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Magdalena Álvarez trata de desmontar su acusación en los ERE con un “manual básico” de Hacienda Pública

La exconsejera, responsable de diez años de Presupuestos andaluces, y exministra de Zapatero niega que conociera “ni que tuviera que conocer” el procedimiento de ayudas, y asegura que “nunca” recibió “reparos” de la Intervención. Álvarez tuvo que dimitir como vicepresidenta del BEI tras ser acusada de prevaricación

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La exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez contesta a las preguntas de la fiscalía en la sala del juicio de la pieza política de los ERE en la Audiencia de Sevilla. EFE/Raúl Caro

Magdalena Álvarez ha levantado este lunes un muro de piedra, con argamasa de datos y precisiones técnicas, para defenderse de las acusaciones de prevaricación que le imputan en el juicio de la pieza política de los ERE. Su testimonio de casi tres horas de preguntas de la Fiscalía Anticorrupción podría resumirse, tanto en el contenido como en la forma, con esta frase: Ustedes no tienen ni pajolera idea de cómo funciona la Hacienda Pública ni cómo se elabora un Presupuesto, de lo contrario no me estarían haciendo esas preguntas y mucho menos me habrían acusado.

El juicio de los ERE se está convirtiendo en una partida de pimpón entre quienes fueron los responsables de Empleo, que autorizaban y otorgaban las ayudas sociolaborales bajo sospecha, y los responsables de Hacienda, que diseñaron el sistema que agilizaba los pagos: la figura de las transferencias de financiación. Este método consistía en desviar el abono de las ayudas desde la Consejería de Empleo hasta una entidad pública (el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA/IDEA), lo cual permitía acelerar la concesión de las subvenciones porque, según las acusaciones, se eludían los controles previos y la fiscalización que hubieran regido de haberse regulado el pago vía órdenes y decretos. Esa fórmula es la que posibilitó el fraude, según la Fiscalía, y quien introdujo la fórmula de las transferencias de financiación, en 2003, fue la ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que se sienta en primera fila del banquillo de los acusados, junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Álvarez, con rostro serio, no ha dejado de tomar notas con un bolígrafo desde que arrancó el juicio, en el que ya han declarado el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, el ex viceconsejero Agustín Barberá, y el ex director general de Trabajo y principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero. La ex ministra se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, una acusación que ya le costó su puesto como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), del que tuvo que dimitir en junio de 2014.

Durante la larga instrucción de los ERE, Álvarez ha declarado dos veces, la primera ante la jueza que inició la causa, Mercedes Alaya, que en su día la señaló como “promotora” del fraude que se prolongó durante diez años, y le impuso una fianza civil de 29,5 millones de euros. Luego la Audiencia de Sevilla anuló la multa al entender que no era exigible.

La Fiscalía y las acusaciones consideran que las transferencias de financiación eran un procedimiento “inadecuado”, cuando no ilegal, para otorgar subvenciones, porque está pensado “para financiar operaciones genéricas de empresas públicas”. La mayoría de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo, acusados de prevaricación y de malversación de fondos, defienden la legalidad del mismo, y en las últimas semanas han puesto más énfasis al describir que dicho procedimiento es similar al que usaba el propio Gobierno de España a partir de una orden ministerial de 1995.

Magdalena Álvarez, titular de Hacienda de la Junta de Andalucía durante una década (1994-2004), lo ha explicado así este lunes ante el tribunal de los ERE, durante las casi tres horas que ha durado el interrogatorio del fiscal, al que ha explicado que su decisión fue “trasponer” la legislación estatal a la autonómica. Ella habilitó la fórmula de pagos, pero ésta quedó en manos de los responsables de Empleo, ha dicho, sin tener conocimiento de si las ayudas “fueron indebidamente ejecutadas”. Además, la ex consejera ha puesto mucho énfasis en explicar al tribunal que “en diez años nunca le llegó ningún reparo, ningún informe de la Inspección General de la Junta” alertándole de un menoscabo de fondos. “Tampoco me tenía que llegar a mí”, advirtió, para dejar claro que era la consejería afectada y la Intervención delegada quienes abordaban dichos reparos. Cuando no se ponían de acuerdo, se elevaba a la Intervención General y si seguía sin haber acuerdo, se elevaba de nuevo al Consejo de Gobierno. “En los diez años que fui consejera no llegó ningún reparo al Consejo de Gobierno y por tanto tampoco a la Consejería de Economía”, dijo, para finalmente sentenciar: “Es un error considerar que la Consejería de Hacienda lo controla todo, lo controla todo la Intervención General de la Junta”, señala.

