al estado de alarma, cuya fecha de expiración está prevista para mayo); que los grandes fondos de inversión propietarios de vivienda y la Sareb cedan sus inmuebles a los parques públicos de las comunidades y los ayuntamientos para que la ciudadanía pueda acceder a ellas en régimen de vivienda protegida y de alquiler social; y la creación de un impuesto que grave las viviendas vacías a partir del cuarto inmueble.

Según fuentes de Unidas Podemos existirían desacuerdos con el PSOE en todos estos puntos, ya que los socialistas estarían apostando por otras vías, como por ejemplo construir más inmuebles en lugar de forzar el cese de viviendas por parte de los fondos buitres y de la Sareb (una sociedad participada en más de un 45% por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

Este lunes se ha referido a las negociaciones sobre la Ley de Vivienda la portavoz de Podemos Isabel Serra, que ha dejado claro que este asunto es una de las prioridades para Unidas Podemos desde su nacimiento y ha advertido a los socialistas de que en el marco del conflicto de intereses que a su juicio se da entre la ciudanía y los grandes fondos de inversión no se pueden escoger ambos bandos: "Tiene que ver con el poder de los grandes fondos buitre y grandes constructores en este país. Hay que ser valientes y decir si se está con los grandes fondos buitre o con las familias. No se pueden defender los dos intereses al mismo tiempo".

Serra ha recordado que la regulación de los precios del alquiler es un compromiso suscrito tanto en el acuerdo de coalición como en el pacto por el que se aprobó el anteproyecto presupuestario: "Hay algunas cuestiones sobre las que falta concretar y debemos hacer propuestas los dos partidos. La regulación de los precios del alquiler estaba comprometida y no se está avanzando por la otra parte con la que tenemos que llegar a un acuerdo para ponerlo en marcha".

Sobre el cumplimiento de los plazos para que la ley pueda presentarse en marzo y aprobarse antes del verano, la portavoz de Podemos ha querido dejar la pelota en el tejado socialista: "Es una pregunta que se le tiene que hacer al PSOE. Estamos demostrando que tenemos interés en que se haga en base al acuerdo, trabajando para que así sea y que se cumpla el acuerdo de gobierno", ha concluido.