Los cambios en el Código Penal con el delito de sedición a la cabeza se han convertido en la pieza angular de la compleja negociación entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno español para la desjudicialización del conflicto entre Catalunya y el Estado. Una negociación aún más complicada después de que el PP haya puesto como excusa este asunto para desdecirse in extremis del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, generando una profunda crisis de Estado.

Pero a pesar de todo el embrollo y la alta tensión política, cabe la expectativa de que la negociación de la mesa de diálogo continúe con dos posiciones de inicio sobre la sedición: derogación por parte del Govern de Esquerra, rebaja de penas por parte del Gobierno del PSOE y UP. El punto de encuentro, según fuentes de la negociación, podría estar en una rebaja de penas pero acompañada de un nuevo redactado que suponga una "derogación de facto" del delito de sedición en los términos que se aplicó a los dirigentes independentistas catalanes juzgados por el Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O. Esto sería así en el caso que a partir de ahora la sedición implicara una violencia explícita y de gran calado, cosa que no se produjo en 2017. En el juicio, el Tribunal Supremo se aprovechó de determinadas ambigüedades de la actual legislación para aplicarlo, cosa que ahora se querría evitar.

Que se llegue o no a este punto de acuerdo no es menor, ya que no hay que olvidar que las herméticas conversaciones de la mesa de diálogo van mucho más allá de la desjudicialización, porque –aunque como piezas separadas– influyen y mucho en el futuro de los presupuestos generales, los presupuestos de la Generalitat e incluso las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona. Y quién sabe si en la viabilidad de una futura investidura de Pedro Sánchez para revalidar el cargo presidencial con los votos de ERC.

Las incógnitas de la negociación

En este escenario surgen las dos preguntas centrales: ¿continuará la negociación entre el Govern de Pere Aragonès y el Gobierno de Pedro Sánchez en el tema de la sedición después del enfrentamiento entre el PP y el PSOE por el CGPJ? Y, ¿hay posibilidades de acuerdo en esta delicada materia? La respuesta que dan los principales implicados en la negociación es ambigua, pero la conclusión sería que hay voluntad política para continuar, pero es grande el peligro de colapso por las fuertes presiones que recibe Pedro Sánchez desde la oposición y dentro del propio PSOE. Y el acuerdo es posible, pero no se podrá dar por hecho hasta que se firme por las dos partes porque depende de hasta la última coma del redactado.

Lo que ha trascendido de la negociación para la desjudicialización del conflicto en la mesa de diálogo se ha centrado en el delito de sedición y sobre todo en las penas a aplicar. Pero la negociación va más allá, e incluye otros parámetros en la reforma del Código Penal que exige ERC. "Se está trabajando con la desjudicialización y esto no hace referencia a un solo delito sino a varios aspectos", resumió esta semana la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. El delito de malversación también podría ser retocado, ya que, con la reforma del PP, no se limita a apropiación de dinero público para lucro personal, sino en gastos indebidos, como se interpreta que fueron los costes del referéndum del 1-O.

Derogación y subasta de penas

En el caso concreto de la sedición, fuentes de la dirección de Esquerra aseguran: "Vamos a por todas con la derogación". Mientras, el Gobierno español estaría más en la línea de rebajar las penas, aproximadamente a la mitad, que actualmente llega hasta los quince años de cárcel. Respecto a estas posiciones encontradas, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, máxima negociadora del Govern, aseguraba recientemente en una entrevista en Público: "El Gobierno español ya sabe lo que debe hacer con la sedición, no tiene sentido semejante delito". Y añadía: "No puedo ni quiero entrar en una subasta de qué tipos ni de los años de cárcel". Y es que si se mantiene un delito de sedición como tal en el Código Penal va a tener mucho peso la arquitectura jurídica en la nueva redacción que se pueda acordar. El objetivo sería que ese nuevo delito de sedición sea inaplicable en un escenario como el que ocurrió el 2017 con el referéndum del 1 de Octubre porque la exigencia de violencia sea explícita.

