En nombre de todos los populares vascos, quiero agradecerte la colaboración que nos has prestado a la hora de confeccionar nuestras listas electorales para las pasadas elecciones municipales y forales en el País Vasco. Nunca olvidaremos tu generosidad y tu solidaridad. María San Gil'.

Así se dirigía, en una carta firmada, la ahora ex presidenta del PP de Euskadi a Uxía (nombre supuesto) el 29 de junio de 2007. La misiva constituiría un hecho anecdótico de no ser porque su destinataria, residente en el pequeño municipio pontevedrés de O Grove, nunca ha estado afiliada al PP ni dio en ningún momento su consentimiento al partido para que la incluyera en las candidaturas el País Vasco.

Cuatro fueron los vecinos de la localidad pontevedresa que emprendieron, en julio del año pasado, acciones judiciales contra los responsables municipales del PP que supuestamente falsificaron sus firmas y facilitaron sus DNI para incorporarlos a la causa vasca. Aunque se desconoce el número exacto de afectados, se baraja que solo en O Grove rondan la veintena. Otros dos vecinos más de la cercana localidad de A Illa también recibieron la carta delatora.

'Me quedé de piedra. En un primer momento pensé que habían hecho una especie de buzoneo aleatorio con la gente de mi generación', explica una de las afectadas, que prefiere mantener el anonimato, 'pero al comprobar que en mi grupo de amigos nadie más la había recibido, seguí indagando hasta que al comentarlo en el trabajo, me encontré con que cinco de mis compañeros también habían recibido la misma carta', explica.

En el momento de los hechos, tanto esta persona como el resto de denunciantes, trabajaban en el Grupo Municipal de Intervención Rápida (Grumir) dependiente del Ayuntamiento de O Grove -entonces en manos del PP, ahora gobernado en coalición por PsdeG-BNG-IU-PG-. De ahí, que desde un primer momento la investigación por la supuesta falsificación electoral se centrase en el personal del Grumir y en los responsables locales del partido. Entre los imputados se encuentran el ex alcalde del municipio y presidente de la agrupación local del PP, Miguel Ángel Pérez, uno de sus ediles -acusado de tramitar las solicitudes-, y dos trabajadoras municipales, imputadas por darles curso y falsificar las firmas.

'Hay gente que recibió la carta pero que la tiró. Yo me niego a dejarlo pasar, sin más. Me he visto salpicada por un turbio asunto político en el que yo no me metí y exijo saber quién está detrás de todo esto', explica ofuscada.

Mientras Uxía y el resto de denunciantes aguardan una sentencia, la Agencia Española de Protección de Datos ha multado al PP con 60.101,21 euros por la inclusión de los voluntarios 'sin consentimiento de los afectados'. El organismo concluye de este modo que los conservadores cometieron una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. En contra de la argumentación esgrimida por los de Rajoy, que aseguraban que 'no existía responsabilidad imputable a su organización', ni tan siquiera a la organización de O Grove, Protección de Datos ha respondido que 'los responsables territoriales del partido son los encargados de la elaboración de las listas'.

En su defensa, el presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo ha manifestado estos días que el partido 'actuó de buena fe'. Menos complaciente se muestran en el BNG, cuyo portavoz en el Ayuntamiento de O Grove, Carlos Álvarez, exige 'responsabilidades políticas' para los imputados que 'continúan en la Corporación municipal' a pesar de haber 'vulnerado un principio democrático'.

Es habitual que el PP vasco recurra a 'voluntarios' para completar sus listas, especialmente en los municipios más pequeños. Tradicionalmente, los conservadores gallegos han contribuido a ello de buen grado hasta el punto de que en las municipales de mayo 2007 lograron reunir unas 400 candidaturas.