La mafia de la noche en PalmaLos sicarios de Cursach vuelven a la carga: intentan quemar la cara a otro testigo al acercarse la vista oral

Habría sido el segundo testigo del caso Cursach con graves quemaduras en la cara a causa de un ataque intimidatorio de sicarios de la trama que pronto se sentará en el banquillo acusada de formar una organización criminal para cometer coacciones, cohechos y prevaricación continuada. Pero esta vez los mafiosos fallaron en su intento de abrasar el rostro del denunciante, que corrió escaleras abajo de su garaje, y el líquido se derramó en su abdomen causándole heridas graves.

El testigo, quien trabajó como subdirector de la discoteca Megapark del Grupo Cursach, tuvo que recibir asistencia médica de urgencia en el hospital de Son Espases –donde le diagnosticaron quemaduras de segundo grado– pero no se arredró y después compareció ante el Juzgado de Instrucción Nº4 de Palma, en funciones de guardia, para denunciar el ataque mafioso y ratificarse en su testimonio de hace dos años sobre las graves irregularidades que había presenciado en el citado centro de ocio nocturno de la capital balear.

Tras ser atacado, el testigo declara que rechazó un soborno  de Cursach a cambio de retractarse y acusar a juez y fiscal

Más aún, y pese al doloroso ataque intimidatorio sufrido en la madrugada del pasado jueves, en su nueva denuncia judicial –a la que Público ha tenido acceso– el exempleado de Cursach quiso agregar más datos a su denuncia original de corrupción, revelando que también intentaron sobornarle para que retirase su declaración y alegase que había sido inducida por las presiones de la Policía, el juez y el fiscal de la causa.

El hombre –que no goza del estatus de testigo protegido, pero al que no identificaremos–, de 42 años y de origen eslovaco, ha narrado en detalle cómo otro de los empleados de Cursach –Toni Espigares, según su nuevo testimonio ante el juez– se citó con él unos días después de su declaración original (de 1 de abril de 2018, ante un inspector del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional) para proponerle el trato, tal como expone la copia de su denuncia que aquí reproducimos:

Oferta de 300.000 euros para marcharse de España

"Espigares le propuso, de parte de Bartolomé Cursach Hernández, que si no iba al juzgado a ratificar la denuncia policial le darían 300.000€, siempre y cuando se fuera de España y compareciera en el Juzgado de Guardia para denunciar que había declarado en Policía por presiones de la Policía, del Juez y del Fiscal.

El declarante no aceptó la propuesta de Espigares y ratificó la denuncia en el Juzgado. A raíz de ello ha sufrido amenazas y agresiones de Cursach. Le asaltaron en el garaje de su casa dándole un puñetazo en la cara. Le llaman por teléfono a horas intempestivas y luego cuelgan. Vehículos que constantemente pasan por debajo de su casa o que con el conductor a bordo estacionan frente a su vivienda pasando toda la mañana, tarde o noche. Que por ese motivo tiene miedo no sólo por él mismo sino también por su madre con quien convive.

Que realmente quien le presionó no fueron ni los policías ni el juez ni el fiscal, sino Bartolomé Cursach (hijo) a través de Toni Espigares".

Cursach y 23 cómplices, incluidos policías, irán a juicio

Además, el antiguo subdirector de Megapark hizo una síntesis de lo que ya declaró en su día y que se dispone a ratificar cuando se señale fecha para la vista, tras el auto de apertura de juicio oral que dictó el juez Enrique Morell el pasado 17 de febrero, imputando "un delito de grupo criminal" a Bartolomé Tolo Cursach y a su lugarteniente, Tolo Sbert.

El magistrado también ha enviado al banquillo a 22 presuntos cómplices de esa trama mafiosa, incluidos varios directivos del Grupo Cursach y numerosos policías locales, encabezados por el actual Adjunto a la Prefectura de Palma, Juan Miguel Mut García, como se puede ver en la página 2 de dicho auto judicial que obra en poder de Público y que reproducimos.

La nueva denuncia que ha presentado, ante el Juzgado Nº4 de Palma, el testigo ahora atacado continúa así:

Alcohol, drogas y sexo gratis para policías locales, políticos y funcionarios municipales en Megapark y Tito's

Quiere denunciar igualmente que mientras el declarante ha trabajado para Cursach ha presenciado cómo en Megapark se dispensaba un trato de favor a Policías Locales, políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Palma que tenían acceso de manera gratuita a alcohol, drogas y servicios sexuales que tenían lugar en unos "reservados" de la última planta del establecimiento.

Que sabe que en la discoteca Tito's ocurría lo mismo que en Megapark, de tal manera que los grupos a que se ha referido en el párrafo anterior (policías, etc.) recibían los mismos "regalos" en la zona VIP de la discoteca, consumiendo droga y sexo, gratuitamente, en una habitación con forma de despacho que se encontraba en la citada zona VIP.

Este testimonio coincide en todos sus puntos con las imputaciones de los fiscales recogidas en el auto de acusación que el juez ha empleado para dictar procesamiento abreviado y juicio oral ante la Audiencia Provincial de Palma. También han sido ratificadas por otros denunciantes exempleados del Grupo Cursach, como el Testigo Protegido nº 29, al que sicarios de la mafia nocturna de Palma agredieron en varias ocasiones –rompiéndole una costilla y quemándole la mejilla con un hierro candente– hasta que huyó de España y se refugió en Suiza.

Próximo juicio por el acoso al Testigo Protegido 29

Ese Testigo 29 también ha mantenido y reiterado sus denuncias a pesar del acoso continuo de los sicarios, de abogados y directivos del Grupo Cursach, y hasta de medios de comunicación afines, hechos por los que esos letrados, un ejecutivo y la editora del diario Última Hora tendrán que sentarse próximamente en el banquillo por los delitos de revelación de secretos, calumnias y obstrucción a la Justicia. La jueza también les ha impuesto fianzas por un total de 34.000 euros.

Todo indica que esos denunciantes llegarán a juicio para declarar en la macro-causa de la trama mafiosa de Cursach sin que se haya concluido en España la transposición legal de la nueva directiva europea que dispone la obligación de todos los países miembros de la UE –a partir del pasado 17 de diciembre– de proporcionar la adecuada protección personal y seguridad legal a todos los alertadores de corrupción o whistleblowers.