Francisco Serrano ha sido juez de familia y es hoy abogado en ejercicio, además de presidente del grupo parlamentario de Vox. Fue condenado por el Tribunal Supremo -luego rehabilitado por el Tribunal Constitucional- por un delito de prevaricación dolosa -dictar una resolución injusta a sabiendas- al modificar el régimen de visitas de un niño para que pudiera asistir a una procesión con su padre.

Se afilió a Vox en 2014, pocos meses después de que Santiago Abascal lo fundara. Se puede decir, por tanto, que Serrano es un miembro ‘pata negra’ de Vox. El exmagistrado ha sido dos veces su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, su cabeza de cartel. La primera vez fue en 2015, y Vox obtuvo poco más de 18.017 votos. La segunda ocasión fue el 2 de diciembre pasado, cuando el partido de ultraderecha -ausente de las instituciones desde la Transición- pegó un campanazo y obtuvo casi 400.000 votos y doce escaños decisivos para la formación de Gobierno y su estabilidad.

Serrano se convirtió de la noche a la mañana en un valor muy importante para Vox y su resultado en Andalucía en la cuña con la que iniciar lo que dieron en llamar “la reconquista”. Sin embargo, apenas seis meses después, Serrano está en el alambre, en una situación muy compleja, cuestionado por sus compañeros debido a su errático comportamiento, y a unos comentarios impresentables y completamente fuera de la realidad a la sentencia llamada de La Manada, por la que cinco violadores fueron condenados a quince años de cárcel.

Serrano publicó en su cuenta de Facebook un post, que borró finalmente, tras modificarlo al menos una vez, repleto de barbaridades entre las que estaban las siguientes perlas: "Desde ahora, la diferencia entre tener sexo gratis y pagando, es que gratis puede salir más caro”; "Es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres”; "Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer, podría terminar con el impotente en prisión”.

El texto se convirtió en viral, incendió las redes, causó la repugnancia general y, tuvo, como consecuencia, un coste político para Vox, cuya posición política al respecto de La Manada es antifeminista y xenófoba, pero se expresa -en su cuenta de Twitter- en unos términos muy diferentes a los utilizados por Serrano.

Por un lado, Vox opina: “Máximo respeto a la labor de los jueces: los del Tribunal Supremo, los del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y los de la Audiencia que juzgó a la Manada en primera instancia, incluido el juez del voto particular, Ricardo González, víctima de una campaña de acoso”.

Por otro, afirma: “Vox es el partido que más defiende a las mujeres. Somos el partido de la ley y el orden, el único que propone cadena perpetua para asesinos y violadores reincidentes. Cualquier mujer preocupada por su seguridad sabe que Vox es el partido que más va a velar por ella”.

Y, por último, considera: “No entendemos el manto de silencio impuesto por medios, políticos y feministas supremacistas en torno a las más de cien manadas que han actuado en España desde que empezó este juicio, en su inmensa mayoría formadas por inmigrantes y menas”.

Opiniones personales

Al principio, en medio del escándalo, Vox redujo las palabras de Serrano a meras opiniones personales, pero este miércoles, lo amenazó con echarlo del partido después de que el exmagistrado decidiese quitarse de en medio, al menos hasta septiembre, con un errático comunicado en el que decía que se cogía la baja debido al “linchamiento” que estaba sufriendo y en el que acusaba a un ‘misterioso’ colaborador -hay quien cuestiona su existencia, aun en Vox- de haber escrito el post que le ha llevado a estar contra las cuerdas.

Serrano, de quien algunos de sus compañeros piensan que tiene un carácter más bien blando, manipulable, ya comenzó a dejar la primera línea de Vox al renunciar hace unos meses a la portavocía en el Parlamento, que el partido dejó en manos de Alejandro Hernández, presidente de Vox en Córdoba, abogado, un tipo serio, frío, que mide muy bien las palabras que usa y que es desde entonces quien defiende públicamente las posiciones de Vox. Hernández fue el encargado de amenazar con el ‘despido’ a Serrano esta misma semana.

Serrano tiene un despacho de abogados en Sevilla, especializado en derecho de familia, que abrió tras su inhabilitación como juez y que sigue operando y generando ingresos. Serrano batalló para poder continuar con él, cosa que logró, con el apoyo de PP y Ciudadanos en la comisión del Estatuto del Diputado, a pesar de la oposición de PSOE y Adelante Andalucía. Por tanto, aunque este mes de julio no ejercerá como diputado y en agosto tampoco -es un mes inhábil- el todavía hoy presidente de Vox en Andalucía seguirá cobrando todo su salario, mientras su bufete sigue a pleno rendimiento. Además, ha pedido una cuantiosa indemnización.

Mientras, Vox, después de la amenaza del miércoles su presidente en Andalucía, pasó este jueves a la ofensiva. Así, el mismo Hernández manifestó lo siguiente: “Entre unos comentarios más o menos afortunados de un compañero de partido y las declaraciones que ayer tuvieron lugar en una televisión pública nacional, gracias al PSOE y a sus socios de Podemos, efectuadas por un criminal convicto y confeso -en referencia a la entrevista al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui emitida ayer por TVE- poniendo en una balanza una cosa y otra, evidentemente, me quedo con lo primero”.

Hernández agregó que entre las alusiones también discutibles que se hayan podido hacer respecto de la prostitución por parte de Serrano, el haber empleado "dinero público en pagar servicios de prostitutas -en referencia al caso de la Faffe-, me parece muchos menos escandaloso lo primero que lo segundo”. El presidente del partido, Santiago Abascal, rechazó hacer declaraciones en Madrid sobre el caso Serrano.