El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles por amplia mayoría absoluta la nueva ley educativa (Lomloe), que derogará la Lomce, conocida como ley Wert, contestada en las calles por los recortes que ha traído consigo. La denominada ley Celaá, que ha cosechado 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones, se ha despachado en la Cámara Alta por medio de una tramitación exprés (un mes), y no ha incorporado enmiendas al texto, por lo que no volverá al Congreso. PP, Cs, Vox y UPN han vuelto a verter mentiras sobre la reforma legislativa, la octava en democracia, a cuenta del castellano, la concertada, los centros especiales y la asignatura de Religión y han ratificado su compromiso de llevarla al Tribunal Constitucional.

Para estos grupos, es una "ley que nace muerta", por eso los vetos presentados por PP, Cs y UPN a la norma -también han sido rechazados- son una "declaración de intenciones", en relación al recurso anunciado por estos partidos. "Hoy comienza el fin de esta pesadilla para millones de españoles", ha señalado el portavoz popular Pablo Ruz para después añadir: "Seremos el dique de contención de la nueva ley". Por su parte, Lorena Roldán, senadora de Cs, ha criticado que la reforma defienda la educación pública "a costa de la concertada". 

El senador de Más País, Eduardo Rubiño, ha ironizado sobre el discurso "épico" de estos grupos, "cargado de mentiras" sobre una "amenaza fantasma". "Cuanto más mienten al respecto de esta ley, más motivos nos dan para apoyarla", ha apuntado. Al mismo tiempo, ha reprochado al PP que hable de consenso cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la ley Wert con el único voto a favor del PP en 2013, momento en el que este partido ostentaba la mayoría absoluta.

Si bien, este senador se ha sumado a las críticas de muchos grupos de la Cámara Alta por la "brevedad de los trámites" de la reforma educativa en esta institución. Además de esto, los diferentes portavoces han criticado que PSOE, ERC y PNV hayan rechazado las casi 700 enmiendas al texto, tanto en la comisión de Educación como en el Pleno de este miércoles. En concreto, Rubiño ha lamentado que no se incluya la asignatura de Ética en cuarto de la ESO, como sostenía una de sus 83 correcciones a la ley. "Si el Senado no enmienda las leyes, no entendemos qué hacemos aquí", ha reflexionado.

"El anhelo de un país justo y democrático, es que un niño o una niña vulnerable que entra en una escuela, salga de ella sin serlo", ha relatado la portavoz socialista Inés María García Plaza parafraseando a la titular de Educación, que ha estado presente en la Cámara Alta este miércoles. "Con la Lomloe, ministra, lo vamos a conseguir", ha zanjado.

Durante los meses de tramitación parlamentaria, esta ley educativa, como las anteriores, no ha estado ajena a la polémica y tampoco ha contado con el respaldo de todos los grupos del arco parlamentario, pero sí ha salido adelante con el apoyo de la mayoría absoluta de las dos cámaras, un requisito indispensable para un proyecto de ley orgánica como este. Asimismo, el PP, Vox y Cs han aunado fuerzas con la plataforma Más Plurales, que agrupa a asociaciones de la escuela concertada, privada y católica, para salpicar de falsedades e impreciones las medidas de la ley Celaá, que pretende blindar la inmersión lingüística, defender la igualdad y apuntalar la escuela pública. 

El castellano no desaparecerá, pues el cuerpo de la ley propone eliminar que el este idioma, hablado por 400 millones de personas en todo el mundo, sea lengua vehicular en las aulas, un concepto que introdujo la ley Wert. Aunque la reforma educativa pretende apostar por la escuela pública, la nueva ley no acabará con los centros concertados, solo los regulará a cambio de que sigan recibiendo fondos públicos. Además, esta ley garantizará que las familias tengan "libertad de elección de centro".

Asimismo, en ningún punto del texto de la ley recoge que los centros especiales desaparecerán, al contrario de lo que la derecha ha sostenido en los últimos meses. Por otra parte, la asignatura de Religión seguirá siendo de oferta obligatoria, pero de elección voluntaria, y no computará para la nota media ni contará para el acceso a la Universidad ni para la obtención de becas.

La reforma educativa pretende poner fin a la segregación escolar, esto es, acabar con los colegios gueto, un gran reto al que se enfrenta el sistema educativo del Estado español ante los diferentes avisos de la Unión Europea sobre el aumento de la desigualdades sociales en las aulas.

Así las cosas, el Senado cierra este año 2020 su periodo de sesiones con el aval a esta ley, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, las comunidades autónomas serán las que decidan cuándo desarrollar esta reforma dentro de su propia legislación.