Los Ayuntamientos del cambio irrumpieron en 2015. Personas que no venían del mundo de la política dieron el salto al municipalismo para cambiar sus ciudades y demostrar que otra forma de hacer política es posible. Las principales ciudades con alcaldes del cambio han reducido o mantenido la deuda a la vez que han hecho una mayor inversión social y unos gobiernos más transparentes.

El principal logro es la gestión económica: entre 2015 y 2017, años en los que hay datos consolidados por el Banco de España, Madrid ha logrado reducir hasta los 3.423 millones la deuda de 5.636 millones que heredó de Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón (una reducción del 39,26%). Estas cifras aún mejoran según los último datos del consistorio por los que el Ayuntamiento cerró el año 2018 con una deuda de 2.703 millones de euros, lo que significa una reducción de un 54%. En Valencia, Joan Ribó ha reducido la deuda desde que tomó la vara de mando en 184,2 millones, un 25.03% menos. Mientras que Zaragoza en Comú detalla que ha reducido la deuda reducir 126,6 millones de euros y el Ayuntamiento de Barcelona se ha mantenido en 835,5 millones, la misma cifra conseguida al cierre de 2015. Y esto mientras ha habido una clara apuesta por los servicios públicos, la movilidad sostenible o la transición ecológica. 

A pesar de los equilibrios para sacar adelante estas iniciativas, los límites a las competencias locales, las diferencias con los gobiernos autonómicos y central o los conflictos internos ha provocado que los alcaldes del cambio no hayan cumplido todas sus promesa. Parar los desahucios y garantizar la vivienda sigue siendo el principal reto pendiente de todos los ayuntamientos del cambio. También la limpieza de las ciudades. Aún así hay innovaciones que destacan en cada uno de los gobiernos: Madrid Central, el primer dentista municipal en Barcelona, las rentas municipales en Santiago y A Coruña, el bono social eléctrico en Cádiz o las políticas de movilidad en Valencia y de Memoria Histórica en Zaragoza. 

Madrid Central: reducción de la contaminación

Ni caos, ni atascazos, ni falta de abastecimiento. Madrid Central se ha puesto en marcha sin caer en los malos vaticinios de la derecha. Aunque todavía es pronto para hacer grandes balances — entró en vigor el pasado 30 de noviembre — ya ha dado sus primeros frutos. La medida estrella del Ayuntamiento de Manuela Carmena ha conseguido reducir la contaminación durante los últimos meses. Según un análisis de Ecologistas en Acción basado en datos oficiales, la estación de medición de la plaza del Carmen, la única situada en el interior del perímetro de tráfico restringido, ha registrado un descenso del 48% de NO2 (Dióxido de Nitrógeno) con respecto al mismo mes del año anterior.

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho un positivo de estos meses tanto por estos datos como por la reducción de la circulación de vehículos privados en un 24% en la Gran Vía y un 8% en toda el área, mientras que las líneas de la EMT que pasan por el centro han aumentado sus pasajeros un 6,5%. 

Además, una encuesta de la Fundación Pons mostró que el 59% de los madrileños apoya la creación de zonas de tráfico restringido como Madrid Central. Y los planes de la Comunidad, gobernada por el PP, para torpedear Madrid Central han decaído. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha rechazado dos veces las peticiones del Gobierno regional para paralizar el proyecto. 

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un acto de arranque de Madrid Central. EFE/ Emilio Naranjo

Barcelona: primer servicio de dentista municipal

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consiguió una de las grandes victorias de su gobierno tan sólo dos meses antes de estas elecciones: crear un servicio de dentista municipal que ofrezca tratamientos odontológicos a precios hasta un 40% más económicos que los de mercado. Entre otras medidas que ha llevado a cabo el gobierno municipal como el cierre hasta de 3.000 pisos turísticos ilegales, destaca esta propuesta por ser pionera. Además, responde a las necesidades de los vecinos más pobres de la ciudad condal: una Encuesta Nacional de Salud reveló que en Catalunya un 12% de los ciudadanos no pueden permitirse el dentista.

El dentista municipal fue presentado por Colau en enero, después de la buena acogida de otro servicio parecido: un dentista gratis para vecinos con rentas muy bajas. El servicio dependerá de la empresa pública BSM, la misma que gestiona las bicicletas públicas, los aparcamientos o el parque de atracciones. El Consistorio prevé que el dentista público  atienda cada año a 36.000 vecinos.

Pablo Iglesias y Alberto Garzón acompañan a la alcaldesa Ada Colau en el mitin de Barcelona / EFE Alejandro García

Valencia: un vuelco al modelo de ciudad en movilidad

Los principales logros del Gobierno valenciano se han centrado en la movilidad sostenible. Se ha conseguido dar un vuelco importante al modelo de ciudad reduciendo el uso del vehículo privado gracias a haber peatonalizado el centro histórico y sus plazas más importantes y al haber apostado por la implantación de carriles bici y zonas 30 en toda la ciudad.

