El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras conocerse la sentencia de La Manada, anunció que ha encargado a la Comisión General de Codificación un estudio para las reformas legales en el ámbito penal de las agresiones sexuales, después de la polémica sentencia que condena a los cinco miembros de  la denominada La Manada por un delito de abuso y no por agresión sexual. Pero se da la circunstancia de que dicho órgano está compuesto casi exclusivamente por hombres, y la presencia de mujeres juristas es insignificante.

Según los datos que la web informativa de dicha Comisión, el 100% de los miembros natos de este órgano son hombres (7 de 7, incluyendo al presidente) y de los cien vocales que también están adscritos solo 14 son mujeres. 

Y más concretamente, la sección cuarta de Derecho Penal de dicha comisión del Ministerio, que será la que revise los delitos sexuales, está conformada por 20 hombres y ninguna mujer. En concreto, los vocales de esta sección presidida por Esteban Mestre, son: Luis Arroyo, Javier Boix, Manuel Cancio, Juan Carlos Carbonel, Juan Córdoba, Carlos García, Enrique Gimbernat, José Luis González, Francisco Hernández, Gustavo Lescure, Borja Mapelli, Javier Moscoso, Francisco Muñoz, Ricardo Pellón, Enrique Peñaranda, Miguel Polaino, Gonzalo Quintero, Gonzalo Rodríguez y Jesús María Silva.

En el resto de secciones de esta comisión (Derecho Civil, Mercantil, Público y Procesal) sí hay mujeres, aunque en menor proporción al número de hombres.

Órgano de asesoramiento

La Comisión General de Codificación es un órgano superior colegiado de asesoramiento al Ministerio de Justicia y está encargado, entre otras cosas, de la preparación de los textos prelegislativos y reglamentarios, así como de cualquier otra tarea que se le encomiende para la tutela del ordenamiento jurídico.

El hecho no ha pasado desapercibido para la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, quien prepara ya una proposición no de ley para revertir con urgencia esta composición y que se incorporen mujeres juristas a estos trabajos.

La diputada, además, reclama que se cumpla la ley de igualdad, que exige una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos de la Administración General del Estado y en sus designaciones de miembros de órganos colegiados. 

Para Álvarez, además, resulta “sorprendente” que no se encontrasen más mujeres que cumplieran los requisitos, que consisten en tener 15 años de experiencia de dedicación científica al Derecho o ejercicio profesional en el ámbito jurídico. Además, la diputada socialista recuerda que actualmente, las jueces y magistradas en activo suponen más del 53% de la Carrera Judicial.

53% de mujeres jueces y magistradas

Álvarez indicó que en la proposición no de ley quieren reclamar que, dado que el Ministerio tiene margen para nuevos nombramientos, “debe incorporar ya a la comisión a mujeres expertas en derecho antidiscriminatorio y en violencia de género”, afirmó.

Hay que recordar que todos estos nombramientos corresponden directamente al ministro de Justicia y el único requisito son los quince años de ejercicio profesional antes citado.

La diputada insistió en que es necesario encontrar especialista en la materia para abordar esta reforma en profundidad, ”dada la insuficiente formación de Sus Señorías sobre las dinámicas coercitivas que se usan contra las mujeres, y que sin nuevos instrumentos penales no encontrarán el reproche penal que la sociedad exige”, afirmó.