Según fuentes del Govern, el trabajo técnico-jurídico se centraría en evitar las ambigüedades, ya que en las filas independentistas hay una gran desconfianza hacia las interpretaciones de la legislación que hace la Justicia española. "En el juicio del Supremo vimos cómo se retorcía el concepto de violencia y se aplicaba a actuaciones que claramente nada tenían de violentas", asegura un dirigente de los republicanos que aboga por la derogación como garantía para evitar las interpretaciones judiciales. Pero, por su parte, el Gobierno español mantiene el rechazo a la derogación por el coste político que le podría suponer al PSOE. Sin embargo, también esgrime la necesidad de no dejar desprotegido al Estado frente algún tipo de sublevación, pensando en este caso en intentos de golpe de Estado, pero también si un levantamiento independentista fuera armado, cosa que no se da en Catalunya. En este sentido, el delito de sedición podría explicitar la utilización de armas para ser aplicado y evitar la ambigüedad actual.

El actual delito de sedición

En España, el delito de sedición está recogido en los artículos del 544 al 549 del Código Penal y se considera un delito contra el orden público. La sedición se atribuye a aquellas personas que "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público".

De acuerdo con la sentencia del Supremo, eso es lo que hicieron los políticos y líderes civiles catalanes que organizaron el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, y por ese motivo fueron condenados nueve de ellos a cerca de cien años en total, con la máxima pena de 13 años al presidente de ERC, Oriol Junqueras. Pero muchas voces del mundo judicial alertan de que este delito podría ser aplicable en según qué interpretación a protestas diversas como los desahucios, donde se impide la ejecución de la orden de un juez por parte de una comitiva judicial y habitualmente con presencia policial.

El Código Penal prevé entre 10 y 15 años de prisión y la inhabilitación absoluta para personas que formen parte de la autoridad de un país, como pueden ser los políticos independentistas catalanes. Sin embargo, este delito también se puede aplicar a cualquier ciudadano que participe en la provocación y conspiración contra el orden público. En este caso, las penas que se contemplan son de entre cuatro y ocho años de prisión.

Desfase con los principales países europeos

En los países europeos existen ciertas diferencias, ya que de manera generalizada no existe un delito equivalente. Sí que existen delitos relacionados con la resistencia a la autoridad, pero en todos ellos se requiere la presencia de violencia explícita. En Italia, este tipo de delitos se castigan con penas de entre seis meses y cinco años de cárcel. En Alemania, los delitos de alteración contra el orden público con uso de violencia son castigados con tres años de cárcel o multa. En Suiza, los delitos contra el Estado o la Constitución son de menos de un año. Pero hay que recordar que la Justicia alemana ya equiparó –durante la detención y la vista para la extradición del expresident Carles Puigdemont– los hechos del 1-O a las protestas ecologistas contra la construcción de un aeropuerto alemán. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admite que hace falta la reforma del delito de sedición para su homologación en el entorno jurídico europeo, ya que en la actualidad está claramente desfasado en el Estado español.

El Govern mantiene que las indicaciones de los organismos internacionales como el Consejo de Europa son claras al respecto cuando ha expresado que la defensa de la independencia está salvaguardada "por la libertad de expresión" y ha indicado "la necesidad de que el Estado español reforme los delitos de rebelión y sedición para que no puedan utilizarse para ir en contra de las convocatoria de referendos, por mucho que éstos no se hagan de acuerdo con las autoridades españolas", según el ponente letón Boriss Cilevics. Según Vilagrà: "El Gobierno español sabe muy bien qué debe hacer, que es ubicarse en los estándares europeos y seguro que será así".

La continuidad de las negociaciones

Respecto al posible parón de las negociaciones de la mesa de diálogo por el conflicto entre el PP y el PSOE, en el Govern se muestran contundentes: "El compromiso y el calendario es claro, este tema debe estar resuelto antes de que finalice el año actual". Por su parte, en Esquerra se muestran muy molestos por las filtraciones y declaraciones públicas de dirigentes del PSOE sobre este tema, que consideran debe ser tratado con "máxima prudencia y discreción" hasta llegar al acuerdo, según un miembro de la Ejecutiva Nacional del partido. En Esquerra confían que Pedro Sánchez no cederá al "chantaje" del PP y no se amilanará para cerrar definitivamente un acuerdo que "estábamos trabajando a buen ritmo, aunque no se puede dar por hecho nunca hasta el final porque depende de hasta la última coma".

Respecto al órdago del PP bloqueando nuevamente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado al PP de utilizar Catalunya "como excusa para no avanzar en derechos". "Que ellos nos utilicen como excusa es su problema. Nosotros estamos comprometidos con un proceso de negociación que avance hacia la desjudicialización y hacia el derecho de Catalunya a decidir libremente su futuro", ha remarcado.