El gobierno que lidera Joan Ribó ha aumentado la red de carriles bici bidereccionales de 123 kilómetros en diciembre de 2013 a los 156 kilómetros y el uso de la infraestuctura ha crecido un 35%, según los datos del Ayuntamiento. Además, la Empresa Municipal de Transporte (EMT) ha puesto en marcha el Bono Social 'Amb tú' de la EMT que permite viajes ilimitados a personas desocupadas con rentas bajas y a sus familias por 10 euros. También el bono infantil que permite viajar gratis a menores de 11 años.

Otros logros que destacan desde el equipo de Ribó tienen que ver con el desbloqueo de  proyectos paralizados en los años del PP como el aparcamiento subterráneo de la plaza de Brujas (abandonado desde 2011), la línea 10 de tranvía que une Russafa con Natzaret (paralizada desde 2011), que fue reactivada por la Generalitat con la colaboración del Ayuntamiento.

Los alcaldes Joan Ribó (Valencia), Manuela Carmena (Madrid) y Pedro Santisteve (Zaragoza).

Zaragoza: querella crimina por crímenes del franquismo

La recuperación de la Memoria Histórica ha sido una de las políticas en las que más ha avanzado el gobierno de Pedro Santisteve. El Ayuntamiento de Zaragoza ha tomado varias medidas encaminadas a conmemorar a los represaliados del franquismo durante esta legislatura. La más destacada ha sido la apertura de una oficina para recabar testimonios de víctimas del franquismo y la querella contra los crímenes de la dictadura. Este mes de enero Santisteve cumplió con su promesa de 2016 y el Ayuntamiento de Zaragoza y 33 familias de víctimas de la represión franquista han llevado a lo juzgados una querella criminal para iniciar una investigación por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura en la ciudad. Los acusados en la querella son siete policías sospechosos de haber participado en torturas sistemáticas Los acusados en la querella son siete presuntos torturadores y 18 altos cargos del franquismo. 

Cumpliendo con la Ley de Memoria Histórica, el consistorio también ha retirado dos escudos con simbología franquista del puente de Santiago: llevaban la leyenda ``Una, grande, libre”; el águila de San Juan, el yugo y las flechas, y el escudo de Navarra con la cruz laureada de San Fernando concedida por Franco. Además, se ha abierto la primera Casa de la Memoria Histórica de la región. 

Cádiz: energía 100% renovable y bono social eléctrico

Cádiz ha conseguido impulsar el uso de la electricidad 100% renovable con la comercializadora Eléctrica de Cádiz, una empresa semipública cuyo socio mayoritario es el propio Ayuntamiento. Cuando José María González, 'Kichi', comenzó a gobernar impulsó una Mesa de la Transición Energética una Mesa contra la Pobreza Energética, espacios de participación ciudadana que han impulsado iniciativas como el primer bono social eléctrico o han puesto sobre la mesa datos como el alto "analfabetismo eléctrico". 

Desde el pasado enero de 2017 la energía que vende la Eléctrica de Cádiz está certificada como 100% renovable lo que les convierte. Esto, según los datos de la comercializadora, evita la emisión de 58.500 toneladas de CO2 y la generación de 93.000 miligramos de residuos radioactivos.

Desde la comercializadora también se han llevado a cabo 110 talleres de recibo eléctrico y ahorro energético doméstico, además de 177 asesoramientos en vivienda, 780 contratos mejorados a familias vulnerables y más de 100 cambios de titularidad. Se estima que el ahorro total para las familias está entre los 50.000 y 100.000 euros al año como mínimo. Además, según los datos del Ayuntamiento se han instalado más de 400 placas fotovoltaicas en dos años que evitan cada año la emisión del CO2 equivalente al que absorberían 4.286 árboles.

El alcalde de Cádiz, el 'Kichi' / EFE

A Coruña y Santiago: la renta social municipal

A Coruña y Santiago han sido los ayuntamientos pioneros en impulsar una renta social municipal para ofrecer prestaciones de carácter temporal a personas en situación de vulnerabilidad. Una iniciativa que todavía tiene que asentarse pero que se puso en marcha en 2017. En ambas ciudades, las ayudas, a partir de los 532 euros mensuales, son ampliables en función de los miembros de la unidad familiar. La medida pretende cubrir las necesidades básicas de los más vulnerables, incluyendo a los endeudadas por los gastos de luz y gas. Aunque el alcance todavía no ha sido esperado; según los datos del Ayuntamiento de A Coruña, el pasado diciembre se había dado esta ayuda a unas 200 familias. 

Martiño Noriega (Compostela Aberta), Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) y Jorge Suárez (Ferrol en Común). / EFE

Las rentas de garantía básica también incluyen incluye  ayudas para prótesis oculares o auditivas por problemas sanitarios diagnosticados por facultativos del sistema público y contempla la prestación para el fomento del derecho a la educación para estudios de postgrado obligatorios (cubrirás gastos de manutención y transporte) y prestaciones para salud bucodental.