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Libertad de expresión La PDLI defiende que jueces y fiscales opinen sobre la crisis del coronavirus

La organización considera que "esta previsión se aplica solo a las actuaciones en el ejercicio de las funciones de fiscal y no supone una restricción a la libertad de opinión y de expresarse por cualquier medio, incluida la prensa".

La fiscal del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal y al magistrado Joaquín Bosch.
La fiscal del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal y al magistrado Joaquín Bosch.

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La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha apoyado el derecho de jueces y fiscales a expresarse sobre temas de actualidad y ha rechazado los ataques a la fiscal del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal y al magistrado Joaquín Bosch por opinar sobre la gestión de la crisis de la coronavirus.

En un comunicado, la organización presidida por la directora de Público, Virginia Pérez Alonso, afirma que el derecho a la libertad de expresión también ampara a jueces y fiscales e incluye la posibilidad de opinar de cuestiones de actualidad. 

Por ello estima que "los ataques que han sufrido en los últimos días Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, y Joaquín Bosch, exportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, a causa de sus valoraciones sobre la gestión de la crisis del coronavirus son rechazables".

La PDLI entiende que es "peligroso el escrito que la Red de Abogados Demócratas (FAI-RAD) ha presentado ante la Fiscalía General del Estado solicitando que se abra expediente disciplinario a Madrigal tras la publicación de una tribuna de opinión en el diario El Mundo sobre la limitación de derechos durante el estado de alarma titulada La sociedad cautiva".

Recuerda que, según este colectivo de abogados, "Madrigal podría haber incurrido en una falta grave tipificada en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ya que en el mismo se prohíbe dirigir a los poderes, autoridades, funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos invocando la condición de fiscal o sirviéndose de esa condición".

Sin embargo, la PDLI considera que "esta previsión se aplica solo a las actuaciones en el ejercicio de las funciones de fiscal y no supone una restricción a la libertad de opinión y de expresarse por cualquier medio, incluida la prensa". Por tanto, añade, esta petición de sanción "no solo supone una amenaza" para la exfiscal general del Estado sino también "para cualquier fiscal que quiera pronunciarse libremente sobre cualquier asunto".

De la misma manera, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información rechaza de plano las críticas que ha recibido Joaquín Bosch por pronunciarse sobre cuestiones de la actualidad política.

Asimismo, señala que "a los profesionales de la Administración de justicia también les ampara el derecho a la libertad de expresión pues lo contrario sería suponer que jueces y fiscales, por el hecho de serlo, tienen suspendidos sus derechos civiles, algo inaceptable, innecesario y desproporcionado para garantizar el correcto desempeño de sus funciones".

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