Los expresidentes del Gobierno andaluz, Manuel Chavez (i) y José Antonio Griñán (2i), el exvicepresidente, Gaspar Zarrías (2d), y el exconsejero de Empleo, José Antonio Viera (d), durante el juicio de la pieza política de los ERE. EFE/ Raul Caro Cadenas

La ex ministra llevaba meses preparándose para este interrogatorio, pero en el arranque se le ha visto visiblemente nerviosa, y a ratos ha perdido la paciencia con el fiscal y con el juez. “Ya le he respondido a eso que no. Que no”, ha dicho varias veces, molesta porque sus interlocutores no la entendían. Álvarez se ha subido a la tribuna con varias carpetas con documentación y ha intentado desmontar su acusación con un relato muy técnico, tratando de explicar que todas sus decisiones siguieron los pasos de un proceso administrativo ya reglado, que también ha seguido el Gobierno de España. El diálogo entre la imputada y el fiscal parecía, a ratos, el de una profesora frustrada porque su alumno no termina de comprender la lección de economía, devolviéndole preguntas que denotan que “usted no conoce los procedimientos administrativos para la aprobación y desarrollo de un presupuesto”, dijo.

“Antes partía que doblá”

Álvarez no se ha achantado ante el fiscal, como tampoco lo hizo cuando fue interrogada en 2013 por la jueza Alaya, mucho más dura con ella, unas declaraciones que hoy no ha ratificado porque “no recogen con fidelidad” lo que dijo entonces ni “muchas cosas” de las que declaró. Haciendo acopio de aquella consigna que usara contra la oposición del PP en el Congreso siendo ministra de Zapatero -“antes partía que doblá”-, la acusada ha ofrecido al tribunal de los ERE una especie de “manual básico de cómo hacer un presupuesto”, para tratar de explicar que “nunca he conocido nada en relación a la ejecución presupuestaria. Nada que sea ejecución entra dentro de mis competencias”.

La exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez EN el juicio de la pieza política de los ERE. EFE/Raúl Caro

La mayoría de preguntas que el fiscal le ha hecho a la ex consejera, ella las ha desviado o bien hacia la Consejería de Empleo, que era quien autorizaba la concesión de ayudas y ejecutaba el pago, bien hacia la Intervención General, responsable de la fiscalización previa del dinero. “Nunca me he reunido con el interventor general para hablar de temas de trabajo”, ha dicho. En su interrogatorio, el Ministerio Público ha buscado el origen del fraude en el diseño del Presupuesto andaluz, responsabilidad de Álvarez, y de las transferencias de financiación.

Ella ha desgranado paso por paso en qué consiste su trabajo al elaborar las cuentas y hasta dónde llegan sus atribuciones: Desde la presentación de la “envolvente financiera”, esto es, el diseño de los recursos de la Junta para ejecutar sus políticas; el estado de gastos e ingresos, el texto articulado del Presupuesto (“la normativa a aplicar dentro de un abanico”); y la documentación anexa, que serían “las tripas” de las cuentas andaluzas. Cada consejería decide el gasto en su departamento y desarrolla sus políticas en base a ellos. En este apartado, la ex consejera de Hacienda “no puede conocer al dedillo” lo que hacen otros, insistió. “Yo jamás he hablado con el viceconsejero o con el secretario general de Hacienda de la partida 31L de Empleo (el llamado fondo de reptiles), nunca he llegado a ese nivel de detalle”, reiteró.

Uno de los momentos más tensos entre el fiscal y la acusada ha girado en torno al convenio de la Consejería de Empleo, de 2001, que permitió a esta consejería derivar el pago de las ayudas a empresas en crisis a una empresa pública (IFA/IDEA) a través de las transferencias de financiación. Tanto la jueza Alaya como el Ministerio Público ven ahí el epicentro del fraude, pero Álvarez descarta que éste pudiera deberse al convenio en sí mismo. “Ahora parece que ese convenio es el centro de todo, pero en la Administración pública hay cientos de convenios. Es lo más natural del mundo, no se enciende un piloto rojo porque se apruebe un convenio marco”, explicó. La ex consejera asegura que el uso de dicho convenio dependía de Empleo, que ella sabía de su existencia, pero no de su contenido. “No sé nada del procedimiento interno de ninguna consejería, no sabía que las ayudas las daba el director general de Empleo y no el consejero. Lo que hubo o dejó de haber ahí, yo no lo sé, porque mi labor terminaba en la fase prelegislativa”, advirtió.

Los expresidentes del Gobierno andaluz, Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán (d), toman notas durante el juicio de la pieza política de los ERE. EFE/ Raul Caro Cadenas

La sesión de este lunes del juicio de los ERE vuelve a dejar buenas sensaciones en el banquillo de los acusados que, poco a poco, sienten que los fiscales pinchan en hueso cada vez que tratan de reconstruir el relato de una macro conspiración criminal para delinquir diseñada por la cúpula del Gobierno andaluz, que en su día dibujó Alaya. La ex ministra ha reiterado lo mismo que el ex viceconsejero Agustín Barberá, más explícito incluso al explicar que incluso el Parlamento -y por tanto toda la oposición- conocían la partida presupuestaria que ahora está bajo sospecha, y del que pudo salir un fraude de 742 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.

Álvarez ha querido dejar claro que si hubo irregularidades no estaban ni escritas ni motivadas por la Ley de Presupuestos, ni por el procedimiento de concesión de las ayudas, ni por el sistema de pagos, porque todo estaba convenientemente fiscalizado, y nunca hubo aviso de delito alguno. “Había un procedimiento reglado y había obligación de fiscalizar. Si hubo en ese trámite algo irregular o no, yo no lo sé. Imagino que es lo que ustedes están investigando”, sentenció.

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