Marruecos suma otro feo a Sánchez y retrasa la prometida cumbre bilateral del 2022

El pasado 7 de abril, España y Marruecos firmaron una declaración conjunta tras la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI en Rabat. Aquel documento suponía la escenificación de una "nueva etapa" en las relaciones entre ambos países tras meses de crisis. El Ejecutivo decidió reconocer la autonomía propuesta por el reino alauí para el Sáhara Occidental para desencallar el conflicto bilateral. Más de seis meses después los avances concretos son limitados y ya se sabe que no será en 2022 cuando se celebre la esperada cumbre bilateral. 

El texto aprobado en Rabat deja claro que el objetivo de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos no se ha cumplido. "La visita a Marruecos del Presidente del Gobierno español constituye una importante ocasión para consolidar esta hoja de ruta y definir las prioridades de la próxima Reunión de Alto Nivel (RAN), que deberá celebrarse antes de que finalice el presente año", destaca el texto conjunto. 

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, declaró hace unas semanas en Nueva York tras reunirse con su homólogo marroquí, Naser Burita, la intención de que la RAN se celebrase en el mes de noviembre. Pero este martes el ministro del país vecino aplazó la cumbre en el calendario. Será, según sus palabras, "a principios de 2023".

En el Gobierno de Sánchez no le dan demasiada relevancia a este retraso e indican que "lo importante es que se vaya a celebrar", según declaró públicamente el propio Albares este miércoles. "Lo importante es que esa reunión, que no se celebra desde 2015, se va a celebrar y marcará un nuevo hito en nuestra amistad", dijo el ministro, que achacó el retraso a cuestiones de agenda porque se tienen que movilizar muchos ministros. 

Precisamente una cumbre bilateral similar, prevista para diciembre de 2020, fue de alguna manera el comienzo "oficial" de la crisis que ahora trata de superar el Gobierno de Sánchez. En plena pandemia, estaba prevista la celebración de la cumbre. La versión oficial del aplazamiento fue la crisis sanitaria.

Pero en el fondo del asunto se encontraba también la incomodidad marroquí con algunas declaraciones de integrantes de UP en el Gobierno, como el exvicepresidente Pablo Iglesias. La cumbre se aplazó definitivamente tras conocerse la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. 

Las aduanas en Ceuta y Melilla

Burita sí aseguró que cumplirían todos los compromisos adquiridos en la declaración conjunta, algo que resaltan desde Exteriores. Tampoco tienen fecha todavía las esperadas aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. Albares afirmó que se esperaba lograr el objetivo durante el mes de enero. 

Precisamente las ciudades autónomas han sido protagonistas durante los últimos días tanto en Marruecos como en España. El país vecino reiteró, en un escrito enviado a la ONU, su reivindicación y concepción histórica de ambos territorios, que define como "presidios ocupados". Un portavoz del Gobierno marroquí se afanó en matizar, en declaraciones a la agencia EFE, esa postura al asegurar que sí existen "fronteras terrestres" entre ambos países. 

"La plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo", destaca la declaración conjunta, sin mencionar de manera explícita a las ciudades españolas. En Moncloa consideran no obstante que es un reconocimiento explícito a la españolidad de ambos territorios. 

Pero es la segunda vez desde la declaración conjunta que Marruecos tiene que rectificar unas declaraciones sobre Ceuta y Melilla. En el mes de junio un cargo del Gobierno marroquí afirmaba que no habría aduanas, algo que fue rectificado poco después por el revuelo causado. 

Entre los puntos consensuados en el mes de abril también se incluyeron cuestiones polémicas como las aguas territoriales. El texto conjunto establecía que "se reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos". Lo que se conoce por el momento son reuniones técnicas que se celebraron en Canarias el pasado mes de junio sin que nada más trascendiera salvo las preocupaciones de algunos partidos políticos insulares. 

Aparte de algunos aspectos teóricos, como la confianza mutua, varios aspectos de la declaración en materia de cooperación en diferentes ámbitos se deben conocer precisamente, según la declaración conjunta, en la esperada RAN. "Los informes de actividad de las reuniones y Grupos de Trabajo establecidos o reactivados se presentarán a la Reunión de Alto Nivel", señala el texto. Otro punto del que no se conocen avances es la "actualización" del Tratado de Buena

Vecindad, Amistad y Cooperación de 1991.  

¿Qué se ha logrado?

Sin cumbre a la vista este año, los avances concretos se limitan especialmente a a la "cooperación migratoria", la reapertura de fronteras en Ceuta y Melilla hecha efectiva el pasado mes de mayo, la reanudación de la Operación Paso del Estrecho el pasado verano o el aumento de relaciones comerciales. Así lo enumeró el propio Albares la semana pasada en una respuesta en el Congreso al PP, que le cuestionaba por las relaciones con Argelia, congeladas desde el cambio de posición de Sánchez sobre el Sáhara. 

En materia migratoria, esta cooperación se ha concretado esta semana con una nueva ayuda directa a Marruecos, de 30 millones de euros. El Consejo de Ministros aprobó este miércoles la subvención que, entre otros asuntos, está destinada a reforzar la vigilancia de las fronteras en Ceuta y Melilla. Albares y el Gobierno han sacado pecho en los últimos meses de que la llegada de personas en las rutas migratorias procedentes de Marruecos estaban descendiendo en esta "nueva etapa" entre ambos países. 

La ayuda se conoció pocos días después de que el Defensor del Pueblo emitiera un informe sobre la tragedia humanitaria ocurrida en la valla de Melilla en el mes de junio, con decenas de personas muertas. El organismo que preside el socialista Ángel Gabilondo considera que el Ministerio del Interior vulneró la legalidad en aquel momento.