José Antonio Martín Pallín ha desarrollado su profesión entre el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo. Ahora, el magistrado emérito ha aprovecha su gran experiencia temporal y material para analizar en profundidad el conflicto catalán y su contexto en su nuevo libro El gobierno de las togas.

El propio Martín Pallín explica en su ensayo que su trabajo le ha permitido enriquecer sus conocimientos y su sensibilidad ante los conflictos humanos. "Mi formación jurídica y mi pasión por la democracia son los dos factores que me han llevado a escribir este libro", declara en El gobierno de las togas.

En esta obra analiza tanto las medidas políticas tomadas por el Gobierno como por el Supremo, un órgano jurisdiccional que el autor critica en su libro porque, según dice, no comprende "cómo el Tribunal Supremo de un Estado democrático puede criminalizar iniciativas políticas, arrogándose competencias que nunca debieron utilizarse para hacer frente al conflicto catalán".

Martín Pallín pone como ejemplo el procés para poder explicar cómo poco a poco se están borrando las líneas divisorias entre los distintos poderes, vulnerando la esencia de la democracia.

Al inicio del libro, explica que ha usado su experiencia como magistrado para analizar en profundidad el conflicto catalán, ¿cuál ha sido su motivación para escribirlo ahora y no antes?

Este libro está suscitado fundamentalmente por el hecho de haberse admitido una querella por delito de rebelión contra la presidenta de un parlamento que representa la soberanía popular, contra el presidente de un gobierno, que también está revestido por la soberanía popular, y además seguida de una prisión preventiva, absolutamente arbitraria según el grupo de trabajo de Naciones Unidas. Estos acontecimientos me han llevado a considerar que esa decisión supone un grave peligro para la división de poderes y por extensión, para la democracia. 

Además del conflicto catalán, ¿hay otros ejemplos que explican la vulneración de la esencia de la democracia?

Por supuesto, y curiosamente los que voy a citar se refieren a políticos vascos y catalanes. No he encontrado ninguna otra resolución parecida de políticos de otras autonomías o del Gobierno central. 

El caso Atutxa es más clamoroso, porque el presidente del Parlamento de una comunidad autónoma no solamente actuó conforme a la legalidad sino que en dos ocasiones fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; el Ministerio Fiscal no recurrió la absolución, pero la recurrió un sindicato llamado Manos Limpias. Y basándose exclusivamente en la acusación de Manos Limpias se hizo la sentencia que le condenó por desobediencia y le inhabilitó para ejercitar sus funciones, en contra de la voluntad popular. 

Este caso llegó a Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que aseguró que Atutxa no había tenido un juicio justo y equitativo. Nadie ha objetado nada a esta decisión, y me parece muy peligroso. 

También está el caso de Artur Mas, condenado por el Tribunal Superior de Justicia y confirmado por el Supremo, privándole de su condición de parlamentario. 

Y por último, el presidente Quim Torra, por un cuestionable delito de desobediencia dentro de una democracia y que también le ha privado de su condición de presidente, vulnerando con ello el acuerdo del Parlamento que lo habría nombrado. 

En relación con el 'procés', ¿qué opina del eventual indulto a los políticos presos?

Uno de los pasajes del libro es lo que yo llamo "medidas paliativas". Sostengo que la solución amplia no abarcaría solo a los condenados, sino que debería abarcar a todo lo sucedido en Catalunya desde 2012 o 2014, en relación con el referéndum consultivo, y sobre todo lo sucedido en el 1 de octubre, en una fecha en la que hay miles actuaciones judiciales abiertas contra alcaldes y contra personas que intervinieron en las mesas electorales (los llamados manifestantes que solo pretendían votar); y, paradójicamente, hay también procedimientos abiertos contra miembros de la Policía y de la Guardia Civil por exceso del uso de la fuerza. 

Todo este conglomerado, que abarca bastante tiempo, podría ser objeto de una ley de amnistía. Pero en todo caso, y concretamente con los condenados, el indulto es una solución para que puedan salir de la cárcel; ahora bien, privados de sus derechos políticos, en el sentido de que no podrían presentarse, por ejemplo, a las próximas elecciones, si no se les indulta también de la pena de inhabilitación. 

Pero desde mi punto de vista particular, el indulto soluciona una situación personal, pero no soluciona el conflicto político. 

En su libro propone las actuaciones que se deberían haber seguido tanto por el Gobierno nacional como por el juzgado ¿por qué cree que no se han seguido las vías adecuadas desde la aparición del conflicto catalán?

Porque nadie ha querido políticamente enfrentarse a ello. El conflicto, como también digo en el libro, viene de largo. Se puso en relieve con gran conflictividad en la República, en la declaración de independencia de Lluís Companys, luego se reprimió durísimamente, hasta el punto de poner sanciones por hablar en catalán, y se ha enquistado; y los políticos modernos no han sabido o no han querido hacerle frente. 

Y al hablar de los políticos actuales me refiero tanto a los no independentistas como a los catalanes independentistas, que también tienen su obligación o responsabilidad de buscar una solución. 

¿Cómo se han tomado esta crítica sus compañeros del Tribunal Supremo?

No he hablado en profundidad con todos ellos, a algunos sí les he dicho personalmente que la posición jurídica que sostengo en el libro hubiera sido mi voto disidente. 

Se centra en la falta de división de los poderes ¿Cómo afecta a la población y a las libertades?

Directamente parece que a la población no la puede afectar de una manera personalizada, por decirlo de alguna manera, o colectiva, pero es evidente que un desconocimiento del principio de división de poderes deteriora la calidad democrática, y al final termina repercutiendo sobre los ciudadanos.