Arnaldo Otegi dará batalla en los tribunales. Lo hará a través de Iñigo Iruin, un reconocido abogado vasco que ya ha defendido a dirigentes de la izquierda abertzale en otros procesos y que ahora buscará poner freno a las aspiraciones del Tribunal Supremo de volver a sentar en el banquillo a los cinco independentistas –entre ellos Otegi– que ya fueron condenados por el caso Bateragune. 

Iruin ha comparecido este lunes en Donostia junto a Otegi y el resto de acusados en este caso. Todos ellos fueron condenados a penas de prisión bajo la acusación de buscar la reestructuración de Batasuna, algo que coincidió con el proceso de cambio de estrategia de la izquierda abertzale para favorecer el final de ETA. La causa acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que condenó a España por no haber ofrecido un juicio justo a los imputados. El Supremo anuló posteriormente las condenas, pero ahora, a petición de Vox, busca repetir el juicio. 

Tras las muestras de solidaridad registradas el fin de semana en distintas localidades vascas, EH Bildu ha convocado este lunes a los medios para dar cuenta del recorrido judicial que discurrirá junto a las protestas por la inesperada decisión del TS. "El jurista, no como el político, necesita reposo, analizar las cosas tranquilamente", avanzó.

En una detallada exposición, Iruin remarcó que "las sentencias de Estrasburgo son de obligado cumplimiento y son vinculantes", por lo que en este caso "está en cuestión como se ejecutan esas sentencias en el Estado español". En esa línea, destacó que la propia sentencia del TEDH indicó que sólo podría repetirse el juicio si así lo solicitaban los demandantes (Otegi y los otros cuatro condenados por Bateragune), algo que "no ha ocurrido".

Destacó además que "no existe norma legal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita la celebración de un nuevo juicio", algo que, según remarcó Iruin, "lo dijo el propio Supremo en una sentencia firmada también por Manuel Marchena", presidente de dicho tribunal. Se refería en concreto a una sentencia de 2017 suscrita por este magistrado, en la que se estableció que "esa posibilidad no aparece prevista en el ordenamiento procesal". Iruin alegó además que la repetición del juicio "supondría una lesión al derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho".

El abogado advirtió que el Supremo adoptó la resolución de repetir el juicio "con una concreta escenificación" –en el marco de un pleno– "porque sabe que Bateragune va a volver a Europa y va a ser nuevamente examinado en Estrasburgo", frente a lo cual "hay que dar imagen de bloque, sin fisuras". Criticó también la "escasa calidad jurídica" de la sentencia de siete páginas dictada por el tribunal, algo que a su criterio "es la lógica consecuencia de la dificultad de sostener con argumento jurídicos sólidos una decisión indefendible".

"No existe norma que permita la repetición de un juicio", subrayó Iruin, quien destacó que el Tribunal Supremo busca mediante la repetición del juicio contar con una "justificación" de la condena contra Otegi y sus compañeros, de manera que "sirva al Estado de excusa de esos seis años y medio pasados en prisión". "Eso hay que justificarlo con una nueva sentencia condenatoria. El TS está indicando el camino a seguir, lo cual es una nueva muestra de su parcialidad", indicó. Sostuvo además que se pretende "evitar la responsabilidad patrimonial del Estado" en este caso, algo que se encuentra actualmente en trámite.

Al TC y al Consejo de Europa

Frente a ello, Iruin prepara una "respuesta doble". Por un lado, formulará una "interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC)" por "vulneración a la tutela judicial efectiva", para lo cual tiene plazo hasta el 4 de febrero. "No tengo ninguna duda de que va a ser admitido a trámite, porque tiene especial trascendencia constitucional: vamos a plantear una faceta sobre la que hasta el momento actual nunca se ha pronunciado el TC", apuntó.

Una vez admitida a trámite, el abogado solicitará la suspensión de la ejecución de la sentencia del Supremo y la "no celebración del juicio oral hasta que se resuelva el amparo". En caso de que el TC rechazara la admisión a trámite, iría directamente a Estrasburgo. 

De forma paralela, presentará un recurso ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano encargado de la supervisión de la ejecución de las sentencias del TEDH. Allí se podría "iniciar un procedimiento por incumplimiento de sentencia contra España", aunque para ello sería necesario contar con el apoyo de dos tercios de sus componentes.  

"El Supremo ha llevado el proceso de Bateragune a una situación sin salida", afirmó Iruin. En esa línea, anunció que habrá batalla legal. "La pelea jurídica va a ser larga, pero la afrontamos con absoluta convicción", remarcó.